Publicado por Antonio Jos\u00e9 Paz Cardona, Mongabay, el 21 de mayo de 2024<\/p>\n
Las agresiones contra los l\u00edderes sociales, ambientales y de derechos humanos en Colombia no paran.<\/strong>\u00a0El pasado 16 de mayo, la organizaci\u00f3n Somos Defensores public\u00f3\u00a0el informe\u00a0Puntos suspensivos<\/em>\u00a0en el que revela que durante el 2023 se presentaron 765 agresiones contra 712 defensores, lo que representa un promedio de dos agresiones diarias.<\/p>\n Dentro de la categor\u00eda de agresiones, la organizaci\u00f3n considera los asesinatos, los atentados, las amenazas, los desplazamientos forzados, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, los robos de informaci\u00f3n, los secuestros, las judicializaciones, las torturas y las agresiones sexuales.\u00a0Los hechos violentos de mayor ocurrencia fueron las amenazas (57 %), seguidas de los asesinatos (22 %),<\/strong>\u00a0los atentados (9 %), los desplazamientos forzados (4.5 %) y las desapariciones forzadas (2.6 %).<\/p>\n Los meses m\u00e1s cr\u00edticos fueron enero, marzo, abril, febrero y julio, respectivamente. Esto ubic\u00f3 al primer semestre del a\u00f1o como el m\u00e1s grave para los liderazgos en el pa\u00eds, ya que el 63 % de los hechos se presentaron en este periodo.<\/p>\n En el 2023 se present\u00f3 una disminuci\u00f3n del 9 % sobre el total de agresiones en comparaci\u00f3n con el 2022 (75 hechos menos). El informe resalta que la disminuci\u00f3n en la violencia selectiva es positiva, pero hay varios elementos que impiden interpretar esto como una se\u00f1al de mejora en el nivel de riesgo. \u201cEl n\u00famero de personas afectadas por este tipo de violencia contin\u00faa siendo muy alto para hablar de un cambio en las tendencias, adem\u00e1s, el notorio incremento en algunos tipos de agresiones y en la presunta responsabilidad de grupos armados que est\u00e1n en medio de conversaciones con el Gobierno, puede evidenciar la transformaci\u00f3n de din\u00e1micas de la guerra en los territorios\u201d, se\u00f1ala el documento.<\/p>\n Los asesinatos estuvieron entre las agresiones que presentaron una disminuci\u00f3n, al pasar de 197 en el 2022 a 168 en el 2023. Para Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, esto es importante porque \u201cson vidas que no se perdieron\u201d, sin embargo, asegura que falta mucho trabajo por hacer.<\/p>\n A Torres le preocupa, por ejemplo, que en el escenario de\u00a0Paz Total\u00a0\u2014una pol\u00edtica de Estado implementada por el actual gobierno, que propone la finalizaci\u00f3n del conflicto mediante la implementaci\u00f3n de f\u00f3rmulas de negociaci\u00f3n y acogimiento a la justicia con grupos armados con caracter\u00edsticas variadas\u2014, muchos l\u00edderes y lideresas fueron agredidos por actores que estaban en conversaciones para un cese al fuego.<\/p>\n Llevar la voluntad pol\u00edtica hacia acciones concretas<\/strong><\/p>\n En el 2023 se consolid\u00f3 la transici\u00f3n de un gobierno de derecha a uno de izquierda. La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia gener\u00f3 gran expectativa en sectores ambientales, sociales y de derechos humanos. Sumado a esto, la ejecuci\u00f3n de la estrategia de Paz Total empez\u00f3 a reflejar cambios en la situaci\u00f3n de los defensores.\u00a0\u201cLa intensidad de la violencia baj\u00f3, especialmente la m\u00e1s visible, pero se traslad\u00f3 hacia agresiones no letales y que en periodos anteriores fueron menos frecuentes\u201d,<\/strong>\u00a0se lee en el informe\u00a0Puntos Suspensivos<\/em>.<\/p>\n Al igual que los asesinatos, las amenazas tambi\u00e9n descendieron, al pasar de 517 en el 2022 a 436 en el 2023. Sin embargo, agresiones como los desplazamientos forzados aumentaron a 35 en el 2023, cuando en el a\u00f1o anterior se registraron 18. Es decir, hubo un incremento del 94.4 %. Por su parte, las desapariciones forzadas pasaron de 8 a 20, los secuestros de 5 a 8 y los atentados de 66 a 68.<\/p>\n El reporte se\u00f1ala que en el 2023 se presentaron dos atentados m\u00e1s que en el 2022, \u201cpero cuando lo pones en perspectiva, \u00bfqu\u00e9 pasa si se hubieran consumado los atentados en Colombia? Estar\u00edamos hablando de 68 asesinatos m\u00e1s. Hay quienes dicen que los atentados son advertencias, pero detr\u00e1s de esto el mensaje es: \u2018La pr\u00f3xima vez no se fallar\u00e1\u2019\u201d, dice Torres.<\/p>\n La coordinadora de Somos Defensores tambi\u00e9n se refiere al desplazamiento forzado, porque esta agresi\u00f3n implica el desarraigo y es un golpe directo no s\u00f3lo al l\u00edder y a su familia, sino al proceso organizativo, que se va quedando sin sus voceros y donde muchas veces el miedo y el terror impiden que surjan nuevas vocer\u00edas.<\/p>\n Nadia Uma\u00f1a es una de las voces de un proceso organizativo en los departamentos de Cesar, Magdalena y el Magdalena Medio santandereano. Desde all\u00ed articulan siete organizaciones campesinas que han recuperado tierras bajo el argumento de ser playones comunales del complejo cenagoso de La Zapatosa. Uma\u00f1a asegura que se trata de cerca de 900 familias que han logrado recuperar aproximadamente\u00a07000 hect\u00e1reas que antes eran utilizadas para ganader\u00eda y cultivos de uso il\u00edcito.<\/strong><\/p>\n La lideresa ha sido v\u00edctima de amenazas y desplazamiento forzado. Y no solo esto, varios de los l\u00edderes que trabajaban junto a ella fueron asesinados en a\u00f1os anteriores. Los asesinatos de Albert Mej\u00eda, en 2021;\u00a0Te\u00f3f\u00edlo Acu\u00f1a y Jorge Tafur, en marzo de 2022, y\u00a0Jos\u00e9 Luis Qui\u00f1ones, en agosto del 2022, afectaron a su proceso organizativo al darse fracturas y divisiones internas.<\/p>\n \u201cAlrededor de la ci\u00e9naga de Zapatosa hay narcotr\u00e1fico y unos intereses del proyecto pol\u00edtico paramilitar de control territorial al que no le conviene, obviamente, tener un proceso organizativo como el nuestro. En Colombia, si hay algo peligroso para defender es la naturaleza y si hay algo dif\u00edcil de lograr es el acceso a la tierra para el campesinado. Y justamente esos son los dos procesos que gu\u00edan nuestra organizaci\u00f3n\u201d, dice Uma\u00f1a.<\/p>\n La lideresa cuenta que cinco de los voceros m\u00e1s fuertes de su organizaci\u00f3n, incluida ella, tuvieron que desplazarse forzosamente en abril de 2023. Seg\u00fan dice, despu\u00e9s del asesinato de sus cuatro compa\u00f1eros, la voluntad pol\u00edtica del nuevo gobierno les permiti\u00f3 instalar una mesa de interlocuci\u00f3n donde se trazaron algunas rutas para solucionar los problemas de Zapatosa, pero que el problema radic\u00f3 en que no hubo un seguimiento y cumplimiento estricto de los acuerdos. Las vocer\u00edas fueron visibilizadas en los territorios sin el acompa\u00f1amiento estatal. \u201cHubo una serie de amenazas muy directas a nuestra organizaci\u00f3n por parte de actores armados paramilitares que controlan el territorio, porque ven como una amenaza que las organizaciones sociales tengamos la capacidad de comunicarnos con el gobierno nacional y que el Estado empiece a hacer presencia en el territorio, no s\u00f3lo desde lo militar, sino desde una visi\u00f3n garantista de derechos\u201d.<\/p>\n Uma\u00f1a agrega que por experiencia propia \u201csabemos que nuestras amenazas son muy reales. Cuando nos amenazan, lo materializan. Entonces tuvimos que desplazarnos\u201d.<\/p>\n Las zonas m\u00e1s cr\u00edticas<\/strong><\/p>\n Las 765 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales registradas durante el 2023 ocurrieron en 29 departamentos y en Bogot\u00e1 Distrito Capital.\u00a0Esto equivale al 91 % del territorio nacional.\u00a0<\/strong><\/p>\n Los diez departamentos que concentraron la mayor ocurrencia de hechos violentos fueron Cauca (193), Antioquia (89), Nari\u00f1o (67), Valle del Cauca (65), Santander (49), Bol\u00edvar (43), Bogot\u00e1 (38), Norte de Santander (36), Magdalena (22) y C\u00f3rdoba (20). En estos departamentos ocurrieron 622 agresiones, equivalentes al 81 % del total registrado por Somos Defensores.<\/p>\n Muchos de estos departamentos tambi\u00e9n se cruzan con algunas estad\u00edsticas del Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja (CICR), que public\u00f3 en abril\u00a0su informe Balance Humanitario Colombia 2023. Aunque el documento no se centra en defensores, s\u00ed reporta todos los casos de violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) registrados por la organizaci\u00f3n en el pa\u00eds.<\/p>\n El CICR registr\u00f3 444 presuntas violaciones al DIH por parte de actores armados estatales y no estatales, y destac\u00f3 la falta de protecci\u00f3n para la poblaci\u00f3n civil ante los efectos de las hostilidades. Por quinto a\u00f1o consecutivo, el departamento de Nari\u00f1o fue el que registr\u00f3 m\u00e1s desplazamientos masivos, con un total de 26 014 personas desplazadas, superando por mucho a Bol\u00edvar, el segundo departamento con m\u00e1s personas que abandonaron masivamente su territorio (4085). En el listado tambi\u00e9n aparecen los departamentos de Cauca (3909) y Valle del Cauca (3695).<\/p>\n Tanto Nari\u00f1o como Cauca y Valle del Cauca tambi\u00e9n aparecen en los primeros lugares de los departamentos con m\u00e1s desplazamientos individuales, desapariciones y confinamientos.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 pasa en el suroccidente colombiano? Lorenzo Caraffi, jefe de la delegaci\u00f3n del CICR en Colombia, le dijo a Mongabay Latam que en el pa\u00eds, y particularmente en el suroccidente, aument\u00f3 el n\u00famero de minas antipersonales, lo que refleja un aumento en la conflictividad entre grupos armados en las zona rurales, que puede constatarse en cifras como el aumento del 19 % en la poblaci\u00f3n colombiana confinada y del 18 % en los desplazamientos individuales durante el 2023.<\/p>\n \u201cNotamos que hubo una reducci\u00f3n clara de los enfrentamientos entre Fuerza P\u00fablica y grupos armados con quienes hay, o hubo en su momento, un cese al fuego. Pero hubo un aumento de la conflictividad entre grupos armados. La situaci\u00f3n es m\u00e1s compleja de la que exist\u00eda a\u00f1os atr\u00e1s por la multiplicaci\u00f3n de los grupos, su reorganizaci\u00f3n y su reconfiguraci\u00f3n. Esto hace que las comunidades est\u00e9n en una situaci\u00f3n muy dif\u00edcil, ya que con mucha frecuencia se encuentran con varios grupos armados que se disputan el control territorial\u201d, asegur\u00f3 Caraffi.<\/p>\n El informe\u00a0Puntos Suspensivos<\/em>\u00a0de Somos Defensores destaca que el suroccidente del pa\u00eds es un territorio estrat\u00e9gico no s\u00f3lo por su riqueza en recursos naturales sino por su ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica, lo que lo convierte en una ruta importante para el narcotr\u00e1fico y otras actividades il\u00edcitas. All\u00ed se presentaron 338 agresiones, que corresponden al 44 % del total de hechos violentos del 2023.\u00a0El suroccidente concentr\u00f3 tambi\u00e9n la mayor cantidad de asesinatos de l\u00edderes, 75 casos que equivalen al 45 %.<\/strong><\/p>\n Los agresores y las negociaciones con el gobierno nacional<\/strong><\/p>\n El liderazgo m\u00e1s afectado en Colombia durante el 2023 fue el ind\u00edgena con 222 agresiones, de las cuales 122 ocurrieron en el departamento del Cauca. Le siguen el liderazgo comunal (112), el comunitario (100), el campesino (83), el de derechos humanos (58), el de v\u00edctimas (55) y el ambiental (39).<\/p>\n Astrid Torres menciona que la gran cantidad de agresiones en contra de los ind\u00edgenas, sobre todo en el suroccidente de Colombia, se debe en gran parte a que \u201call\u00ed hay una fuerte presencia de comunidades \u00e9tnicas que tienen por principio ser autoridad y tener gobierno propio. Eso significa entrar en conflicto con los actores armados y decirles: \u2018en el territorio nuestro, mandamos nosotros\u2019. Eso no lo soportan los actores armados\u201d.<\/p>\n Otro de los puntos que destaca dentro del reporte de Somos Defensores es que en 322 (42 %) de los hechos violentos en contra los defensores se desconoce qui\u00e9n fue el agresor. En segundo lugar aparecen los paramilitares como responsables de 178 agresiones, los grupos armados pos acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)\u00a0 fueron se\u00f1alados en 136 casos y el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN) en 46. \u201cEncontramos incrementos en la presunta responsabilidad de grupos como el ELN (48,3%) y las estructuras posacuerdo de paz (30,7%)\u201d, indica el documento.<\/p>\n El mapa de los actores armados en Colombia es tan complejo que el CICR identific\u00f3 ocho conflictos internos vigentes, con base en la confluencia de dos criterios: que los grupos armados tengan un nivel suficiente de organizaci\u00f3n y que las hostilidades entre las partes alcancen un nivel m\u00ednimo de intensidad.<\/p>\n De esta manera determinaron que existen conflictos entre el Estado colombiano y el ELN, entre el Estado y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), entre el Estado y el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), una de las principales disidencias de esta guerrilla, entre el EMC y la Segunda Marquetalia, otra de sus disidencias; entre el EMC y la disidencia conocida como Comandos de Frontera; entre el EMC y las AGC; entre el EMC y el ELN, y entre el ELN y las AGC.<\/p>\n \u201cNosotros esperamos que el gobierno pueda avanzar con la Paz Total, pero poni\u00e9ndole l\u00edmites a los actores armados, l\u00edneas rojas para el respeto a la labor de las y los defensores de derechos humanos\u201d, dice Astrid Torres.<\/p>\n Lorenzo Caraffi menciona que el CICR no interviene en el manejo pol\u00edtico de los conflictos, a menos que sea invitado como mediador neutral, pero est\u00e1 convencido de que las comunidades deben estar en el centro de las conversaciones que se dan en las negociaciones entre el gobierno y los grupos armados. Tambi\u00e9n considera que se pueden tomar medidas para proteger a la poblaci\u00f3n civil, como no usar artefactos explosivos, no involucrar menores de edad dentro de los conflictos armados, buscar a las personas desaparecidas y respetar las acciones humanitarias.\u00a0\u201cTodos estos son elementos que pueden ser puestos en la mesa y corresponden a las obligaciones de las partes en relaci\u00f3n al DIH. Obligaciones que existen aunque no haya negociaciones ni haya cese al fuego\u201d,<\/strong>afirma Caraffi.<\/p>\n El actual gobierno colombiano, en palabras de Nadia Uma\u00f1a, tiene voluntad pol\u00edtica, pero tambi\u00e9n asegura que se necesita que las intenciones, as\u00ed como las medidas de protecci\u00f3n y los planes de acci\u00f3n para protegerlos, se materialicen. Por su parte, Torres agrega que \u201cel Gobierno ha tenido toda la voluntad pol\u00edtica para llevar a cabo el proceso de Paz Total, pero los actores armados no est\u00e1n comprometidos y eso es claro. El gobierno abri\u00f3 las puertas, pero los actores armados tambi\u00e9n son responsables por lo que sucede en los territorios\u201d.<\/p>\n Uma\u00f1a hace un llamado para que la Fiscal\u00eda avance con las investigaciones de las agresiones y asegura que si la sociedad en general no se convence de la importancia de la labor de los defensores en los territorios, este seguir\u00e1 siendo un tema que quedar\u00e1 en la impunidad. \u201cEl actor armado valora el costo pol\u00edtico de atentar contra un liderazgo dependiendo de las consecuencias que pueda recibir. Si las consecuencias son nulas, \u00bfqu\u00e9 le impide accionar en contra de cualquiera de nosotros?\u201d, enfatiza la lideresa.<\/p>\n Por ejemplo, Torres asegura que las amenazas siguen siendo una de las formas m\u00e1s comunes de agresi\u00f3n, porque logran su cometido de generar miedo y los mismos agresores saben que las autoridades pocas veces las investigan.<\/p>\n Las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en que la situaci\u00f3n de los defensores sigue siendo cr\u00edtica y que si las negociaciones que adelanta el gobierno fracasan, el futuro de los defensores puede ser a\u00fan m\u00e1s preocupante.<\/p>\n \u201cSi no se avanza por buen camino con la Paz Total, si no se logran resultados materiales y concretos, lo que pasa, como se ha demostrado otras veces en Colombia, es que habr\u00e1 un fortalecimiento de los actores armados ilegales\u201d, dice Torres. El informe Puntos Suspensivos concluye este asunto de forma contundente: \u201cEn caso de que las negociaciones de paz no prosperen, las personas defensoras, los liderazgos sociales y las comunidades quedar\u00e1n en medio de actores con alta capacidad y con una gobernanza armada fortalecida, lo que probablemente incrementar\u00e1 sus riesgos\u201d.<\/p>\n