Escrito por Ana Cristina Alvarado, 14 de julio de 2024<\/p>\n
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En junio de 2023, el Ministerio de Ambiente ecuatoriano public\u00f3 una normativa para regular el mercado voluntario de bonos de carbono. En la construcci\u00f3n del esquema que se emiti\u00f3 no se tom\u00f3 en cuenta a los pueblos ind\u00edgenas, ya que \u00a0 no se les inform\u00f3 ni se consult\u00f3 de manera adecuada, como se recomienda a nivel internacional.<\/p>\n
En este mercado, empresas y organizaciones que no han logrado eliminar la emisi\u00f3n de gases de efecto invernadero de sus operaciones, compran bonos de carbono equivalentes en toneladas m\u00e9tricas a su contaminaci\u00f3n para, como en un tabla contable, dejar en cero este impacto ambiental.<\/p>\n
Desarrolladores de estos proyectos se han centrado en territorios habitados por comunidades ind\u00edgenas\u00a0 alrededor del mundo, pues\u00a0 estos pueblos\u00a0 son considerados guardianes de m\u00e1s del 40% de los ecosistemas intactos que quedan en la Tierra, de acuerdo con una publicaci\u00f3n de\u00a0Carbon Brief, un\u00a0website<\/em>\u00a0brit\u00e1nico con informaci\u00f3n cient\u00edfica y clim\u00e1tica. En Ecuador, el 67% de los bosques de la Amazon\u00eda est\u00e1n dentro de territorios de pueblos ind\u00edgenas, de acuerdo con\u00a0informaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Ecociencia. Por ello no extra\u00f1a que\u00a0 empresas o intermediarios \u2014que han sido llamados \u201cpiratas del carbono\u201d\u2014 est\u00e9n ofreciendo el desarrollo de proyectos en comunidades ind\u00edgenas.<\/p>\n <\/p>\n A\u00fan as\u00ed en el dise\u00f1o de la norma para regular este mercado y que se emiti\u00f3 en junio de 2023 no se cont\u00f3 con una activa participaci\u00f3n de las comunidades ind\u00edgenas.\u00a0 Quince reconocidos l\u00edderes y lideresas aseguraron\u00a0 a esta alianza period\u00edstica que no conoc\u00edan sobre el Esquema de Compensaci\u00f3n de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), nombre que tiene la normativa.<\/p>\n Diana Ch\u00e1vez, dirigente de relaciones internacionales de Pakkiru, organizaci\u00f3n que representa a los 15 pueblos, asociaciones y comunas kichwas de la provincia amaz\u00f3nica de Pastaza, asegura que Pakkiru no fue tomada en cuenta para la construcci\u00f3n de la norma.<\/p>\n La falta de informaci\u00f3n y de consulta abre la puerta a varias problem\u00e1ticas para las comunidades ind\u00edgenas, alertan expertos en el tema. En primer lugar, podr\u00eda causar o agravar divisiones y enfrentamientos al interior de las poblaciones ind\u00edgenas, algo que en el pa\u00eds ya ha pasado con proyectos extractivos, dejando incluso l\u00edderes ambientales asesinados. Tambi\u00e9n podr\u00edan provocar despojos de tierras en zonas donde a\u00fan no hay una titularidad clara. Adem\u00e1s, al ser una norma redactada en t\u00e9rminos t\u00e9cnicos y exclusivamente en espa\u00f1ol, excluye y pone en desventaja a las\u00a0 poblaciones ind\u00edgenas.<\/p>\n Estos son algunos de los hallazgos de La Barra Espaciadora en la investigaci\u00f3n Carbono Opaco, liderada por el Centro Latinoamericano de Investigaci\u00f3n Period\u00edstica (CLIP) en alianza con 14 medios de ocho pa\u00edses para indagar c\u00f3mo est\u00e1 funcionando el mercado de carbono en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Los pueblos ind\u00edgenas conservan, pero no fueron informados<\/strong><\/p>\n M\u00faltiples estudios cient\u00edficos apuntan a que, adem\u00e1s de las \u00e1reas protegidas, los territorios ind\u00edgenas son modalidades eficaces en contra de la deforestaci\u00f3n en regiones como la Amazonia.<\/p>\n El Proyecto Drawdown \u2014que reuni\u00f3 a m\u00e1s de 200 cient\u00edficos de todo el mundo\u2014 incluso determin\u00f3 que la gesti\u00f3n de tierras ind\u00edgenas es una de las 100 soluciones m\u00e1s eficaces para frenar el cambio clim\u00e1tico, con un potencial de reducir hasta 12 gigatoneladas de di\u00f3xido de carbono hasta 2050. A su vez, el Proyecto de Monitoreo de la Amazon\u00eda Andina public\u00f3 en 2023 un an\u00e1lisis en el que concluy\u00f3 que en la Amazon\u00eda occidental (Bolivia, Colombia, Ecuador y Per\u00fa), entre 2017 y 2021, el 74,8% de la deforestaci\u00f3n ocurri\u00f3 fuera de estos territorios. En contraste, el 9,6% de la p\u00e9rdida forestal\u00a0 ocurri\u00f3 en \u00e1reas protegidas y el 15,6%\u00a0 en territorios ind\u00edgenas.<\/p>\n Por esta raz\u00f3n, a l\u00edderes y lideresas ind\u00edgenas consultados para este reportaje les molest\u00f3 que el gobierno ecuatoriano no les consultara cuando dise\u00f1\u00f3\u00a0 una normativa cuyo \u00e9xito depender\u00e1, en gran medida, de los territorios que ellos habitan y de los bosques que ellos ayudan a conservar.<\/p>\n \u201cExiste malestar, sabemos que afuera est\u00e1n trabajando, buscando fondos, mientras quienes estamos cuidando el territorio no somos tomados en cuenta\u201d, dice la l\u00edder ind\u00edgena kichwa Diana Ch\u00e1vez.<\/p>\n El gobierno de Guillermo Lasso, que expidi\u00f3 la norma, y el actual de Daniel Noboa, que la debe implementar, aseguran que el proceso s\u00ed fue de cara a la ciudadan\u00eda. Seg\u00fan la Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n del Ministerio de Ambiente (MAATE), participaron 1439 personas de 202 instituciones en 25 talleres realizados a lo largo de un a\u00f1o. Entre ellos, insisti\u00f3 el gobierno, hubo presencia de l\u00edderes ind\u00edgenas.<\/p>\n \u201cSe tuvo la participaci\u00f3n activa de la Confeniae (Confederaci\u00f3n de Nacionalidades Ind\u00edgenas Amaz\u00f3nicas del Ecuador), con alrededor de 84 participantes\u201d, dijo el Ministerio a esta alianza period\u00edstica. Sin embargo, en la Confeniae \u2014que eligi\u00f3 un nuevo consejo de gobierno en septiembre pasado\u2014 sus miembros no conocen la norma.<\/p>\n Andr\u00e9s Tapia, el anterior dirigente de Comunicaci\u00f3n de la Confeniae y un mestizo miembro de Pakkiru, asegur\u00f3 que ning\u00fan integrante de la m\u00e1xima organizaci\u00f3n ind\u00edgena de la Amazonia ecuatoriana maneja el tema de compensaci\u00f3n por emisi\u00f3n de gases de efecto invernadero. Asimismo, Mar\u00eda Jos\u00e9 Andrade, ind\u00edgena kichwa de la comunidad Serena en la provincia de Napo y actual dirigente de desarrollo econ\u00f3mico y comunitario de la organizaci\u00f3n amaz\u00f3nica, dijo que revisar\u00eda la norma, pues no conoc\u00eda su contenido. Ninguno pudo dar cuenta de escenarios de participaci\u00f3n o de socializaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre la iniciativa estatal.<\/p>\n \u201cSi hicieron talleres en territorio, se quedaron en meros talleres. El problema es cuando traen consultor\u00edas t\u00e9cnicas, en las que se usa lenguaje demasiado t\u00e9cnico. Tenemos derecho a la consulta, pero en los t\u00e9rminos en los que podamos entender lo que se va a aprobar\u201d, reclama Diana Ch\u00e1vez.<\/p>\n Carina Sandoval, asesora en el programa de finanzas clim\u00e1ticas y biodiversidad de la Fundaci\u00f3n Pachamama, cuenta que el MAATE realiz\u00f3 una socializaci\u00f3n \u201cgrande\u201d de la normativa a trav\u00e9s de la plataforma de videoconferencia Zoom el 30 de mayo de 2023. Despu\u00e9s de eso, la ciudadan\u00eda tuvo 10 d\u00edas para emitir observaciones al documento. \u201cFue correr a revisar, porque previamente no tuvimos acceso\u201d, dice. Su colega en Pachamama, la abogada Cristina Melo, cree que se realiz\u00f3 la socializaci\u00f3n y la publicaci\u00f3n del borrador para cumplir con \u201cun requisito formal\u201d.<\/p>\n \u201cTrabajaron pensando en que todos estamos en las mismas condiciones. En Pastaza, el 80% de los pueblos y nacionalidades no tiene acceso a equipos electr\u00f3nicos\u201d, puntualiz\u00f3 Ch\u00e1vez, para mostrar lo poco accesible que fue el proceso.<\/p>\n <\/p>\n Organizaciones como Pachamama y la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) enviaron al MAATE comentarios relacionados con los derechos de los pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas y con los derechos de la naturaleza, pero no fueron acogidos, aseguran sus representantes.<\/p>\n \u201cPara que el gobierno cumpla con proteger a estas comunidades de los perjuicios derivados de los proyectos de mitigaci\u00f3n, debi\u00f3 asegurarse de que no solo conozcan el proceso y que tengan acceso a la informaci\u00f3n en sus respectivos idiomas, sino tambi\u00e9n debi\u00f3 orientarles sobre c\u00f3mo obtener asistencia t\u00e9cnica y jur\u00eddica\u201d, se\u00f1ala Lindsay Otis Nilles, experta en pol\u00edticas de mercados globales del carbono de la organizaci\u00f3n europea Carbon Market Watch, que los monitorea en todo el mundo.<\/p>\n <\/p>\n La consulta prelegislativa y la consulta previa, ausentes<\/strong><\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de la ausencia de participaci\u00f3n y socializaci\u00f3n, para la abogada Cristina Melo podr\u00eda haber una falla a\u00fan m\u00e1s grave: la ausencia de una consulta prelegislativa antes de su promulgaci\u00f3n. Se trata del derecho de los pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas, afros y montubios (un pueblo de la Costa ecuatoriana) a pronunciarse sobre aquellos actos legislativos que puedan vulnerar, limitar o afectar sus derechos colectivos.<\/p>\n El gobierno de Lasso defendi\u00f3 que no era necesaria una consulta de la norma porque \u201cno genera una afectaci\u00f3n a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, siendo una norma espec\u00edfica y voluntaria\u201d, como dice la introducci\u00f3n de\u00a0 las consideraciones de la norma.<\/p>\n \u201cPara obtener pleno consentimiento de los pueblos ind\u00edgenas en procesos que afecten su relaci\u00f3n con el territorio hace falta no solo una consulta. Supone la amplia participaci\u00f3n\u201d, dice David Su\u00e1rez, coordinador del programa de consentimiento libre, previo e informado para Am\u00e9rica Latina de la oeneg\u00e9 internacional Land is Life.<\/p>\n El resultado fue un documento en el que no se abordaron, en sus palabras, \u201cdesaf\u00edos que requieren pol\u00edtica nacional y consensuada con los actores de los pueblos y nacionalidades, y que prioriza las soluciones clim\u00e1ticas basadas en los mercados antes que en las pol\u00edticas de protecci\u00f3n de la naturaleza\u201d.<\/p>\n No realizar una consulta previa con los pueblos ind\u00edgenas puede tener al menos tres efectos, de acuerdo con Ch\u00e1vez. El primero es que estos pueden cuestionar y oponerse a la normativa. El segundo, al no haber socializado el funcionamiento del mecanismo, deja a las comunidad m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n \u201cYa tenemos piratas verdes que han ingresado al territorio, llegan organizaciones y fundaciones ofreciendo compensaciones\u201d, dice la lideresa kichwa en referencia a posibles estafas. Por \u00faltimo, pueden darse despojos, \u2014como habr\u00eda sucedido con el caso de la familia S\u00e1enz Vargas, que vendi\u00f3 una propiedad a la empresa Rainforest Ecuador luego de ser acusada de apropiaci\u00f3n de territorios en la sierra norte del pa\u00eds\u2014 y divisiones entre poblaciones, como ya ha pasado con las industrias petrolera y minera.*<\/p>\n En su \u00faltimo informe de 2023, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas, Jos\u00e9 Francisco Cal\u00ed Tzay, recomend\u00f3 que las regulaciones nacionales de la econom\u00eda verde sean adoptadas en consulta con los pueblos ind\u00edgenas. El objetivo es reconocer y proteger los derechos sobre la tierra, los territorios y los recursos de los pueblos ind\u00edgenas, as\u00ed como su derecho a la consulta previa, libre e informada.<\/p>\n Con respecto al consentimiento previo, la norma no cuenta con un \u201cprocedimiento adecuado\u201d, seg\u00fan la abogada Melo, que reconoce que esta omisi\u00f3n se enmarca en una \u201cdeuda hist\u00f3rica del Estado ecuatoriano\u201d. El Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, que habla sobre este derecho, es vinculante para Ecuador desde 1997, pero hasta la fecha no existen las normas para su aplicaci\u00f3n. En lugar de consultar, en el pa\u00eds se han realizado reuniones informativas antes de emitir licencias ambientales a proyectos de infraestructura o extractivos, algo que ha causado divisi\u00f3n y conflictividad en las comunidades. A inicios de 2023, los enfrentamientos en la comunidad A\u2019i Cof\u00e1n de Dureno terminaron en el asesinato del l\u00edder antipetrolero Eduardo Mend\u00faa.<\/p>\n \u201cSali\u00f3 una norma sumamente extensa y compleja\u201d, asegura Melissa Moreano, de la Universidad Andina Sim\u00f3n Bol\u00edvar, en referencia al Esquema de Compensaci\u00f3n. Quienes quieran aplicarla, argumenta, deben manejar criterios t\u00e9cnicos o contar con un equipo experto. En su visi\u00f3n, esto aumenta la desventaja para los pueblos ind\u00edgenas, quienes deber\u00edan estar en el centro de estas discusiones, pues muchos de los ecosistemas m\u00e1s biodiversos del pa\u00eds coinciden con sus territorios. Adem\u00e1s, est\u00e1n asociados con mejores resultados en materia de almacenamiento de carbono, biodiversidad y medios de vida forestales, de acuerdo con un estudio publicado a finales de 2023 en la revista acad\u00e9mica Nature Climate Change.<\/p>\n <\/p>\n Institucionalidad y control sin presupuesto<\/strong><\/p>\n Aplicar la norma ser\u00e1 otro reto. \u201cNi los funcionarios ni autoridades que estaban en el proceso de elaboraci\u00f3n de la norma, de acuerdo a los talleres donde pudimos escucharles, est\u00e1n realmente capacitados para asumir y regular un tema como este\u201d, asegura Cristina Melo.<\/p>\n A la docente Melissa Moreano le preocupa que el documento establece una arquitectura institucional que necesitar\u00e1 financiamiento. En contexto, el presupuesto del MAATE ha bajado paulatinamente desde el 2019, provocando la reducci\u00f3n del personal.<\/p>\n \u201cCabe indicar que para desarrollar un adecuado Plan de Sostenibilidad Financiera [para el Esquema de Compensaci\u00f3n], se realiza una serie de an\u00e1lisis y estudios planificados\u201d, respondi\u00f3 el Ministerio de Ambiente a La Barra Espaciadora en abril de 2024. Estos estudios, a\u00f1adi\u00f3, se \u201cconsolidar\u00edan en los pr\u00f3ximos meses\u201d. El 10 de junio de 2024, el Maate asegur\u00f3 v\u00eda email que el plan ya estaba listo, pero hasta el cierre del reportaje no incluy\u00f3 ning\u00fan documento que respalde esa aseveraci\u00f3n.<\/p>\n Seg\u00fan la norma, el proceso de registro de los proyectos de compensaci\u00f3n se realiza en el\u00a0 MAATE. Esto puede ser visto como una fortaleza, dado que una supervisi\u00f3n robusta por parte del Estado podr\u00eda evitar casos de doble contabilidad (al vender dos veces un mismo resultado ambiental se puede generar la idea de que se redujo el doble de emisiones de las que en verdad se redujeron), de resultados inflados (lo que en el sector se conoce como \u201caire caliente\u201d) o de estafas a los pueblos ind\u00edgenas o comunidades campesinas que albergan los proyectos. En Colombia, por ejemplo, la alianza Carbono Opaco report\u00f3 sobre un proyecto de bonos de carbono que era desconocido por sus supuestos beneficiarios.<\/p>\n Melissa Moreano y Carina Sandoval creen que el procedimiento propuesto en la norma es muy burocr\u00e1tico. La Subsecretar\u00eda de Cambio Clim\u00e1tico, seg\u00fan el texto, tiene una veintena de responsabilidades, entre esas, autorizar y administrar el Registro Nacional de Compensaci\u00f3n y el Portafolio de la Compensaci\u00f3n, evaluar y aprobar los programas de certificaci\u00f3n de GEI, proponer mecanismos de sostenibilidad financiera del Esquema y evaluar la efectividad del mismo.<\/p>\n De acuerdo con Sandoval, en pocos pa\u00edses \u201clos mecanismos son m\u00e1s anidados\u201d. Es decir, explica, los proyectos no son manejados por el Estado sino que los pa\u00edses cuentan con estructuras que permiten que las organizaciones ind\u00edgenas generen o accedan directamente a los proyectos. Sandoval ve bien que haya un esfuerzo por evitar irregularidades en los ecosistemas ecuatorianos, pero cree que al redactar la normativa falt\u00f3 pensar en gobernanza y gobernabilidad ind\u00edgena.<\/p>\n \u201cEn las experiencias que tiene Ecuador con respecto a conservaci\u00f3n, la centralizaci\u00f3n lleva defectos\u201d, asegura Cristina Melo. Por ejemplo, el Sistema Nacional de \u00c1reas Protegidas (SNAP) enfrenta amenazas como la miner\u00eda ilegal y los impactos del cambio clim\u00e1tico. La Reserva Ecol\u00f3gica Cof\u00e1n Bermejo y el Parque Nacional Podocarpus, en el norte y en el sur de la Amazon\u00eda, respectivamente, son dos ejemplos claros del avance de la miner\u00eda ilegal hacia \u00e1reas protegidas, seg\u00fan lo report\u00f3 el proyecto de monitoreo de la deforestaci\u00f3n Maap, asociado a la ONG ambiental estadounidense Amazon Conservation.<\/p>\n De vuelta a la normativa, en su\u00a0 art\u00edculo 17\u00a0 indica que los programas de certificaci\u00f3n de gases de efecto invernadero que ser\u00e1n usados por las iniciativas de mitigaci\u00f3n deber\u00e1n tener en cuenta criterios de independencia, esquemas de gobernanza, mecanismos de transparencia y trazabilidad, entre otros. Sandoval se\u00f1ala que falta definir c\u00f3mo se garantizar\u00e1n estos criterios. Dice, adem\u00e1s, que solo este art\u00edculo deber\u00eda contar con un instructivo.<\/p>\n El Cap\u00edtulo II, sobre Institucionalidad, se\u00f1ala que se conformar\u00e1 un Comit\u00e9 Estrat\u00e9gico de Huella de Carbono, en el que sus integrantes \u2014todos funcionarios del Ministerio de Ambiente\u2014 tendr\u00e1n voz y voto en las decisiones. Una de las atribuciones del Comit\u00e9 es definir estrategias para la eficiente ejecuci\u00f3n del esquema de compensaci\u00f3n. El Comit\u00e9 tendr\u00e1 un \u00f3rgano consultivo, sin derecho al voto, en el que se incluir\u00e1 a un representante de los pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas. Nuevamente, los pueblos ind\u00edgenas se quedan sin poder hacer valer su voz.<\/p>\n <\/p>\n Casi un a\u00f1o despu\u00e9s, no hay salvaguardas sociales<\/strong><\/p>\n En la normativa se encuentra que la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas ambientales y sociales queda a cargo de las personas naturales o jur\u00eddicas que pongan en marcha una iniciativa de mitigaci\u00f3n. En el art\u00edculo 39, se solicita al implementador una declaraci\u00f3n juramentada sobre el cumplimiento y en el art\u00edculo 42 se le exige que realice una evaluaci\u00f3n de las salvaguardas. Pero, como observa Melissa Moreano, no hay gu\u00edas claras para proteger los derechos colectivos.<\/p>\n El Ministerio de Ambiente ten\u00eda tres meses, desde la emisi\u00f3n del Esquema, para la publicaci\u00f3n de la gu\u00eda de aplicaci\u00f3n de los procesos de consulta y de salvaguardas ambientales y sociales. Ese plazo venci\u00f3 en septiembre de 2023. Sin embargo, hasta abril de 2024, la gu\u00eda estaba \u201cen construcci\u00f3n\u201d, seg\u00fan dijo el MAATE a La Barra Espaciadora en abril de 2024.<\/p>\n \u201cSe tiene como referencia el Plan de Acci\u00f3n Redd+, que cuenta con su propia gu\u00eda para la gesti\u00f3n de informaci\u00f3n y abordaje, y respeto de las salvaguardas ambientales y sociales\u201d, dijo el Ministerio. Esta gu\u00eda, de acuerdo con el website de Redd+ Ecuador, determina co?mo el pai?s interpreta las siete Salvaguardas de Cancu?n, que cubren una amplia gama de temas, entre esos, el respeto de los derechos de comunidades locales y pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n \u201cEl gobierno debe establecer gu\u00edas claras para proteger los derechos de los ind\u00edgenas en estos contextos. Hay muchos ejemplos de implementadores de proyectos que violan estos derechos\u201d, dice Lindsay Otis Nilles, de Carbon Market Watch.<\/p>\n Las salvaguardas deben construirse en conjunto con los pueblos ind\u00edgenas, de acuerdo con Levi Sucre, ind\u00edgena biribiri de Costa Rica y director de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. En Costa Rica, cuenta Sucre, se crearon salvaguardas basadas en la cosmovisi\u00f3n de los pueblos, incluyendo una conceptualizaci\u00f3n de los bosques basada en la espiritualidad ind\u00edgena y tambi\u00e9n reconociendo el papel tradicional de la mujer o de los mayores; la resoluci\u00f3n de conflictos; el reconocimiento legal de territorios no titulados y el consentimiento.<\/p>\n \u201cEl gobierno [de Ecuador] deber\u00eda haber contado con las voces ind\u00edgenas en el proceso de redacci\u00f3n del documento\u201d, agrega Otis Nilles.<\/p>\n \u201cEs tan laxa la legislaci\u00f3n y tan escasa la capacidad institucional para el control de este tipo de mercados que es probable que los \u2018piratas del carbono\u2019 [como se le suele llamar en el sector a los empresarios oportunistas] puedan hacer operaciones especulativas en Ecuador\u201d, opina David Su\u00e1rez, de Land is Life.<\/p>\n A pesar de que todav\u00eda faltan esas gu\u00edas, empresas privadas junto con el Estado ya desarrollan iniciativas\u00a0 de compensaci\u00f3n por captura de carbono en territorios ind\u00edgenas. Uno de ellos es el proyecto Sierra, en el territorio del pueblo Kayambi, en el norte de los Andes. As\u00ed se\u00a0 involucra a actores p\u00fablicos, privados y \u2014aseguran\u2014 al pueblo Kayambi para proteger el p\u00e1ramo, un bioma de monta\u00f1a que retiene agua y regula los ciclos h\u00eddricos. El proyecto apunta a evitar el avance de la frontera agr\u00edcola hacia estas zonas.<\/p>\n <\/p>\n Los territorios ind\u00edgenas, el riesgo<\/strong><\/p>\n La ausencia de t\u00edtulos colectivos o privados de tierras tambi\u00e9n podr\u00eda poner en riesgo las salvaguardas sociales. Alrededor de 200.000 familias de todo el pa\u00eds carecen de seguridad en la tenencia y el acceso a la tierra. Esta realidad, traslapada con la llegada de oportunistas del carbono \u2014como ha ocurrido en pa\u00edses como Colombia o Brasil\u2014, podr\u00eda facilitar despojos territoriales.<\/p>\n Sin medidas de protecci\u00f3n eficientes, los pueblos ind\u00edgenas y campesinos enfrentan el riesgo de que se impongan cambios en las maneras en las que gestionan sus propiedades, advierte David Su\u00e1rez. El experto de Land is Life recuerda que ya existen altos est\u00e1ndares para aplicar pol\u00edticas ambientales y sociales, como el creado por el Banco Mundial.<\/p>\n Otra preocupaci\u00f3n tiene que ver con los reclamos, quejas y controversias, contemplados en el art\u00edculo 68. La norma dice que se emitir\u00e1 un procedimiento para que quien lo desee pueda presentarlas. Ecuador podr\u00eda basarse en el Procedimiento de Quejas y Controversias de Naciones Unidas, que fue emitido el 4 de mayo de 2024, despu\u00e9s de dos a\u00f1os de discusiones. Este documento permite que las personas afectadas por las actividades de los mercados de carbono apelen decisiones o presenten reclamos.<\/p>\n Solo personas naturales o jur\u00eddicas pueden presentar reclamos, quejas o controversias, de acuerdo con el documento ecuatoriano. Esto le preocupa a Emil Siren Gualinga, ind\u00edgena kichwa de Sarayaku y experto en finanzas sustentables y derechos ind\u00edgenas, pues, explica, los pueblos ind\u00edgenas son sujetos de derechos colectivos y se organizan como tal. \u201c\u00bfC\u00f3mo se puede incluir el derecho propio de los pueblos ind\u00edgenas en estos reclamos o quejas para que haya colaboraci\u00f3n entre el sistema ordinario y el de la justicia ind\u00edgena?\u201d, cuestiona.<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Una normativa extensa, pero incompleta<\/strong><\/p>\n La lista de requisitos t\u00e9cnicos y administrativos contemplados en la norma es extensa. Esto puede dificultar que implementadores y pueblos ind\u00edgenas y campesinos lleguen a acuerdos, se\u00f1ala David Su\u00e1rez. A su vez, por la falta de acceso a la informaci\u00f3n, puede terminar condicionando a estos pueblos a depender de tutelas de terceros, limitando su autonom\u00eda.<\/p>\n \u201c\u00bfPor qu\u00e9 en donde hay pueblos ind\u00edgenas hay m\u00e1s bosques?\u201d, invita a preguntarse Levi Sucre. Para Su\u00e1rez y Carina Sandoval de la Fundaci\u00f3n Pachamama es indispensable reconocer que los pueblos ind\u00edgenas han manejado de manera sostenible sus bosques durante siglos, asegurando la provisi\u00f3n de servicios ambientales m\u00e1s all\u00e1 de la captaci\u00f3n de carbono.<\/p>\n En la Descripci\u00f3n de iniciativas de mitigaci\u00f3n, incluida en el Anexo I del Esquema, no se incluyen la cuantificaci\u00f3n de los bosques primarios ni los bosques en pie, pues las iniciativas de mitigaci\u00f3n deben mostrar adicionalidad. En la norma, este criterio se define as\u00ed: \u201cCaracter\u00edstica de una actividad que genera reducciones o remociones de GEI y\/o mejoras en la eliminaci\u00f3n de GEI m\u00e1s all\u00e1 de lo que habr\u00eda ocurrido sin los incentivos proporcionados por una iniciativa de mitigaci\u00f3n\u201d. Este es un riesgo, pues se pueden generar incentivos para deforestar los bosques con el fin de implementar proyectos aprobados, como las plantaciones forestales, de acuerdo con Gustavo Red\u00edn, de Cedenma.<\/p>\n La norma incluye 12 disposiciones transitorias, que debieron ser cumplidas en un plazo de\u00a0 90 d\u00edas y un a\u00f1o despu\u00e9s de la emisi\u00f3n de la normativa. El 16 de junio de 2024 se cumpli\u00f3 ese plazo. De acuerdo con el MAATE, tres disposiciones se han cumplido: el plan de sostenibilidad financiera, la metodolog\u00eda de evaluacio?n de los programas de certificacio?n de GEI e identificaci\u00f3n a las entidades que cumplen con estos criterios y la reforma del acuerdo ministerial que expide el Plan de Acci\u00f3n Redd+ con el fin de buscar la complementariedad con lo dispuesto en el Esquema.<\/p>\n Entre las que no se han cumplido est\u00e1n la gu\u00eda de aplicaci\u00f3n de los procesos de consulta y otras medidas de aplicaci\u00f3n de salvaguardas ambientales y sociales y el mecanismo para gestionar reclamos, quejas o controversias ten\u00edan plazo hasta septiembre y diciembre de 2023, respectivamente.<\/p>\n A pesar de que las reglas de juego todav\u00eda no est\u00e1n claras, ya hay proyectos en marcha que involucran a pueblos ind\u00edgenas, como el proyecto Sierra, mencionado anteriormente.<\/p>\n Durante el gobierno de Noboa, que asumi\u00f3 en noviembre de 2023, no se han dado mayores declaraciones sobre esta norma t\u00e9cnica, aunque Sade Fritschi, la actual ministra de Ambiente, ha hecho varias apariciones en espacios nacionales e internacionales hablando sobre las estrategias de mitigaci\u00f3n que lleva a cabo Ecuador. Adem\u00e1s, en las redes sociales el Ministerio de Ambiente no ha dejado de promover el Programa Ecuador Carbono Cero, que permite que empresas nacionales obtengan certificados por cuantificaci\u00f3n, reducci\u00f3n y neutralizaci\u00f3n de su huella de carbono organizacional, programa que motiv\u00f3 la creaci\u00f3n del Esquema de Compensaci\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n Fuente: https:\/\/prensacomunitaria.org\/2024\/07\/ecuador-ya-tiene-norma-de-carbono-pero-es-incompleta-y-excluyo-a-indigenas\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Escrito por Ana Cristina Alvarado, 14 de julio de 2024 En junio de 2023, el Ministerio de Ambiente ecuatoriano public\u00f3 una normativa para regular el mercado voluntario de bonos de carbono. En la construcci\u00f3n del esquema que se emiti\u00f3 no se tom\u00f3 en cuenta a los pueblos ind\u00edgenas, ya que \u00a0 no se les inform\u00f3 ni se consult\u00f3 de manera adecuada, como se recomienda a nivel internacional. En este mercado, empresas y organizaciones que no han logrado eliminar la emisi\u00f3n de gases de efecto invernadero de sus operaciones, compran bonos de carbono equivalentes en toneladas m\u00e9tricas a su contaminaci\u00f3n para, como en un tabla contable, dejar en cero este impacto ambiental. Desarrolladores de estos proyectos se han centrado en territorios habitados por comunidades ind\u00edgenas\u00a0 alrededor del mundo, pues\u00a0 estos pueblos\u00a0 son considerados guardianes de m\u00e1s del 40% de los ecosistemas intactos que quedan en la Tierra, de acuerdo con una publicaci\u00f3n de\u00a0Carbon Brief, un\u00a0website\u00a0brit\u00e1nico con informaci\u00f3n cient\u00edfica y clim\u00e1tica. En Ecuador, el 67% de los bosques de la Amazon\u00eda est\u00e1n dentro de territorios de pueblos ind\u00edgenas, de acuerdo con\u00a0informaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Ecociencia. Por ello no extra\u00f1a que\u00a0 empresas o intermediarios \u2014que han sido llamados \u201cpiratas del carbono\u201d\u2014 est\u00e9n […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1003234,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9534],"tags":[12535,9616,14046,9768,14045,14011],"type-activite":[],"class_list":["post-1003236","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticia","tag-derechos","tag-ecuador","tag-huella-de-carbono","tag-indigenas","tag-norma","tag-poblaciones-locales"],"acf":[],"yoast_head":"\n