Escrito por CEJIL, Amnist\u00eda internacional, 10 de junio de 2024<\/p>\n
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El 6 de junio del 2024, el pleno del Congreso de la Rep\u00fablica del Per\u00fa decidi\u00f3 aprobar el proyecto de ley N\u00b0 6951\/2023-CR, el cual declara la prescripci\u00f3n de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convenci\u00f3n sobre la Imprescriptibilidad de los Cr\u00edmenes de Guerra y de los Cr\u00edmenes de Lesa Humanidad.<\/p>\n
En una primera votaci\u00f3n, con 60 votos favor, 36 en contra y 11 abstenciones, este proyecto de ley implica que,\u00a0\u201cnadie ser\u00e1 procesado, condenado, ni sancionado por delito de lesa humanidad o cr\u00edmenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio 2002, bajo sanci\u00f3n de nulidad y responsabilidad funcional. Ning\u00fan hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o cr\u00edmenes de guerra.\u201d<\/em>\u00a0Estando pendiente, para su aprobaci\u00f3n final, que sea ratificada en una segunda votaci\u00f3n dentro de siete d\u00edas.<\/p>\n De ser aprobada esta norma, se promover\u00eda la impunidad en todos los casos que son parte del conflicto armado interno ocurrido en el Per\u00fa durante las d\u00e9cadas 1980-2000. Ello incluye no s\u00f3lo las investigaciones y procesos judiciales en curso, como por ejemplo los casos emblem\u00e1ticos Cabitos, Huanta, Manta y Vilca (d\u00e9cada de 1980), Rio Chari, Universidad del Centro (d\u00e9cada de 1990), Caraque\u00f1o-Pativilca, Esterilizaciones Forzadas ( el cual incluye los casos Mam\u00e9rita Mestanza y Celia Ramos por los que est\u00e1 siendo investigado\/procesado Alberto Fujimori Fujimori), entre otros; sino que incluso anular\u00eda las sanciones impuestas a aquellos que ya han sido encontrados culpables de estos hechos, como son los casos Accomarca, Chumbivilcas, Cabitos 83 y Chuschi (1980), Barrios Altos, La Cantuta, G\u00f3mez Palomino, S\u00f3tanos del SIE (casos durante la dictadura de Fujimori).<\/p>\n Como se puede observar, la decisi\u00f3n del Congreso colisiona con la obligaci\u00f3n estatal de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el Per\u00fa, al pretender beneficiar a los responsables de tales actos. Estas obligaciones no s\u00f3lo encuentran asidero claramente constitucional, sino tambi\u00e9n en el derecho internacional derivadas de los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos debidamente ratificados.<\/p>\n Asimismo, es importante resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varias sentencias en donde se reafirma esta obligaci\u00f3n. En la Sentencia del Caso Barrios Altos Vs. Per\u00fa, la Corte Interamericana se\u00f1al\u00f3 que\u00a0\u201cson inadmisibles las disposiciones de amnist\u00eda,\u00a0las disposiciones de prescripci\u00f3n<\/strong>\u00a0y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos\u201d<\/em>. El Estado no puede argumentar normas de derecho interno para eximirse de la obligaci\u00f3n de investigar y sancionar a los responsables.<\/p>\n En raz\u00f3n a ello, expresamos nuestro total rechazo a la decisi\u00f3n de la mayor\u00eda del Congreso, al aprobar en primera votaci\u00f3n este proyecto de ley que es una amnist\u00eda disfrazada y busca transgredir las obligaciones internacionales que el Per\u00fa est\u00e1 obligado a cumplir. Esto permitir\u00eda perpetuar la impunidad de los responsables por graves violaciones de derechos humanos.<\/p>\n Organizaciones firmantes:\u00a0<\/strong><\/p>\n <\/p>\n\n