Art\u00edculo inicial redactado por La Coperacha<\/p>\n
En 2016, la defensora ind\u00edgena hondure\u00f1a Berta C\u00e1ceres fue asesinada en su domicilio tras haber sufrido amenazas durante varios a\u00f1os debido a su compromiso ecologista.<\/p>\n
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) present\u00f3 en Tegucigalpa, Honduras, un informe sobre este crimen ocurrido en 2016. En \u00e9l se concluye que el Estado conoc\u00eda el origen del plan criminal, pero opt\u00f3 por no actuar para impedirlo.<\/p>\n
El informe se\u00f1ala que \u00abel asesinato de Berta C\u00e1ceres es un crimen empresarial, financiero y pol\u00edtico, ejecutado mediante una arquitectura criminal compleja que articula intereses econ\u00f3micos, financiamientos internacionales, estructuras de seguridad, corrupci\u00f3n institucional y graves omisiones del Estado, constituyendo un modus operandi mantenido en el tiempo\u00bb.<\/p>\n
Seg\u00fan el informe, la vida de Berta C\u00e1ceres fue encomendada a un grupo de sicarios profesionales, encargados de asesinarla con el fin de poner t\u00e9rmino a su compromiso ecol\u00f3gico, consistente en denunciar el proyecto hidroel\u00e9ctrico Agua Zarca.<\/p>\n
Ella se enfrent\u00f3 a la empresa DESA, oponi\u00e9ndose a un proyecto respaldado por el gobierno hondure\u00f1o que pretend\u00eda erigir una represa en el r\u00edo Gualcarque, un recurso h\u00eddrico crucial para la supervivencia del pueblo ind\u00edgena lenca.<\/p>\n
El asesinato de la joven activista fue financiado en parte por subvenciones del mismo proyecto (Agua Zarca), provenientes de bancos internacionales, como el Banco Centroamericano de Integraci\u00f3n Econ\u00f3mica y el Banco de Desarrollo de los Pa\u00edses Bajos, seg\u00fan el informe.<\/p>\n
La familia Atala Zablah estaba vinculada a una red criminal que pudo cometer una malversaci\u00f3n del 67 %, es decir, aproximadamente 12,4 millones de d\u00f3lares, destinada a financiar operaciones ilegales como la vigilancia, la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n personal, ataques armados y, m\u00e1s espec\u00edficamente, el asesinato de Berta C\u00e1ceres.<\/p>\n
Varias consecuencias se derivan del asesinato de la defensora ind\u00edgena hondure\u00f1a y del conflicto relacionado con el proyecto hidroel\u00e9ctrico. \u00abAfectan a la familia C\u00e1ceres, al testigo sobreviviente Gustavo Castro, al COPINH como organizaci\u00f3n, a la comunidad ind\u00edgena lenca de R\u00edo Blanco y al r\u00edo Gualcarque como espacio espiritual y cultural\u00bb, seg\u00fan el GIEI.<\/p>\n