Publicado por Marcia Perdomo, Foreign Policy in Focus, 21 de marzo de 2025<\/p>\n
Los extraordinarios privilegios corporativos en la pol\u00edtica exterior y comercial de Estados Unidos est\u00e1n dise\u00f1ados para ayudar a las empresas a ganar incluso cuando sus inversiones fracasan.<\/p>\n
Se supon\u00eda que una asociaci\u00f3n p\u00fablico-privada para mejorar la infraestructura de carreteras en Honduras iba a ser una bendici\u00f3n para el desarrollo econ\u00f3mico. En cambio, r\u00e1pidamente se convirti\u00f3 en un acuerdo en el que todos sal\u00edan perdiendo para una poblaci\u00f3n ya empobrecida, y en una sombr\u00eda advertencia sobre las normas de inversi\u00f3n que dan demasiado poder a las empresas.<\/p>\n
Todo empez\u00f3 en 2016, cuando el Gobierno propuso construir una autopista a lo largo de la costa norte de Honduras, con peajes que habr\u00edan aumentado los costes de transporte y otros precios para la poblaci\u00f3n local.<\/p>\n
La gente se levant\u00f3 r\u00e1pidamente para oponerse al proyecto, que amenazaba con elevar su coste de vida, adem\u00e1s de agotar las arcas p\u00fablicas. Aquellas primeras protestas se convirtieron en una acampada de 421 d\u00edas contra las cabinas de peaje a lo largo de la autopista. En 2018, tras estas protestas, el Gobierno cancel\u00f3 el contrato del proyecto con una empresa llamada Autopistas del Atl\u00e1ntico (ADASA).<\/p>\n
Pero tras cinco a\u00f1os de silencio, los inversores volvieron con ganas de venganza. Ahora, un grupo de inversores que incluye a ADASA, J.P. Morgan Chase Bank y un par de fondos de Goldman Sachs, presenta una demanda multimillonaria contra el pa\u00eds en un tribunal con sede en Washington D.C. por mucho m\u00e1s de lo que invirti\u00f3.<\/p>\n
Han acudido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en el Banco Mundial, para exigir a Honduras 179 millones de d\u00f3lares, alegando un \u00abincumplimiento de su contrato por la suspensi\u00f3n de la carretera de peaje ante las protestas de la comunidad y la cancelaci\u00f3n del contrato en 2018\u00bb, seg\u00fan The Corporate Assault on Honduras, un informe publicado en septiembre de 2024.<\/p>\n
Karen Spring, coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras, explic\u00f3 durante la presentaci\u00f3n del informe que el sistema de Soluci\u00f3n de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en ingl\u00e9s) del que forma parte el CIADI permite a las empresas transnacionales presentar demandas que acallan las voces de las personas afectadas.<\/p>\n
\u00abLas 15 demandas activas contra Honduras son un ataque a las luchas por la dignidad, la justicia y la democracia. Estas demandas y el sistema que las permite son un ataque a la soberan\u00eda de Honduras y a la autodeterminaci\u00f3n de las comunidades afectadas\u00bb, afirm\u00f3 Spring.<\/p>\n
Indignaci\u00f3n ciudadana<\/p>\n
Como parte de la \u00abMesa de Indignaci\u00f3n Ciudadana\u00bb, Suyapa Majano e Idalia Carballo afirman que ni el clima ni las fuerzas armadas del Estado pudieron intimidar la lucha contra las casetas de peaje, que la gente consider\u00f3 anticonstitucionales y violatorias de su derecho a la libre circulaci\u00f3n.<\/p>\n
Suyapa Majano recuerda que, para mantener el campamento de protesta, hac\u00edan turnos en los que participaban sobre todo mujeres. Celebraban cumplea\u00f1os a pie de carretera y, durante la Semana Santa, hac\u00edan el V\u00eda Crucis, todo para demostrar su oposici\u00f3n a las cabinas de peaje.<\/p>\n
\u00abNunca cejamos en la lucha\u00bb, a pesar de que \u201cvarios hombres y mujeres fueron golpeados\u201d, recibieron habitualmente gases lacrim\u00f3genos y fueron perseguidos por su protesta. \u00abHay estudiantes que tambi\u00e9n participaron, que recuerdo que tuvieron que huir\u00bb. Los que permanecieron en el pa\u00eds fueron se\u00f1alados por las fuerzas armadas represivas del Estado.<\/p>\n
Idalia Carballo cuestiona la legalidad de utilizar peajes en carreteras que ya hab\u00edan sido construidas y en las que no existen rutas alternativas que garanticen la libre circulaci\u00f3n de los lugare\u00f1os. \u00abPusieron las cabinas de peaje, pero no construyeron nada\u00bb, afirma.<\/p>\n
Carballo recuerda que el Gobierno del entonces presidente Juan Orlando Hern\u00e1ndez apoy\u00f3 a Autopistas del Atl\u00e1ntico facilitando polic\u00edas y militares para reprimir a la poblaci\u00f3n que protestaba contra las cabinas de peaje.<\/p>\n
Hern\u00e1ndez -que desde entonces ha sido condenado en el estado de Nueva York por conspirar para importar coca\u00edna a Estados Unidos- promocion\u00f3 el contrato del corredor tur\u00edstico como un paso adelante para las infraestructuras del pa\u00eds, supuestamente para estimular el comercio, el turismo, la creaci\u00f3n de empleo y reducir los costes de transporte.<\/p>\n
Inicialmente, el contrato establec\u00eda que las cabinas de peaje solo podr\u00edan empezar a cobrar una vez finalizada la construcci\u00f3n. Sin embargo, en 2016 -cuando apenas se hab\u00eda completado el 10%- la empresa recibi\u00f3 la aprobaci\u00f3n para empezar a cobrar a todos los veh\u00edculos que circulasen por la carretera. Esto activ\u00f3 los ingresos m\u00ednimos anuales garantizados -la diferencia entre los ingresos m\u00ednimos previstos y los ingresos obtenidos- previstos en el contrato. Como resultado, Honduras debe ahora a la empresa 110 millones de d\u00f3lares, en lugar de los 42 millones anteriores, debido a la cancelaci\u00f3n anticipada del proyecto, como explica The Corporate Assault on Honduras.<\/p>\n
El fracaso de las asociaciones p\u00fablico-privadas<\/p>\n
La demanda de Autopistas del Atl\u00e1ntico es s\u00f3lo una de las 15 demandas de arbitraje actualmente en curso contra Honduras, promovidas en gran parte por inversores que se beneficiaron de decisiones tomadas tras el golpe de Estado de 2009, durante el periodo de la llamada narcodictadura. Muchas de estas demandas se han interpuesto al amparo de acuerdos de libre comercio y tratados de protecci\u00f3n de inversiones que consagran extraordinarios privilegios corporativos. En este caso, la empresa puede recurrir a los Mecanismos de Soluci\u00f3n de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS) en virtud de su contrato de Asociaci\u00f3n P\u00fablico-Privada (APP).<\/p>\n
\u00abVemos al menos tres demandas […] que corresponden a contratos de Asociaci\u00f3n P\u00fablico-Privada, que fueron negociados por [la antigua Comisi\u00f3n para la Promoci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n P\u00fablico-Privada] en condiciones altamente perjudiciales para el erario [p\u00fablico]\u00bb, explica Jen Moore, del Instituto de Estudios Pol\u00edticos (IPS).<\/p>\n
Las APP en Honduras fueron permitidas a trav\u00e9s de la Ley de Promoci\u00f3n de Alianzas P\u00fablico-Privadas de 2010, que tambi\u00e9n cre\u00f3 la desaparecida Comisi\u00f3n para la Promoci\u00f3n de Alianzas P\u00fablico-Privadas (COALIANZA). La funci\u00f3n de COALIANZA era promover, celebrar y supervisar contratos de APP entre el sector p\u00fablico y el privado, en los que participaran tanto empresas nacionales como transnacionales.<\/p>\n
En 2019, COALIANZA fue desmantelada tras el allanamiento de sus oficinas por la Agencia T\u00e9cnica de Investigaci\u00f3n Criminal (ATIC) bajo acusaciones generalizadas de corrupci\u00f3n. Anteriormente, en 2014, parte de las actividades de COALIANZA fueron declaradas secretas en virtud de la Ley de Clasificaci\u00f3n de Documentos P\u00fablicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional o Ley del Secreto. Esto suscit\u00f3 serias dudas sobre la escasa auditor\u00eda y supervisi\u00f3n de sus operaciones.<\/p>\n
Otras dos demandas relacionadas con un contrato de Asociaci\u00f3n P\u00fablico Privada han sido presentadas contra Honduras por el Aeropuerto Internacional de Palmerola (PIA) por 10 millones de d\u00f3lares, muy recientemente desistido, y por El\u00e9ctricas de Medell\u00edn Ingenier\u00eda y Servicios S.A.S. por 500 millones de d\u00f3lares. Otro par de reclamaciones que probablemente correspondan a un contrato de APP fueron presentadas por International Container Terminal Services & Operadora Portuaria Centroamericana, pero la falta de transparencia en su caso hace que se desconozca la cuant\u00eda.<\/p>\n
Moore se\u00f1ala que, aunque es dif\u00edcil conocer los detalles de las demandas de arbitraje contra Honduras porque la documentaci\u00f3n correspondiente sigue siendo confidencial, las empresas suelen actuar con uno de estos dos objetivos: en primer lugar, presionar a las autoridades para que cambien las normas o garanticen que las condiciones comerciales sigan siendo de su inter\u00e9s; y en segundo lugar, obligar a la poblaci\u00f3n a indemnizar a los inversores por sus p\u00e9rdidas, incluido el lucro cesante futuro.<\/p>\n
Luciana Ghiotto, del Transnational Institute, afirma que el sistema de soluci\u00f3n de diferencias entre inversores y Estados ha sido muy criticado m\u00e1s all\u00e1 de Honduras.<\/p>\n
Se\u00f1ala que la decisi\u00f3n de Honduras de abandonar el CIADI en agosto de 2024 fue \u00abun paso importante, pero no suficiente\u00bb. Explica que \u00abel CIADI es s\u00f3lo uno de los varios centros de arbitraje mundiales disponibles, mientras que los tratados de protecci\u00f3n de inversiones […] permiten a los inversores demandar al Estado en cualquier foro de arbitraje del mundo.\u00bb<\/p>\n
El sistema ISDS se ha creado para mantener las reglas del juego a favor de las empresas a un gran coste para las personas y el inter\u00e9s p\u00fablico. El informe El asalto corporativo a Honduras insta a la abolici\u00f3n de estos privilegios corporativos exclusivos que se han concedido a trav\u00e9s de tratados internacionales, as\u00ed como en leyes y contratos nacionales, incluidas las Asociaciones P\u00fablico-Privadas.<\/p>\n