Publicado por Isabel Cort\u00e9s, le Journal des Alternatives, 17 de febrero de 2025<\/p>\n
Las palabras de la Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, resonaron alto y claro: \u00abColombia es el lugar m\u00e1s peligroso del mundo para defender los derechos humanos\u00bb. Esta afirmaci\u00f3n, realizada el 14 de febrero de 2025 durante la presentaci\u00f3n de un informe sobre la situaci\u00f3n de los defensores de los derechos humanos, no s\u00f3lo refleja una crisis en curso, sino que tambi\u00e9n pone de manifiesto el peligro al que se enfrentan a diario quienes luchan por la justicia y la equidad en el pa\u00eds. Este informe, presentado en un acto p\u00fablico por el Fiscal General de la Naci\u00f3n, responde a un mandato solicitado por la Corte Constitucional del pa\u00eds.<\/p>\n
Las cifras hablan por s\u00ed solas. Seg\u00fan los datos recogidos, entre enero de 2016 y diciembre de 2024, al menos 1.372 trabajadores sociales fueron asesinados en Colombia. Pero la propia Camargo advierte de que la cifra podr\u00eda ser a\u00fan mayor, debido a las dificultades para determinar a qui\u00e9n se considera oficialmente defensor de los derechos humanos.<\/p>\n
Las cifras de la red internacional Front Line Defenders son igualmente alarmantes. Seg\u00fan su informe 2024, Colombia sigue siendo el pa\u00eds m\u00e1s mort\u00edfero del mundo para los activistas. En 2023, de las 300 personas asesinadas en al menos 28 pa\u00edses, 142 eran colombianas, es decir, el 48% del total mundial. Un a\u00f1o antes, en 2022, la cifra era a\u00fan mayor, con 186 casos denunciados.<\/p>\n
Detr\u00e1s de estas cifras hay vidas truncadas, familias devastadas y comunidades que siguen luchando con miedo. El Fiscal General reconoci\u00f3 que existen graves problemas en la investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de estos delitos. Desde la falta de acceso a la justicia hasta la imposibilidad de llegar a ciertas regiones bajo control de grupos armados ilegales, los obst\u00e1culos son inmensos y han permitido que la impunidad siga siendo la norma.<\/p>\n
En muchas zonas rurales, donde la violencia contra los l\u00edderes sociales es m\u00e1s intensa, el Estado sigue ausente. Los grupos armados imponen su ley, y quienes defienden los derechos humanos se convierten en objetivo por el simple hecho de atreverse a hablar. La falta de garant\u00edas y el miedo a las represalias han convertido la denuncia en un acto de extrema valent\u00eda.<\/p>\n
\u00abEs una cat\u00e1strofe que no puede continuar\u00bb, afirm\u00f3 Camargo, insistiendo en que su protecci\u00f3n debe convertirse en una \u201cprioridad nacional\u201d. En su opini\u00f3n, sin una acci\u00f3n eficaz del Estado, la democracia y la justicia seguir\u00e1n estando en peligro.<\/p>\n
Un comienzo de a\u00f1o violento<\/p>\n
El a\u00f1o 2025 no ha empezado con buen pie. Seg\u00fan el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), al menos 22 activistas de movimientos sociales han sido asesinados desde principios de a\u00f1o. Entre ellos se encuentra Leonardo Samir Montero Paz, l\u00edder ind\u00edgena Nasa, asesinado el 9 de febrero en una zona rural de Puerto As\u00eds, Putumayo.<\/p>\n
Cada nuevo asesinato confirma lo que las cifras ya vaticinaban: la situaci\u00f3n sigue siendo cr\u00edtica. Las voces que defienden los derechos humanos en Colombia est\u00e1n bajo amenaza constante, y mientras no haya una respuesta firme por parte del Estado, se corre el riesgo de que la crisis empeore.<\/p>\n
La comunidad internacional y la comunidad colombiana tienen un papel esencial a la hora de exigir medidas urgentes y eficaces. La vida de quienes luchan por un pa\u00eds m\u00e1s justo depende de ello.<\/p>\n