Publicado por Anne Bordatto, Prensa comunitaria, el 29 de enero del 2024<\/p>\n
A la toma de posesi\u00f3n del gobierno de Bernardo Ar\u00e9valo le seguir\u00e1n muchos retos que enfrentar y muchas esperanzas sembradas en las promesas electorales que tendr\u00e1n que cumplir para lograr cambios duraderos en sectores econ\u00f3micos que afectan el pa\u00eds, como el de las industrias extractivas.<\/p>\n
Est\u00e1 claro que en un periodo de gobierno de cuatro a\u00f1os, y con un Congreso adverso, no se pueden lograr cambios fundamentales como las reformas legales necesarias. Pero hay cambios que se pueden realizar desde las instituciones gubernamentales, particularmente con el apoyo de actores tan esenciales para el cuidado del ambiente y la salvaguarda de la democracia como los Pueblos Ind\u00edgenas en Guatemala.<\/p>\n
Estos \u00faltimos tres meses, la fuerza de movilizaci\u00f3n de los Pueblos Ind\u00edgenas ha sido visible, en los plantones de resistencia masivos en las carreteras; incluso en la misma ciudad capital se ha dado un encuentro con sectores capitalinos tan discriminados como los Pueblos Ind\u00edgenas. Son cinco siglos en que los Pueblos Mayas y Xinka han resistido a un modelo impuesto desde la colonizaci\u00f3n, el extractivismo que inici\u00f3 con la miner\u00eda y el modelo agroexportador y que se ha diversificado con la depredaci\u00f3n de los bienes naturales, de sus culturas y medios de vida.<\/p>\n
Se han movilizado en contra de cada proyecto implementado de manera inconsulta, desde trincheras comunitarias en los territorios expoliados, buscando el di\u00e1logo que el gobierno ha negado o quebrantado; desde demandas para el cumplimiento de sus derechos, exigiendo instituciones y marcos normativos m\u00e1s eficientes para que se respeten las formas comunales de administraci\u00f3n de las tierras, los bienes naturales, as\u00ed como el pluralismo en la justicia, la salud y la educaci\u00f3n\u2026 \u00a0Los Pueblos Ind\u00edgenas muestran que es posible una pol\u00edtica que sirva para el bien com\u00fan, que ejercita el poder entre las personas y las comunidades, que dialoga y consens\u00faa. Defienden la democracia mucho m\u00e1s all\u00e1 que un apoyo al Movimiento Semilla, y esperamos que sean su inspiraci\u00f3n para gobernar.<\/p>\n
Todo el trabajo de recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n, investigaci\u00f3n y propuestas desde los movimientos de resistencia puede aportar muchas luces sobre cambios necesarios para mejorar el Estado guatemalteco.<\/p>\n
Acceso a la informaci\u00f3n para el derecho a defender los territorios<\/strong><\/p>\n Como pre\u00e1mbulo a las 10 Semillas, su\u00a0Plan de Gobierno<\/a>\u00a0el Movimiento Semilla reconoce que \u201cel libre acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica por parte de los ciudadanos y la prensa no es una concesi\u00f3n, sino un derecho y una caracter\u00edstica del buen gobierno\u201d.<\/p>\n El derecho a la informaci\u00f3n es fundamental para conocer las amenazas que puede haber sobre un territorio. Es la base para poder tener acceso a justicia y fundamentar la defensa en contra de posibles afectaciones.<\/p>\n Este derecho ha sido vetado por los gobiernos anteriores. Al final del gobierno de Jimmy Morales, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) quit\u00f3 el acceso a la p\u00e1gina\u00a0Open Data<\/em>\u00a0que permit\u00eda conocer todos los proyectos aprobados y en desarrollo en un territorio de forma r\u00e1pida y daba informaci\u00f3n precisa sobre los expedientes para pedir copias en el ministerio. Eso es importante porque el MARN cobra los costos de reproducci\u00f3n de los expedientes -en vez de facilitar su acceso libre, directo y gratuito en l\u00ednea- al menos en los casos de los estudios de impacto ambiental (EIA) que deben de pasar por el escrutinio de la participaci\u00f3n p\u00fablica.<\/a>[1]<\/a><\/p>\n <\/a>[1]<\/a>\u00a0Actualmente, se publican \u00fanicamente los edictos, anuncios de prensa que comparten informaci\u00f3n b\u00e1sica sobre proyectos de alto impacto ambiental, en la p\u00e1gina internet del MARN. El periodo de \u201cparticipaci\u00f3n p\u00fablica\u201d es de 20 d\u00edas durante los cuales se puede pedir copia del estudio (el ministerio puede tardar hasta 10 d\u00edas para proporcionar la copia, seg\u00fan la ley de acceso a la informaci\u00f3n), y presentar ante el MARN los argumentos de oposici\u00f3n al EIA con un fundamento t\u00e9cnico, cient\u00edfico o jur\u00eddico.<\/p>\n El acceso a la informaci\u00f3n debe tambi\u00e9n permitir conocer el desempe\u00f1o de las instituciones del Estado, como el n\u00famero de proyectos visitados por el MARN para seguimiento, monitoreo y auditor\u00eda ambiental; el grado de cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos en la aprobaci\u00f3n del proyecto, as\u00ed como el seguimiento en casos de incumplimiento (sanciones, multas, cierres provisionales y definitivos de operaciones).<\/p>\n Lo mismo se espera del Ministerio de Energ\u00eda y Minas (MEM). En el caso de las centrales hidroel\u00e9ctricas, la Comisi\u00f3n de Energ\u00eda El\u00e9ctrica contaba con un\u00a0mapa de las presas\u00a0<\/a>del cual s\u00f3lo queda el listado sin acceso a las fichas informativas de cada central hidroel\u00e9ctrica. Conten\u00eda datos sobre los proyectos, los niveles de riesgos y los manuales de operaci\u00f3n, mantenimiento y vigilancia, el plan de preparaci\u00f3n ante emergencias, las fechas en las cuales la empresa ten\u00eda que actualizar manuales o realizar supervisiones para cumplir con la Norma de Seguridad sobre las Presas. Fue un ejemplo de cu\u00e1n transparente podr\u00eda llegar a ser una instituci\u00f3n del Estado, y hubiera podido aplicarse a proyectos de altos impactos y\/o conflictivos, pero eso tambi\u00e9n ha sido desmantelado por el gobierno de Giammattei[2]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Mejores pr\u00e1cticas en los estudios de impacto para el cumplimiento de los derechos humanos y ambientales<\/strong><\/p>\n El Reglamento de Evaluaci\u00f3n, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA) necesita varias mejoras que se pueden implementar desde el MARN a trav\u00e9s de acuerdos gubernativos que no necesitan pasar por el Congreso.<\/p>\n Un paso esencial para evitar la conflictividad social, adem\u00e1s de mejorar el acceso a la informaci\u00f3n y la consulta, es que los estudios de impacto ambiental eval\u00faen los impactos sociales de los proyectos. En un pa\u00eds empobrecido y saqueado como Guatemala, la poblaci\u00f3n depende de los bienes naturales locales para cubrir sus necesidades b\u00e1sicas en agua, alimentos y le\u00f1a. Por eso, cuando se implementa un proyecto hidroel\u00e9ctrico que desv\u00eda el curso de un r\u00edo y privatiza su acceso, adem\u00e1s de intervenir y a menudo deforestar un \u00e1rea para la infraestructura y caminos de acceso, se priva a la poblaci\u00f3n local de los beneficios que el r\u00edo aporta al bienestar humano y espiritual.<\/p>\n Reconocer un \u201cpa\u00eds plural\u201d y fortalecer una \u201ceconom\u00eda humana\u201d pasa por reconocer que hist\u00f3ricamente el mundo de los megaproyectos privados y del lucro se enfrenta con el mundo de la conexi\u00f3n con el entorno de vida y de la sobrevivencia.<\/p>\n Para proyectos de alto impacto ambiental no se deber\u00eda limitar el acceso a la informaci\u00f3n a lo que actualmente se llama \u201cparticipaci\u00f3n p\u00fablica\u201d. Varios Pueblos Ind\u00edgenas han demandado ante las cortes nacionales el cumplimiento de sus derechos reconocidos en el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, as\u00ed como en el sistema universal e interamericano de derechos humanos, para que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) sean consultados -como las licencias mineras e hidroel\u00e9ctricas- como medidas administrativas que afectan sus territorios y medios de vida. De hecho, el proceso de informaci\u00f3n, consulta y consentimiento, en el caso de proyectos de alto impacto, deber\u00eda de aplicarse a toda poblaci\u00f3n afectada, sea ind\u00edgena o mestiza.<\/p>\n La aprobaci\u00f3n de un EIA es muy importante para actividades relacionadas con los monocultivos (palma aceitera, banano, ca\u00f1a de az\u00facar, etc.) o granjas de animales, pues es el \u00fanico proceso administrativo existente actualmente para asegurar un uso racional y equitativo del agua y otros bienes naturales, limitar los impactos en la salud (debidos a las condiciones de trabajo, uso de agroqu\u00edmicos, manejo de los desechos l\u00edquidos y s\u00f3lidos, etc.) y otros tipos de riesgos, como el impacto en la seguridad alimentaria de las comunidades aleda\u00f1as. Se ha podido documentar que varias actividades de monocultivos en la Costa Sur o en la Franja Transversal del Norte, como el cultivo de la ca\u00f1a, algunas extractoras de aceite de palma o fumigaciones a\u00e9reas, no cuentan con instrumentos de evaluaci\u00f3n ambiental.<\/p>\n Los EIA son documentos donde se puede encontrar informaci\u00f3n sobre pr\u00e1cticas industriales, como los agroqu\u00edmicos que se utilizan en ciertos monocultivos, pero no se actualiza la informaci\u00f3n con cambios de pr\u00e1cticas. El Ministerio de Agricultura Ganader\u00eda y Alimentaci\u00f3n (MAGA) no sistematiza \u00a0informaci\u00f3n a nivel nacional sobre los tipos y la cantidad de productos importados o producidos, para qu\u00e9 cultivos y con qu\u00e9 uso.<\/p>\n Son datos importantes porque las comunidades que viven cerca de \u00e1reas de monocultivos denuncian la contaminaci\u00f3n del aire, del suelo y del agua, impacto en sus producciones agr\u00edcolas familiares y la fuerte incidencia de enfermedades, en particular renales. Es muy dif\u00edcil as\u00ed conocer tambi\u00e9n la incidencia del uso de pesticidas prohibidos de uso en la Uni\u00f3n Europea, pero que esta sigue produciendo y exportando, as\u00ed como de otros plaguicidas particularmente peligrosos como el glifosato, y definir acciones a tomar para reducir su utilizaci\u00f3n y sus impactos.<\/p>\n Para informar a la poblaci\u00f3n afectada sobre los impactos reales de los proyectos, se necesita mejorar la calidad de los EIA, como lo demuestra el proceso que lleva el Parlamento Xinka en el caso de la minera San Rafael. Tambi\u00e9n falta construir colectivamente con las comunidades afectadas buenas pr\u00e1cticas para la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n fidedigna, culturalmente accesible y apropiable (los EIA podr\u00edan ser consultables en las municipalidades, el personal de ministerios presentar\u00eda la informaci\u00f3n en reuniones p\u00fablicas en los municipios y aldeas afectadas, etc.).<\/p>\n Consulta y consentimiento pero con derecho de veto<\/strong><\/p>\n En una entrevista con periodistas comunitarios, Bernardo Ar\u00e9valo record\u00f3 que Guatemala es miembro del Convenio 169 de la OIT, aunque lo considere un \u201cmecanismo(s) para asegurar que las iniciativas de desarrollo o econ\u00f3micas se hagan mediante el consenso de las comunidades que se ver\u00edan afectadas o beneficiadas\u201d.<\/p>\n Hay grandes retos para definir qu\u00e9 hacer desde los ministerios, para respetar el derecho pleno a la consulta y al consentimiento libres, previos e informados. Pero tambi\u00e9n se debe aceptar el derecho de veto por el cual luchan las comunidades afectadas por los proyectos extractivos y no solo lograr un \u201cconsenso\u201d con supuestos beneficios de estas actividades econ\u00f3micas, porque la historia ha demostrado que las promesas no se cumplen, ya sea por las empresas o por el gobierno. Uno de los ejemplos m\u00e1s recientes es el pomposamente llamado \u201cAcuerdo para la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtat\u00e1n\u201d que fue \u00a1negociado con grupos aliados a la empresa Energ\u00eda y Renovaci\u00f3n, desarrolladora de los proyectos hidroel\u00e9ctricos en la Microrregi\u00f3n de Yichk\u2019isis.<\/p>\n Las sentencias de las cortes no respetan la doctrina legal que plantea que el derecho debe de ser progresivo. En algunos casos, como el complejo hidroel\u00e9ctrico Oxec (Cahab\u00f3n, Alta Verapaz) o la mina F\u00e9nix (El Estor, Izabal), las sentencias reconocen el derecho a la consulta, pero para realizarlas no se convocaron a las verdaderas autoridades comunitarias del Pueblo Q\u2019eqchi\u2019 ni a la totalidad de las comunidades afectadas y no han sido procesos abiertos e incluyentes. \u00a0Actualmente hay varios proyectos que esperan seguimiento por parte de las instituciones gubernamentales en el proceso de consulta, como en la regi\u00f3n Ixil en el caso de proyectos hidroel\u00e9ctricos y de transporte de electricidad, y con la mina San Rafael en el territorio Xinka.<\/p>\n El reclamo del derecho a la consulta y consentimiento tambi\u00e9n es una forma de denunciar muchas irregularidades en las autorizaciones de licencias. Como el caso de Cerro Blanco (Asunci\u00f3n Mita, Jutiapa), donde la implementaci\u00f3n de la mina afectar\u00eda la cuenca del r\u00edo Ost\u00faa que abastece agua a una parte de la poblaci\u00f3n salvadore\u00f1a. La poblaci\u00f3n de Asunci\u00f3n Mita expres\u00f3 un rotundo rechazo a la mina y queda pendiente la aprobaci\u00f3n o no, de la actualizaci\u00f3n del estudio de impacto ambiental para operar una mina a cielo abierto en vez de una subterr\u00e1nea como estaba inicialmente previsto. \u00a0En el caso de la minera F\u00e9nix sus operaciones se realizan en un \u00e1rea mucho m\u00e1s extendida que la cubierta por el estudio de impacto ambiental y afecta a la inconsulta comunidad de Aguas Calientes, que sigue sin reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra por parte del estado de Guatemala.<\/p>\n Si se pretende cumplir con el objetivo de caminar \u201chacia una funci\u00f3n p\u00fablica leg\u00edtima, eficiente y eficaz\u201d (Semilla 9) y as\u00ed lograr un estado \u201cfuerte, soberano y eficaz, basado en derecho y firmemente sujeto a la ley\u201d, ser\u00e1 necesario por parte de las personas que asuman en los diferente ministerios e instituciones del Estado revisar casos de conflictos y contratos del Estado<\/p>\n Mejorar la eficiencia de los ministerios<\/strong><\/p>\n Ser\u00e1 necesario limpiar el listado de proyectos de generaci\u00f3n de electricidad y en particular de centrales hidroel\u00e9ctricas. Seg\u00fan los plazos estipulados en cada contrato para inicio y finalizaci\u00f3n de la construcci\u00f3n y entrada en operaci\u00f3n algunos de los contratos de uso de los bienes del dominio p\u00fablico (como lo son los r\u00edos) han caducado, como los de las hidroel\u00e9ctricas Santa Rita, Sala, Pojom II, San Andr\u00e9s, Sisimite, etc. En el caso de la hidroel\u00e9ctrica Santa Rita, se pudo observar que el Ministerio de Energ\u00eda y Minas (MEM) no ha dado seguimiento en los tiempos estipulados, por lo que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n (PGN) no ha podido aprobar la terminaci\u00f3n del contrato.<\/p>\n El MEM tiene que ser eficiente en el monitoreo de cumplimiento de los contratos porque hay una fianza de cumplimiento que los desarrolladores de proyectos hidroel\u00e9ctricos deben de mantener vigente y que se debe cobrar si se termina por incumplimiento de las obligaciones del contrato para que el sitio pueda regresar a su estado inicial (o por lo menos evitar todo posible impacto debido a las obras construidas en caso de eventos clim\u00e1ticos), as\u00ed como reparar da\u00f1os a las comunidades afectadas por el proyecto. Hasta ahora, el MEM no ha hecho cumplir todas sus obligaciones a los desarrolladores de proyecto.<\/p>\n Acceso a la electricidad para todos y todas<\/strong><\/p>\n Como parte de la meta estrat\u00e9gica o Semilla 5, el futuro gobierno plantea la \u201cuniversalizaci\u00f3n del acceso a la energ\u00eda el\u00e9ctrica y rebaja de la luz para m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de guatemaltecos\u201d. Para ello propone reestructurar la tasa de alumbrado p\u00fablico. Sin embargo, ser\u00eda necesario revisar tambi\u00e9n los procesos de licitaci\u00f3n para garantizar el servicio el\u00e9ctrico de las distribuidoras EEGSA y Energuate porque los costos de generaci\u00f3n de la electricidad corresponden a m\u00e1s de la mitad de la tarifa el\u00e9ctrica. Los precios ofertados por las generadoras no responden a las l\u00f3gicas de mercado, las centrales hidroel\u00e9ctricas pueden ofertar precios de venta de la electricidad m\u00e1s cara que las que funcionan con energ\u00eda f\u00f3sil.<\/p>\n Los precios tampoco disminuyen cuando las centrales son de mayor tama\u00f1o. Las tarifas no se benefician de las ventajas del uso de recursos locales y gratuitos, ni del factor escala de los proyectos. Parece il\u00f3gico que las tarifas de EEGSA sean m\u00e1s bajas que las de Energuate, cuando la primera abastece las zonas con m\u00e1s altos grados de desarrollo y capacidad econ\u00f3mica de pago, con lo que se violenta el derecho de acceso a este servicio.<\/p>\n Con la alta conflictividad alrededor del servicio el\u00e9ctrico, se deber\u00eda de analizar el cumplimiento de los contratos del Estado con las empresas distribuidoras y asegurar los derechos de las y los usuarios. La Comisi\u00f3n Nacional de Energ\u00eda El\u00e9ctrica reporta que inspeccion\u00f3 alrededor de 15 mil kil\u00f3metros de red y encontr\u00f3 unas 3,700 irregularidades en el cumplimiento de las normas (un incumplimiento cada 4 kil\u00f3metros). La gran mayor\u00eda de las irregularidades se deben a invasi\u00f3n de vegetaci\u00f3n y por lo tanto falta de mantenimiento preventivo.<\/p>\n No son las \u00fanicas irregularidades que hay que revisar. Varias comunidades han denunciado los cortes indiscriminados del servicio el\u00e9ctrico en comunidades y municipios enteros por parte de las distribuidoras, afectando derechos humanos como acceso a la salud (hasta los centros de salud se quedan sin servicio) y al agua (donde se bombea). La Procuradur\u00eda de los Derechos Humanos, durante el periodo de Jord\u00e1n Rodas, present\u00f3 acciones constitucionales de amparo para salvaguardar los derechos de la poblaci\u00f3n y la Corte de Constitucionalidad emiti\u00f3 sentencias para prohibir estos cortes indiscriminados. Pero nunca fueron respetadas.<\/p>\n Las comunidades denuncian tambi\u00e9n pr\u00e1cticas irregulares por parte de Energuate durante los cortes de servicio a viviendas, ya que quitan hasta las acometidas que son propiedad privada de las y los usuarios, y no de las distribuidoras. Cuando las familias quieren regularizar sus deudas, la distribuidora decide el monto a pagar y, si no se paga durante un mes el monto acordado, la deuda regresa a su monto inicial. Estas condiciones hacen impagables las deudas.<\/p>\n Es necesario revisar el contrato firmado con la empresa Transportadora de Energ\u00eda de Centroam\u00e9rica S.A. (TRECSA), pues si por ahora el transporte de electricidad no constituye una parte importante de la tarifa, con el proyecto de expansi\u00f3n del sistema de transporte PET-01-2009 y las irregularidades que comete esta empresa, el costo de transporte podr\u00eda incrementar tambi\u00e9n la tarifa de electricidad. La Fiscal\u00eda Especial contra la Impunidad (FECI) present\u00f3 en diciembre 2020 el caso \u201cMecanismo de Corrupci\u00f3n en el Ministerio de Energ\u00eda y Minas\u201d que desvela el pago de sobornos por Trecsa al entonces ministro de Energ\u00eda y Minas Eric Archila para prorrogar el contrato. Desde entonces, han logrado otras tres pr\u00f3rrogas de contrato, con el reconocimiento de 25 nuevas fuerzas mayores en la \u00faltima pr\u00f3rroga (se desconoce cu\u00e1ntas se han reconocido en las negociaciones anteriores), y que se asocian a reclamos de costos y gastos adicionales.<\/p>\n En la forma actual de concesionamiento de la construcci\u00f3n de nuevas l\u00edneas de transporte de electricidad, los costos de construcci\u00f3n de las l\u00edneas se reembolsan a la empresa que gana la licitaci\u00f3n, con el pago de un canon durante los 10 primeros a\u00f1os de operaci\u00f3n. Esta \u00faltima pr\u00f3rroga termina el 16 de enero de 2024 y seguramente la empresa iniciar\u00e1 una nueva demanda en contra del Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), como lo hizo a modo de chantaje en\u00a02020<\/a>\u00a0y\u00a02021<\/a>\u00a0para lograr las pr\u00f3rrogas de contrato (las demandas se concluyeron gracias a acuerdos entre las partes).<\/p>\n Muchas demandas de comunidades y municipalidades afectadas por la empresa demuestran las ilegalidades cometidas por TRECSA para imponer el proyecto a toda costa (ausencia de consulta, licencia de construcci\u00f3n, deforestaci\u00f3n, usurpaci\u00f3n, etc.).<\/p>\n El Programa de Gobierno del Movimiento Semilla planea \u201c[conseguir] la universalizaci\u00f3n en el acceso a la energ\u00eda el\u00e9ctrica, con una inversi\u00f3n de Q7.1 millardos, con la que se impulsar\u00e1n peque\u00f1os proyectos comunitarios de generaci\u00f3n de energ\u00eda producida con recursos naturales renovables\u201d. Es algo a celebrar, pues existen varias experiencias exitosas que demuestran la factibilidad y viabilidad de estos tipos de proyectos, y son verdaderos factores de desarrollo sostenible en comunidades aisladas y olvidadas. Adem\u00e1s, son soluciones econ\u00f3micamente m\u00e1s rentables que conectar todas las viviendas al sistema nacional.<\/p>\n Un reto para el nuevo gobierno ser\u00e1 rescatar y fortalecer el Instituto Nacional de Electrificaci\u00f3n (INDE) como pieza clave para la generaci\u00f3n, transporte y distribuci\u00f3n de electricidad, y el sostenimiento de la tarifa social. Deber\u00eda de regresar a ser al ente de planificaci\u00f3n de la electrificaci\u00f3n para que el subsector el\u00e9ctrico no sea solamente la suma de los intereses de los actores privados como terratenientes que diversifican sus fuentes de ingresos o grandes consumidores que producen su electricidad y venden sus excedentes al sistema nacional interconectado.<\/p>\n Iniciativa denunciada para reformar la ley de hidrocarburos<\/strong><\/p>\n Actualmente fue presentada una reforma de la Ley de Hidrocarburos (iniciativa 6021) por el presidente Alejandro Giammattei ante el Congreso de la Rep\u00fablica, que permitir\u00e1 a las empresas anglo-francesas y americanas suspender pagos de regal\u00edas al Estado si el mercado internacional no les es favorable, y aumentar el n\u00famero y plazo de pr\u00f3rrogas de los contratos petroleros (m\u00e1s de 2 de hasta 25 a\u00f1os, en vez de 15 actualmente), entre otros beneficios.<\/p>\n El Paro Nacional de octubre de 2023 denunciaba a la reforma de la Ley de Hidrocarburos como parte de la agenda legislativa que pretende atentar contra la vida, la salud, bienes y recursos no renovables.<\/p>\n El Observatorio de Industrias Extractivas realiz\u00f3 un an\u00e1lisis del contrato 2-85, conocido como campo Xan y explotado por la empresa Perenco. Este contrato representa cerca del 92% de la producci\u00f3n nacional de hidrocarburos y permite ilustrar la situaci\u00f3n de la explotaci\u00f3n petrolera en el pa\u00eds. El Estado pierde dinero, desde 2014, por su inversi\u00f3n en el Campo Xan, pues los ingresos percibidos son mayores a los costos recuperables que el Estado paga a Perenco, sin tener en cuenta los costos ambientales y sociales de la explotaci\u00f3n en el Parque Nacional de la Laguna del Tigre, en Pet\u00e9n.<\/p>\n Por la declaraci\u00f3n de \u00e1rea protegida del Parque Nacional de la Laguna del Tigre en 1990, comunidades como Laguna Larga fueron desalojadas y 37 comunidades m\u00e1s siguen bajo amenaza de desalojo porque el Reglamento de la Ley de \u00c1reas Protegidas (Acuerdo Gubernativo N\u00famero 759-90, Art\u00edculo No. 8) proh\u00edbe asentamientos humanos dentro de un parque nacional. La miner\u00eda tambi\u00e9n es prohibida seg\u00fan la misma, y parece ser que solo en Guatemala la explotaci\u00f3n petrolera no sea considerada como un subsector minero.<\/p>\n En el caso de Perenco, la excusa parece ser que la explotaci\u00f3n petrolera era anterior a la declaratoria del \u00e1rea protegida para mantener su operaci\u00f3n, pero las instituciones ambientales no lograron tampoco exigir a la empresa que cumpliera con la legislaci\u00f3n cuando se otorg\u00f3 la pr\u00f3rroga de explotaci\u00f3n en 2010. Lo m\u00e1s ins\u00f3lito para el cuidado de la naturaleza es que el Consejo Nacional de \u00c1reas Protegidas ha pensado elaborar una \u201cPol\u00edtica de Petr\u00f3leo y \u00c1reas Protegidas\u201d, en vez de buscar formas de proteger y mejorar el patrimonio natural nacional.<\/p>\n La necesidad de una planificaci\u00f3n desde los Pueblos para los Pueblos<\/strong><\/p>\n La Semilla 7 del Plan de Gobierno, llamada \u201cHacia una gran transici\u00f3n verde\u201d, propone \u201ctransitar de una econom\u00eda extractiva que destruye la naturaleza para sobrevivir y para crecer, hacia una econom\u00eda basada en la producci\u00f3n regenerativa, limpia y circular, consecuente con la necesidad de frenar el cambio clim\u00e1tico, que preserva la biodiversidad y la integridad de los paisajes naturales, y es positiva para la naturaleza y a la vez genera oportunidades para emprendimientos comunitarios\u201d. Las acciones propuestas toman en cuenta la recuperaci\u00f3n y preservaci\u00f3n de cuencas hidrogr\u00e1ficas, bosques, \u201cdar certeza jur\u00eddica a 100,000 hect\u00e1reas de tierras y bosques comunales y municipales\u201d, y \u201capoyar los modelos de manejo colectivo de tierras, bosques, pesquer\u00edas y \u00e1reas silvestres con fines de conservaci\u00f3n y desarrollo local sostenible\u201d.<\/p>\n Adem\u00e1s de esas medidas, es necesario tomar acciones complementarias como evaluaciones socioambientales estrat\u00e9gicas de sectores extractivos (miner\u00eda, petr\u00f3leo, monocultivos sector el\u00e9ctrico, entre otros, dependiendo de los territorios), para definir la capacidad de las cuencas hidrogr\u00e1ficas de abastecer necesidades b\u00e1sicas de las poblaciones all\u00ed asentadas, los servicios ambientales provistos por las cuencas y otros tipos de actividades que puedan soportar.<\/p>\n Es importante construir informaci\u00f3n fehaciente para entender los flujos migratorios internos y externos de las comunidades, entre todos los impactos sufridos. Se podr\u00eda as\u00ed demostrar si el pa\u00eds tiene la capacidad de seguir en un modelo exportador de productos agr\u00edcolas, minerales, electricidad, o si puede desarrollar un modelo alternativo basado en la agroecolog\u00eda, un manejo sostenible de los bosques, un turismo verde y comunitario, as\u00ed como otras actividades para la transformaci\u00f3n econ\u00f3mica (Semilla 5 del Plan de Gobierno).<\/p>\n Con la lucha contra el cambio clim\u00e1tico, el modelo mundial busca cambiar el modelo econ\u00f3mico basado en los hidrocarburos para el uso de energ\u00eda m\u00e1s verde.<\/p>\n Eso plantea retos en Guatemala, porque la generaci\u00f3n de electricidad por los ingenios azucareros se basa en el bagazo de la ca\u00f1a durante la zafra y energ\u00edas f\u00f3siles durante el resto del a\u00f1o. Inicialmente, los ingenios usaban hidrocarburos, pero han adaptado las instalaciones para utilizar carb\u00f3n por ser una energ\u00eda econ\u00f3micamente competitiva antes de la guerra en Ucrania, a pesar de tener m\u00e1s impacto en el cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n El n\u00edquel y otros minerales presentes en Guatemala son de inter\u00e9s de los pa\u00edses del Norte global para su llamada \u201ctransici\u00f3n energ\u00e9tica\u201d, que plantea cambiar la dependencia a las energ\u00edas f\u00f3siles a una movilidad el\u00e9ctrica con fuerte demanda de diferentes minerales para la construcci\u00f3n de paneles solares, turbinas e\u00f3licas, etc. y toda su electr\u00f3nica, sistemas de almacenamiento y transporte asociados.<\/p>\n Las luchas hist\u00f3ricas del Pueblo Poqomam, de Chinautla; y del Pueblo K\u2019iche\u2019, del Valle de Palajujnoj de Quetzaltenango, son zonas que deben de priorizarse por parte del nuevo gobierno para aplicar sus cinco principios: construir democracia, establecer la equidad como eje orientador de la acci\u00f3n p\u00fablica, reconocer un pa\u00eds plural, impulsar una econom\u00eda humana y respetar la naturaleza. Estos dos territorios son zonas de sacrificio en el altar de la construcci\u00f3n y es m\u00e1s que necesario cambiar el rumbo actual de su destrucci\u00f3n con la elaboraci\u00f3n colectiva de planes de ordenamiento territorial y de desarrollo.<\/p>\n La Secretar\u00eda General de Planificaci\u00f3n y Programaci\u00f3n de la Presidencia (SEGEPLAN) es una instituci\u00f3n de gobierno que hay que rescatar por su rol esencial de generaci\u00f3n de datos para la toma de decisi\u00f3n y de apertura espacios de construcci\u00f3n colectiva para la planificaci\u00f3n. En los departamentos de Guatemala y Sacatep\u00e9quez, por ejemplo, varios planes de desarrollo municipales han sido elaborados en colaboraci\u00f3n con la empresa Cementos Progreso y no se puede tener otra lectura sobre la privatizaci\u00f3n de la planificaci\u00f3n municipal que el inter\u00e9s econ\u00f3mico de este grupo empresarial en estos territorios.<\/p>\n Muchos retos para lograr cumplir con est\u00e1ndares e instrumentos internacionales<\/strong><\/p>\n Varias denuncias de comunidades afectadas por proyectos financiados por bancos de desarrollo, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han demostrado que proyectos hidroel\u00e9ctricos no cumplen con sus salvaguardas sociales y ambientales. No respetan los est\u00e1ndares de acceso a la informaci\u00f3n, consulta y consentimiento; violentan los derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas; fallan en evaluar, prevenir, mitigar y reparar los impactos sociales y ambientales, los impactos diferenciados en las mujeres y generan desplazamientos forzados y econ\u00f3micos en las comunidades afectadas. Guatemala sigue sin ratificar importantes instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, su tratado facultativo y Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y las Campesinas.<\/p>\n Las organizaciones de campesinos e ind\u00edgenas denuncian dos instrumentos que violentan sus derechos, y en particular el cuidado de las semillas: el reglamento t\u00e9cnico de bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para usos agropecuarios que surge de una instancia de uni\u00f3n aduanera entre El Salvador, Honduras y Guatemala, y la denominada Ley Monsanto (iniciativa 6283, Ley de Protecci\u00f3n de Obtenciones Vegetales) que se desprende de la Uni\u00f3n Internacional para la Protecci\u00f3n de las Obtenciones Vegetales\u00a0UPOV 91\u00a0<\/a>\u00a0A cambio, las comunidades y organizaciones han construido la iniciativa 6086,\u00a0ley de biodiversidad y conocimientos ancestrales<\/a>\u00a0para contar con una herramienta legal que cuide sus derechos, las semillas y la soberan\u00eda alimentaria, y que responda a sus necesidades.<\/p>\n La ratificaci\u00f3n del Acuerdo de Escaz\u00fa es un elemento clave tambi\u00e9n para demostrar el compromiso nacional en el acceso a la informaci\u00f3n, la participaci\u00f3n p\u00fablica, el acceso a la justicia, y la defensa del ambiente en general.<\/p>\n La experiencia de la lucha contra la mina F\u00e9nix en Izabal muestra tambi\u00e9n la necesidad de cuidar de los favores que se logran con apoyos extranjeros, como los de los Estados Unidos de Am\u00e9rica (EUA): en cuanto se anunciaron sanciones de EUA en contra de dos directivos de Solway, empresas canadienses mostraron su inter\u00e9s en adquirir la mina, con apoyo de la embajada de EUA.<\/p>\n Una de las grandes preocupaciones es lograr preservar el derecho a defender derechos y parar los ataques y asesinatos a personas, comunidades y periodistas que denuncian todas las ilegalidades y violaciones cometidas por empresas extractivas. Hay una cantidad infinita de personas con casos montados en su contra para tratar de acallarlas, muchas de las cuales con \u00f3rdenes de captura vigentes desde hace m\u00e1s de diez a\u00f1os. \u00bfC\u00f3mo se podr\u00e1 lograr cerrar tantos casos espurios y evitar que se crean m\u00e1s casos? Se ha aplicado la Ley del Crimen Organizado a Autoridades Ancestrales al menos en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, como se persigue a las y los miembros del partido Semilla estos meses. \u00a0Se endureci\u00f3 el marco legal en contra el robo de electricidad bajo el delito de delincuencia organizada, sin atacar las causas por las que las comunidades implementaron este mecanismo de resistencia.<\/p>\n \u00bfC\u00f3mo proteger la vida de quienes levantan la voz en contra de las injusticias, para reclamar un Estado para toda la poblaci\u00f3n, para mejorar el marco legal, para proteger derechos, el ambiente y un futuro para la humanidad? Se puede por lo menos esperar que durante el pr\u00f3ximo periodo gubernamental se dejar\u00e1 de usar a las fuerzas armadas p\u00fablicas, polic\u00eda y ej\u00e9rcito para la defensa de proyectos privados, que se terminar\u00e1 con todos estos desalojos violentos e irrespetuosos de instrumentos internacionales, y que se mejorar\u00e1 el profesionalismo de las fuerzas armadas.<\/p>\n Es obvio que tantos cambios no se pueden lograr en cuatro a\u00f1os, pero se pueden dejar semillas, argumentos, instrumentos y formas de trabajo que ataquen los mecanismos de impunidad y corrupci\u00f3n, as\u00ed como que demuestren la posibilidad de dialogar y trabajar de forma m\u00e1s participativa, incluyente, de buena fe y respetuosa de la diversidad que convive en Iximulew. Los movimientos de resistencia en Guatemala han construido muchas experiencias y propuestas para lograr una vida digna y el buen vivir.<\/p>\n Este periodo de gobierno seguir\u00e1 sufriendo ataques por parte del Pacto de Corruptos, por lo que contar con el apoyo de las Autoridades Ancestrales, las comunidades y la sociedad civil organizadas es m\u00e1s que necesario para parar sus embestidas. Este periodo de gobierno es una excepcional oportunidad de cocrear una nueva forma de gobernar, desde una Guatemala Plural, reconociendo al fin tantos aportes y posibilidades desde los Pueblos Maya, Xinca, Gar\u00edfuna y mestizo.<\/p>\n