Publicado por MiningWatch Canada, el 3 de diciembre de 2024<\/p>\n
La decisi\u00f3n de conceder un nuevo juicio presenta una evidencia m\u00e1s del deterioro de la independencia dentro del sistema judicial de El Salvador, y su politizaci\u00f3n para castigar y debilitar la lucha por la vigencia de la Ley de Prohibici\u00f3n de la Miner\u00eda Met\u00e1lica de 2017.<\/p>\n
San Salvador – En nombre de los cientos de organizaciones de m\u00e1s de dos docenas de pa\u00edses que apoyan a los Aliados Internacionales contra la Miner\u00eda en El Salvador, condenamos el fallo del 26 de noviembre de Santiago Alvarado Ponce y Jos\u00e9 Mar\u00eda Zepeda Grande, Magistrados de la Sala de Apelaciones de Cojutepeque, que orden\u00f3 un nuevo juicio para la Asociaci\u00f3n de Desarrollo Econ\u00f3mico y Social de Santa Marta (ADES) Cinco Defensores del Agua de Santa Marta.<\/p>\n
La decisi\u00f3n del 26 de noviembre revoca un veredicto un\u00e1nime y de principio dictado por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque tras un juicio que desestim\u00f3 la acusaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por falta de pruebas que vincularan a los cinco Defensores del Agua con el presunto delito. El Tribunal determin\u00f3 que el caso de la fiscal\u00eda no cumpl\u00eda con la definici\u00f3n de 1) un crimen contra la humanidad; o 2) un crimen de guerra, seg\u00fan lo establecido en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, respectivamente. Seg\u00fan el equipo de defensa legal, el posterior recurso interpuesto desde la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica carece de fundamento legal, y la anulaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia por parte de la Sala de Apelaciones de Cojutepeque es una decisi\u00f3n pol\u00edtica que consiente este recurso. Su decisi\u00f3n presenta una evidencia m\u00e1s del deterioro de la independencia dentro del sistema judicial de El Salvador, y su politizaci\u00f3n para castigar y debilitar la lucha por la vigencia de la Ley de Prohibici\u00f3n de la Miner\u00eda de Metales de 2017.<\/p>\n
La objetividad del juicio de Sensuntepeque y la decisi\u00f3n que lo acompa\u00f1a fueron afirmadas por una misi\u00f3n de observadores internacionales que han publicado su informe sobre los procedimientos. En referencia al nuevo juicio de los cinco Defensores del Agua, Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU para los Defensores de los Derechos Humanos, y el Arzobispo de San Salvador, Monse\u00f1or Jos\u00e9 Luis Escobar Alas, han expresado p\u00fablicamente su preocupaci\u00f3n por la persecuci\u00f3n de los defensores del medio ambiente por parte del gobierno en El Salvador.<\/p>\n
Cabe se\u00f1alar que la detenci\u00f3n en 2023 de los Cinco Defensores del Agua de Santa Marta de ADES tuvo lugar cuando ellos y otros activistas expresaron su preocupaci\u00f3n por que el gobierno de Nayib Bukele estuviera considerando restablecer la miner\u00eda de metales en El Salvador, se\u00f1alando 1) la decisi\u00f3n de la administraci\u00f3n en mayo de 2021 de unirse al Foro Intergubernamental sobre Miner\u00eda, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, y 2) otras reformas legales que condujeron al momento actual. Escalofriantemente, el mismo d\u00eda en que decenas de organizaciones sociales celebraban una rueda de prensa para denunciar la orden de reanudaci\u00f3n del proceso, Bukele comunic\u00f3 en la X, en referencia al oro, que \u00abDios ha puesto un tesoro gigante bajo nuestros pies\u00bb, calific\u00f3 de \u00ababsurda\u00bb la prohibici\u00f3n de la miner\u00eda y afirm\u00f3, contra toda evidencia, que el oro puede extraerse de forma sostenible. Adem\u00e1s, afirm\u00f3 en una rueda de prensa que El Salvador tiene recursos minerales por valor de \u00abbillones de d\u00f3lares\u00bb y que deber\u00edan explotarse para desarrollar el pa\u00eds.<\/p>\n
La prohibici\u00f3n de la miner\u00eda met\u00e1lica en El Salvador en 2017 es una medida ampliamente popular y anularla ser\u00eda una sentencia de muerte para el peque\u00f1o y densamente poblado pa\u00eds, con sus escasas fuentes de agua, muchas de las cuales ya est\u00e1n contaminadas. La hist\u00f3rica prohibici\u00f3n, aprobada en una votaci\u00f3n un\u00e1nime de 70-0 por la Asamblea Legislativa de El Salvador en 2017, fue el resultado de una campa\u00f1a de una d\u00e9cada para valorar la vida por encima del af\u00e1n de lucro de las empresas mineras transnacionales. La campa\u00f1a cont\u00f3 en \u00faltima instancia con el apoyo de una amplia coalici\u00f3n de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, algunos sectores empresariales, legisladores y ministros de todo el espectro pol\u00edtico, as\u00ed como dos arzobispos.\u00a0 A todos ellos les convencieron las pruebas fehacientes de los efectos destructivos de la miner\u00eda del oro y de los efectos nocivos del cianuro utilizado en la extracci\u00f3n de oro. La lucha tambi\u00e9n cost\u00f3 la vida a varios queridos activistas defensores del agua que se enfrentaron a las empresas mineras en Caba\u00f1as: Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, el estudiante Juan Francisco Dur\u00e1n Ayala y Dora Alicia Recinos Sorto, que estaba embarazada de ocho meses cuando fue asesinada, y cuyo hijo de dos a\u00f1os fue testigo y result\u00f3 herido en el ataque.<\/p>\n
A la luz de estos preocupantes acontecimientos, afirmamos nuestro firme compromiso de apoyar a los Cinco Defensores del Agua de ADES Santa Marta y al movimiento m\u00e1s amplio de resistencia a la miner\u00eda met\u00e1lica en El Salvador. Hacemos un llamamiento al Tribunal de Sentencia de San Vicente para que ejerza la misma objetividad que ya dio lugar a un veredicto absolutorio de los Defensores del Agua. Los ojos del mundo siguen puestos en El Salvador y en este juicio politizado e injustificado.<\/p>\n