Publicado por LAB, 17 de julio de 2023<\/p>\n
Delegaci\u00f3n internacional se une a los afectados por la miner\u00eda para instar a la administraci\u00f3n del presidente Gustavo Petro a retirarse de los tribunales corporativos.<\/p>\n
\u00bfTenemos derechos fundamentales a nivel internacional?\u00bb, pregunt\u00f3 un l\u00edder de la comunidad ind\u00edgena Way\u00fau durante un taller en La Guajira, Colombia, a finales de mayo.<\/p>\n
Durante d\u00e9cadas, las comunidades way\u00fau se han visto profundamente afectadas por la mayor mina de carb\u00f3n a cielo abierto de Am\u00e9rica Latina, conocida como Cerrej\u00f3n. En 2017, ganaron una importante decisi\u00f3n de la Corte Constitucional que busca proteger sus derechos al agua, la salud y la soberan\u00eda alimentaria frente a la expansi\u00f3n de esta mina sobre el \u00faltimo afluente que queda del r\u00edo Rancher\u00eda, el arroyo Bruno, del que dependen. A\u00f1os despu\u00e9s, la sentencia a\u00fan no se ha aplicado.<\/p>\n
En el camino se interponen los derechos de inversor internacional de la empresa minera suiza Glencore, recogidos en un tratado bilateral de inversiones entre Suiza y Colombia. Glencore ha interpuesto una demanda de arbitraje internacional contra Colombia por una suma desconocida que est\u00e1 interfiriendo en la aplicaci\u00f3n de la decisi\u00f3n, ejerciendo presi\u00f3n sobre el poder judicial y los funcionarios reguladores.<\/p>\n
Durante el mismo taller, Cindy Forero, del Colectivo de Abogados Jos\u00e9 Alvear Restrepo (CAJAR), coment\u00f3 que, debido a la demanda de arbitraje, los funcionarios p\u00fablicos han tenido miedo incluso de hablar sobre la decisi\u00f3n y su aplicaci\u00f3n. Por un lado, est\u00e1 el proceso de arbitraje\u00bb, me dijo. Por otro, est\u00e1 la obligaci\u00f3n [del Estado] de proteger los derechos fundamentales de las comunidades. No pueden decirme que no van a proteger sus derechos por miedo. Si es as\u00ed, la empresa est\u00e1 por encima del Estado y nos quedamos sin Estado. Estas son las implicaciones de este injusto mecanismo de arbitraje\u00bb.<\/p>\n
El fallo de la Corte Constitucional cita como raz\u00f3n para admitir su caso la discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica a la que se han enfrentado los Way\u00fau y otros pueblos ind\u00edgenas en Colombia. Perversamente, como explic\u00f3 Cindy m\u00e1s adelante, Glencore argumenta en su demanda que es a la empresa a la que el Estado colombiano trat\u00f3 injustamente como resultado de esta sentencia. No obstante, la delegaci\u00f3n observ\u00f3 c\u00f3mo la empresa contin\u00faa con actividades en la secci\u00f3n La Puente de la mina de carb\u00f3n que deber\u00edan suspenderse; y c\u00f3mo ha desviado 3,6 kil\u00f3metros del arroyo Bruno hacia un canal que los Way\u00fau califican de autopista de hormig\u00f3n, carente de la vida que atribuyen al cauce natural restante.<\/p>\n
Estas injusticias fueron el centro de atenci\u00f3n del taller y de una delegaci\u00f3n internacional que viaj\u00f3 a Colombia en mayo. La Misi\u00f3n Internacional para Detener el ISDS (Investor State Dispute Settlement) pretend\u00eda llamar la atenci\u00f3n sobre el abismo que existe entre el pleno disfrute de los derechos de los pueblos y su cercenamiento cuando \u00e9stos se ven afectados por inversiones transnacionales, situaci\u00f3n que se ve agravada por el recurso exclusivo que tienen las empresas transnacionales para demandar a los pa\u00edses cuando consideran que la decisi\u00f3n de un Estado afecta a su inversi\u00f3n y a sus beneficios futuros.<\/p>\n
Normas mundiales de inversi\u00f3n fundamentalmente injustas<\/p>\n
Junto con representantes de una docena de organizaciones de justicia social y medioambiental de ocho pa\u00edses de Am\u00e9rica y Europa, la delegaci\u00f3n en la que particip\u00e9 trat\u00f3 de compartir experiencias de otras partes del mundo, del norte y del sur, donde se est\u00e1n tomando medidas contra este sistema de protecci\u00f3n de los inversores.<\/p>\n
Tambi\u00e9n fuimos a solidarizarnos y a conocer de primera mano sus implicaciones para las comunidades de primera l\u00ednea que se organizan para defender sus territorios de los perjuicios de la miner\u00eda, entre ellas las de los departamentos de La Guajira y Santander.<\/p>\n
Colombia se ha enfrentado a una avalancha de 22 demandas de arbitraje de inversores desde 2016 por un total de 13.200 millones de d\u00f3lares estadounidenses en reclamaciones conocidas. Esta cantidad equivale aproximadamente al presupuesto total de educaci\u00f3n para toda Colombia en 2023. En tres de estos casos, incluido el de Glencore, la cantidad reclamada ni siquiera se hace p\u00fablica.<\/p>\n
Traicionando la naturaleza neocolonial de este sistema, las empresas que demandan a Colombia se han apoyado en tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversi\u00f3n con cinco pa\u00edses: Canad\u00e1, Estados Unidos, Espa\u00f1a, Reino Unido y Suiza. Casi la mitad de estas demandas han sido interpuestas por empresas mineras y casi todas ellas tienen como n\u00facleo la lucha de una comunidad afectada que lucha por proteger o exigir responsabilidades por los da\u00f1os causados a su agua, sus tierras, su autodeterminaci\u00f3n o su econom\u00eda local.<\/p>\n
Es comprensible que la indignaci\u00f3n por este extraordinario privilegio concedido a las empresas transnacionales haya surgido entre los way\u00fau, organizaciones como el CAJAR y grupos de base como el Comit\u00e9 para la Defensa del Agua y el P\u00e1ramo de Santurb\u00e1n. Antes de la delegaci\u00f3n, sus preocupaciones fueron expuestas y difundidas a trav\u00e9s de una declaraci\u00f3n, Recuperemos la soberan\u00eda de Colombia en defensa del agua, la vida y los territorios, firmada por m\u00e1s de 280 organizaciones de 30 pa\u00edses.<\/p>\n
La \u00fanica salida es afuera<\/p>\n
El Comit\u00e9 por la Defensa del Agua y el P\u00e1ramo de Santurb\u00e1n lleva catorce a\u00f1os luchando por mantener la miner\u00eda industrial de oro fuera de un humedal de gran altitud \u00fanico en los Andes conocido como p\u00e1ramo.<\/p>\n
El p\u00e1ramo y ecosistemas interconectados como el bosque andino regulan el suministro de agua para decenas de millones de personas en Colombia, m\u00e1s de dos millones s\u00f3lo en Santander. Los exitosos esfuerzos del Comit\u00e9 hasta la fecha han llevado a tres empresas mineras canadienses, Eco Oro, Red Eagle y Galway Gold, a demandar a Colombia por unos 1.000 millones de d\u00f3lares por proteger el p\u00e1ramo y el agua de la gente.<\/p>\n
Estos casos est\u00e1n en curso, pero una sentencia inicial contra Colombia en el caso de Eco Oro demuestra la inutilidad de incluir un lenguaje que proteja el derecho del Estado a regular en favor del medio ambiente en acuerdos como el Tratado de Libre Comercio Canad\u00e1 Colombia. Por el contrario, como se debati\u00f3 en las reuniones con comunidades, organizaciones de movimientos sociales, estudiantes, medios de comunicaci\u00f3n y funcionarios gubernamentales, la retirada total del sistema de protecci\u00f3n de los inversores es un paso importante para recuperar la soberan\u00eda local y nacional con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.<\/p>\n
D\u00edas despu\u00e9s de que la delegaci\u00f3n llegara a Colombia, el Ministro de Comercio anunci\u00f3 que el pa\u00eds tiene previsto revisar todos sus acuerdos de protecci\u00f3n de las inversiones. No est\u00e1 claro, sin embargo, hasta d\u00f3nde podr\u00eda llegar esto.<\/p>\n
Si Colombia decidiera retirarse de la ISDS, no estar\u00eda sola.<\/p>\n
Como la delegaci\u00f3n comparti\u00f3 durante sus reuniones, pa\u00edses tan diversos como Ecuador, Bolivia, India, Indonesia, Pakist\u00e1n, Sud\u00e1frica, Nueva Zelanda, Canad\u00e1 y EE.UU. han tomado medidas para reducir su exposici\u00f3n al arbitraje internacional en los \u00faltimos a\u00f1os. Mientras tanto, la Comisi\u00f3n Europea avanza hacia una salida coordinada de la Uni\u00f3n Europea del Tratado sobre la Carta de la Energ\u00eda, un tratado espec\u00edfico del sector energ\u00e9tico, dada la incompatibilidad de la soluci\u00f3n de controversias entre inversores y Estados con las medidas necesarias para hacer frente a la crisis clim\u00e1tica.<\/p>\n
Semanas despu\u00e9s de la salida de la delegaci\u00f3n de Colombia, a finales de junio, el presidente Gustavo Petro visit\u00f3 La Guajira con miembros de su gabinete. En una reuni\u00f3n con las comunidades afectadas por la mina de carb\u00f3n del Cerrej\u00f3n, declar\u00f3: \u00abUna naci\u00f3n soberana no teme las demandas internacionales cuando hace lo que es justo\u00bb. Se trata de una promesa bien recibida, que aumenta las esperanzas y la motivaci\u00f3n de la comunidad para seguir presionando a las autoridades colombianas para que protejan los derechos fundamentales de la comunidad y devuelvan el arroyo Bruno a su cauce natural, a pesar de la demanda de Glencore.<\/p>\n
No obstante, como concluy\u00f3 Petro su discurso, esta ser\u00e1 una tarea dif\u00edcil: \u00abCuando uno se enfrenta al capital, hasta el Congreso tiene miedo de aprobar leyes\u00bb. Por esta raz\u00f3n, la delegaci\u00f3n, junto con nuestros socios locales, tambi\u00e9n seguir\u00e1 instando a los funcionarios colombianos a que planifiquen la retirada de este mecanismo injusto que las empresas transnacionales utilizan para intimidar e impedir.<\/p>\n