{"id":1002915,"date":"2024-05-10T16:11:47","date_gmt":"2024-05-10T15:11:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cdhal.org\/?p=1002915"},"modified":"2024-05-10T16:11:47","modified_gmt":"2024-05-10T15:11:47","slug":"nuevo-informe-concluye-que-se-violaron-derechos-humanos-y-de-protesta-durante-las-protestas-contra-la-mineria-en-panama-octubre-noviembre-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cdhal.org\/es\/nuevo-informe-concluye-que-se-violaron-derechos-humanos-y-de-protesta-durante-las-protestas-contra-la-mineria-en-panama-octubre-noviembre-2023\/","title":{"rendered":"Nuevo informe concluye que se violaron derechos humanos y de protesta durante las protestas contra la miner\u00eda en panam\u00e1 octubre – noviembre 2023"},"content":{"rendered":"

Publicado por FUNDICCEP y Red nacional en defensa del agua Panama, con el apoyo de Panama vale m\u00e1s sin miner\u00eda, Mining Watch Canada y Earthworks, mayo del 2024<\/em><\/p>\n

El gobierno paname\u00f1o no protegi\u00f3 a la poblaci\u00f3n contra la brutalidad policial y la criminalizaci\u00f3n de los manifestantes, especialmente ambientalistas, sindicalistas y estudiantes de universidades p\u00fablicas. Cuatro personas fueron asesinadas en un contexto en el que el gobierno, la empresa minera canadiense (First Quantum), la polic\u00eda, los principales medios de comunicaci\u00f3n y los grupos empresariales alimenta- ron el odio entre pro mineros y manifestantes.<\/p>\n

Manifestantes y no manifestantes en Panam\u00e1 fueron sometidos a un abordaje sistem\u00e1tico de las violaciones a sus Derechos Humanos desde octubre de 2023, cuando muchos de ellos salieron a las calles para rechazar un nuevo contrato minero firmado entre su gobierno y la filial de la canadiense First Quantum Minerals.<\/p>\n

El contrato habr\u00eda legalizado la extracci\u00f3n de cobre, oro y plata en 13.000 hect\u00e1reas (32.000+ acres) ubicadas en el coraz\u00f3n del Corredor Biol\u00f3gico Mesoamericano, al norte del pa\u00eds. La empresa ten\u00eda un contrato que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Panam\u00e1 en 2017, a pesar de que el gobierno del entonces presidente Juan Carlos Varela prometi\u00f3 a la empresa que se firmar\u00eda un nuevo contrato y le permiti\u00f3 iniciar operaciones sin ning\u00fan tipo de tr\u00e1mite legal.<\/p>\n

La empresa comenz\u00f3 a exportar concentrado de cobre, que inclu\u00eda oro, plata y otros minerales en junio de 2019. El nuevo gobierno de Laurentino Cortizo, que asumi\u00f3 un mes despu\u00e9s -el 1 de julio- prometi\u00f3 a la empresa renegociar un nuevo contrato, al tiempo que tambi\u00e9n permiti\u00f3 a la empresa continuar con sus operaciones de facto sin pagar virtualmente impuesto alguno.<\/p>\n

Las negociaciones se desarrollaron con poca transparencia, el p\u00fablico s\u00f3lo pudo leer el borrador del contrato durante algunos d\u00edas antes de que el Poder Ejecutivo lo llevara a la Asamblea General para su aprobaci\u00f3n. El primer borrador fue devuelto en agosto de 2023 debido al alcance de las concesiones, que incluso permit\u00edan a la empresa comprar tierras, solicitar la expropiaci\u00f3n, retener afluentes en los caudales superiores de los r\u00edos, construir infraestructura como puertos, casas, represas, tuber\u00edas de suministro de agua y cobrar por su uso.<\/p>\n

El segundo borrador apenas sufri\u00f3 escrutinio p\u00fablico. Lleg\u00f3 a la Asamblea la tercera semana de octubre de 2023. Pas\u00f3 los tres debates, fue aprobado por 44 diputados, fue firmado por el presidente Cortizo y publicado en la Gaceta Oficial, todo en apenas tres d\u00edas. La aprobaci\u00f3n \u201cexpress\u201d del contrato fue ampliamente cuestionada en relaci\u00f3n con el alcance del inter\u00e9s econ\u00f3mico pasado y presente que, seg\u00fan reportes de medios, unen a los miembros del actual gobierno con la empresa.<\/p>\n

Las protestas contra la miner\u00eda se intensificaron el viernes 20 de octubre por la noche, alrededor de las 7 de la noche hora local, se oficializ\u00f3 el contrato-ley mientras cientos de paname\u00f1os protestaban frente a la Asamblea, recibiendo disparos de gases y balas de pimienta por parte de la polic\u00eda.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se dieron m\u00e1s de 1,500 detenciones arbitrarias entre estudiantes, ambientalistas, ind\u00edgenas, sindicalistas e incluso personas ajenas a las protestas.<\/p>\n

Hubo cientos de heridos, incluidos los gaseados por la polic\u00eda con bombas lacrim\u00f3genas caducadas, bolas de pimienta, golpes, heridas generales y disparos. Al menos cinco personas perdieron la visi\u00f3n total o parcialmente debido a la acci\u00f3n directa de la polic\u00eda, entre ellos se encuentra Aubrey Baxter, fotoperiodista y activista que recibi\u00f3 un disparo de perdigones directo en el ojo por un agente de polic\u00eda mientras documentaba la represi\u00f3n afuera de la Asamblea la semana en que se impuso el contrato.<\/p>\n

Hubo 4 personas asesinadas durante las protestas, dos de ellas fueron atropelladas mientras protestaban, una en Col\u00f3n y otra en Chiriqu\u00ed, y otras dos personas fueron asesinadas intencionalmente a plena luz del d\u00eda por un abogado extranjero con antecedentes penales. Las familias de las v\u00edctimas protestaban pac\u00edficamente en las calles de Chame, al oeste de la capital, en contra del contrato minero. El hombre baj\u00f3 de su auto y pregunt\u00f3 qui\u00e9n estaba a cargo de la protesta, luego dispar\u00f3 a sangre fr\u00eda a los dos hombres, uno era maestro y el otro compa\u00f1ero de una maestra.<\/p>\n

Para este informe se tomaron testimonios que se\u00f1alan un uso excesivo de la fuerza por parte de unidades policiales, especialmente contra estudiantes de universidades p\u00fablicas, ind\u00edgenas y sindicalistas. Estos grupos fueron fuertemente estigmatizados por funcionarios gubernamentales, los principales medios de comunicaci\u00f3n y grupos empresariales, la mayor\u00eda de ellos con grandes intereses como proveedores locales de la empresa minera.<\/p>\n

Seg\u00fan varios testigos y v\u00edctimas entrevistadas, los grupos ind\u00edgenas fueron especialmente racializados, atacados, discriminados y brutalmente reprimidos.<\/p>\n

Manifestantes y no manifestantes tambi\u00e9n fueron criminalizados y todav\u00eda est\u00e1n a la espera de juicio. En Chiriqu\u00ed, al occidente del pa\u00eds, 21 personas fueron demandadas por 50 millones de d\u00f3lares por la C\u00e1mara de Turismo de Chiriqu\u00ed y acusadas de \u201cterroristas\u201d y \u201csecuestradores\u201d, siendo muchos de ellos ambientalistas y activistas de larga data. El portavoz que dio los nombres de las 21 personas a los medios acab\u00f3 trabajando unos meses despu\u00e9s para la empresa minera, lo que genera dudas sobre las verdaderas intenciones de la demanda.<\/p>\n

En Col\u00f3n, provincia donde a\u00fan est\u00e1 radicada la mina, otras 3 personas fueron criminalizadas. Uno de ellos del grupo de lancheros que protestaron frente al puerto minero bloqueando el acceso al barco que sacaba los minerales mientras el contrato a\u00fan estaba pendiente de sentencia judicial. Los otros dos fueron detenidos arbitrariamente ya que, seg\u00fan su abogado, no estaban protestando en el momento de la captura.<\/p>\n

Todav\u00eda hay manifestantes con causas judiciales abiertas por diversos motivos, que deben esperar al menos seis meses para que se lleven a cabo las investigaciones. La mayor\u00eda acusa a los fiscales de parcialidad hacia la empresa minera o del gobierno, que actu\u00f3 m\u00e1s como una entidad de relaciones p\u00fablicas de la empresa durante todo el proceso en lugar de representar al Pueblo de Panam\u00e1.<\/p>\n

Se tomaron otras represalias contra los sindicatos que protestaron contra el contrato. Por ejemplo, el banco estatal Caja de Ahorros cerr\u00f3 cuentas bancarias del sindicato de trabajadores de la construcci\u00f3n Suntracs sin ninguna investigaci\u00f3n, alerta o denuncia en ese momento. Sus l\u00edderes tambi\u00e9n fueron criminalizados y detenidos, todo esto mientras se desarrollaban las protestas.<\/p>\n

El gobierno paname\u00f1o tambi\u00e9n retuvo el salario de los maestros p\u00fablicos como medida para romper la huelga que declararon en oposici\u00f3n al contrato minero.<\/p>\n

Tambi\u00e9n al menos dos comunicadores fueron despedidos de sus puestos de trabajo por oponerse abiertamente al contrato, como dieron a entender en sus declaraciones tras sus despidos.<\/p>\n

Los pueblos ind\u00edgenas fueron blanco especial de discursos de odio, criminalizaci\u00f3n y violencia durante las protestas, especialmente en tierras agr\u00edcolas en Chiriqu\u00ed y Bocas del Toro, donde son la principal fuerza laboral en la industria agr\u00edcola que se desarrolla en esta regi\u00f3n. Las malas condiciones y est\u00e1ndares laborales que han denunciado en el pasado fueron respondidos en forma de violencia por parte de algunos propietarios de tierras y granjas para los que trabajan. Esto qued\u00f3 claro el 2 de noviembre, cuando algunos agricultores y el alcalde de Tierras Altas emboscaron violentamente los lugares de protesta, infligiendo heridas a los ni\u00f1os que tambi\u00e9n se encontraban all\u00ed.<\/p>\n

La informaci\u00f3n recopilada tambi\u00e9n muestra un intento coordinado entre la empresa y algunos actores p\u00fablicos y privados para crear un ambiente hostil contra manifestantes y opositores antiminer\u00eda, utilizando discursos de odio alimentados con etiquetas falsas como \u201cterroristas\u201d, \u201csecuestradores\u201d, \u201ccomunistas\u201d y otros, difamaci\u00f3n en medios de comunicaci\u00f3n y\/o redes sociales y generalizaci\u00f3n de la narrativa de una \u201cturba violenta\u201d que saque\u00f3 y llev\u00f3 el caos a las calles, sin abordar adecuadamente a los infiltrados que portaban armas en la protesta a pocos pasos de los agentes policiales.<\/p>\n

Estos son s\u00f3lo algunos de los casos documentados para este informe. Hay varias v\u00edctimas m\u00e1s en todo el pa\u00eds que contin\u00faan sufriendo las consecuencias de oponerse a una gran empresa minera canadiense. En general, el miedo fue infligido por el sistema (gobierno, polic\u00eda, empresas, medios de comunicaci\u00f3n y pro mineros) en forma de violencia, demandas, despidos, discursos de odio, criminalizaci\u00f3n e incluso al no proteger a la poblaci\u00f3n de asesinatos cometidos por terceros.<\/p>\n

Fuente: https:\/\/s3.documentcloud.org\/documents\/24630460\/resumenejecutivo_panama_esp.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Cuatro personas fueron asesinadas en un contexto en el que el gobierno, la empresa minera canadiense (First Quantum), la polic\u00eda, los principales medios de comunicaci\u00f3n y los grupos empresariales alimenta- ron el odio entre pro mineros y manifestantes. Manifestantes y no manifestantes en Panam\u00e1 fueron sometidos a un abordaje sistem\u00e1tico de las violaciones a sus Derechos Humanos desde octubre de 2023, cuando muchos de ellos salieron a las calles para rechazar un nuevo contrato minero firmado entre su gobierno y la filial de la canadiense First Quantum Minerals. El contrato habr\u00eda legalizado la extracci\u00f3n de cobre, oro y plata en 13.000 hect\u00e1reas (32.000+ acres) ubicadas en el coraz\u00f3n del Corredor Biol\u00f3gico Mesoamericano, al norte del pa\u00eds. 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