{"id":1001202,"date":"2023-03-14T03:40:51","date_gmt":"2023-03-14T02:40:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cdhal.org\/?p=1001202"},"modified":"2023-03-14T03:40:51","modified_gmt":"2023-03-14T02:40:51","slug":"guatemala-el-caso-de-los-escuadrones-de-la-muerte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cdhal.org\/es\/guatemala-el-caso-de-los-escuadrones-de-la-muerte\/","title":{"rendered":"Guatemala : El caso de los escuadrones de la muerte"},"content":{"rendered":"

Art\u00ed<\/span>culo publicado en Elfaro<\/a> (Jo-Marie Burt y Paulo Estrada) el 9 de marzo de 2023<\/span><\/span><\/em><\/p>\n

Durante d\u00e9cadas, los supervivientes y familiares de las v\u00edctimas del caso de los escuadrones de la muerte han exigido verdad y justicia. Tras a\u00f1os sin respuestas sobre los autores o el paradero de sus seres queridos, que fueron detenidos arbitrariamente, torturados, asesinados o desaparecieron entre 1983 y 1985, al final del conflicto armado interno de Guatemala, que dur\u00f3 36 a\u00f1os, se ha abierto un camino hacia la justicia. En mayo de 2021 se detuvo a once militares y polic\u00edas retirados. Otras cuatro personas, entre ellas un civil, fueron detenidas. Las familias se atrevieron a esperar que por fin se hiciera justicia.<\/span><\/p>\n

Pero con un poder judicial cada vez m\u00e1s cooptado y una mayor\u00eda de jueces exiliados o en deuda con mafias y pol\u00edticos corruptos, esa esperanza se desvanece r\u00e1pidamente.<\/span><\/p>\n

El caso de los escuadrones de la muerte, o caso del Diario Militar, es el caso de justicia transicional m\u00e1s importante en Guatemala desde el juicio por genocidio de Maya Ixil en 2013. Se refiere a la desaparici\u00f3n forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y abusos sexuales de al menos 195 guatemaltecos bajo el gobierno militar de Humberto Mej\u00eda V\u00edctores (1983-1986).<\/span><\/p>\n

Uno de los jueces m\u00e1s conocidos y respetados de Guatemala, Miguel \u00c1ngel G\u00e1lvez, antiguo miembro del tribunal \u00abB\u00bb de alto riesgo, presidi\u00f3 la fase preliminar del caso. Abri\u00f3 nuevos caminos en 2016 cuando se incaut\u00f3 de documentos militares cr\u00edticos sobre \u00e9l. Comenz\u00f3 a escuchar las pruebas contra los primeros sospechosos y, en mayo de 2022, orden\u00f3 que nueve de ellos fueran a juicio. La fase probatoria estuvo repleta de historias devastadoras. El juez escuch\u00f3 el testimonio de mujeres que eran ni\u00f1as cuando las fuerzas de seguridad acudieron a sus casas en busca de sus padres y que fueron brutalmente violadas. Escuch\u00f3 que seis de las 131 v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada fueron encontradas en la base militar de Comalapa en 2011.<\/span><\/p>\n

Entre las personas que el juez G\u00e1lvez envi\u00f3 a juicio se encontraban altos mandos militares con profundos v\u00ednculos con las actuales redes criminales. Hombres como el general retirado Marco Antonio Gonz\u00e1lez Taracena, que en el momento de su detenci\u00f3n era vicepresidente de la Asociaci\u00f3n de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), una organizaci\u00f3n de militares de l\u00ednea dura que se opon\u00eda firmemente a la persecuci\u00f3n penal de los cr\u00edmenes de guerra y pretend\u00eda imponer una amnist\u00eda que pusiera fin a todos los esfuerzos de rendici\u00f3n de cuentas por las atrocidades cometidas durante la guerra. Gonz\u00e1lez Taracena, que muri\u00f3 poco despu\u00e9s de ser juzgado el 14 de junio de 2022, tambi\u00e9n estaba vinculado al sindicato del crimen organizado conocido como La Cofrad\u00eda.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n est\u00e1 el coronel retirado del ej\u00e9rcito Jacobo Esdras Sal\u00e1n S\u00e1nchez, presuntamente vinculado a La Cofrad\u00eda y a otras redes delictivas, que fue condenado en 2014 por robar fondos del Ministerio de Defensa, donde trabaj\u00f3 como asesor durante el gobierno de Alfonso Portillo. Toribio Acevedo Ram\u00edrez, jefe de seguridad de la poderosa empresa Cementos Progreso, ha estado implicado en una serie de violaciones de derechos humanos en los \u00faltimos a\u00f1os. Fue detenido el 10 de mayo de 2022 en Panam\u00e1, tras un a\u00f1o pr\u00f3fugo, y enviado a Guatemala.<\/span><\/p>\n

El juez G\u00e1lvez estaba a punto de comenzar las audiencias probatorias contra Acevedo Ram\u00edrez y otros cuatro acusados cuando la Fundaci\u00f3n Contra el Terrorismo (FCT), otra organizaci\u00f3n pro militar que ha tratado de obstruir y detener los juicios de derechos humanos, intensific\u00f3 su campa\u00f1a para criminalizar e intimidar al juez. La FCT formul\u00f3 acusaciones espurias contra G\u00e1lvez para que se le levantara la inmunidad. Inundaron las redes sociales con mensajes atacando su conducta como juez, as\u00ed como con invenciones sobre su vida personal, y publicaron \u00abcartones de bingo\u00bb asegurando que ser\u00eda el pr\u00f3ximo juez en caer. El 15 de noviembre, G\u00e1lvez anunci\u00f3 su dimisi\u00f3n tras 25 a\u00f1os como juez. Ahora vive exiliado en Europa.<\/span><\/p>\n

Con el juez G\u00e1lvez fuera de juego, el camino estaba despejado para empezar a desmantelar el caso.<\/span><\/p>\n

La jueza Claudette Dom\u00ednguez, que ha sido criticada por varias sentencias en casos de violaciones de derechos humanos y corrupci\u00f3n a favor de oficiales militares, se hizo cargo brevemente de los casos de G\u00e1lvez. En 2017, levant\u00f3 la prohibici\u00f3n de viajar impuesta al ex congresista Edgar Justino Ovalle en el marco de su juicio pol\u00edtico por su participaci\u00f3n en el caso de desaparici\u00f3n forzada masiva conocido como CREOMPAZ. Fue recusada por las mujeres Ach\u00ed de Rabinal que presentaron denuncias de violencia sexual contra antiguos oficiales paramilitares que las violaron durante el conflicto armado. El juez G\u00e1lvez se hizo cargo del caso y envi\u00f3 a juicio a cinco de los paramilitares. En enero de 2022, fueron declarados culpables de cr\u00edmenes contra la humanidad. Otros tres hombres, que quedaron en libertad cuando el juez Dom\u00ednguez desestim\u00f3 los cargos contra ellos, siguen en libertad.<\/span><\/p>\n

En Guatemala, los acusados de asesinato premeditado permanecen en prisi\u00f3n preventiva hasta el juicio y no est\u00e1n sujetos a arresto domiciliario. Pero con la salida del juez G\u00e1lvez, cinco de los acusados en el caso han solicitado -y se les ha concedido- un cambio en el estado de detenci\u00f3n basado en supuestos problemas de salud. Algunos de ellos ni siquiera est\u00e1n bajo arresto domiciliario.<\/span><\/p>\n

El primero en solicitar la revisi\u00f3n de su situaci\u00f3n de custodia fue el abogado y ex director de seguridad de Cementos Progreso, Toribio Acevedo Ram\u00edrez. El \u00faltimo de los 15 sospechosos en ser detenido, Acevedo Ram\u00edrez, identificado por testigos del caso como un sanguinario torturador, hab\u00eda intentado sin \u00e9xito que el juez G\u00e1lvez se inhibiera del caso y pidiera su libertad preventiva, alegando problemas de salud.<\/span><\/p>\n

Dos semanas despu\u00e9s de que G\u00e1lvez abandonara Guatemala, el 28 de noviembre, el juez Dom\u00ednguez accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de Acevedo Ram\u00edrez, permiti\u00e9ndole circular libremente por el departamento de Zacapa, Sacatep\u00e9quez y Ciudad de Guatemala, a pesar de que la legislaci\u00f3n guatemalteca exige que los acusados de cr\u00edmenes contra la humanidad permanezcan en prisi\u00f3n preventiva y de que las v\u00edctimas y los testigos que lo identificaron como responsable de torturas residen en esos departamentos. Aunque el juez orden\u00f3 a Acevedo Ram\u00edrez que presentara un informe m\u00e9dico cada 15 d\u00edas, los abogados de los demandantes afirman que no han recibido informaci\u00f3n de que lo haya hecho.<\/span><\/p>\n

En diciembre, el juez sustituto Rudy Bautista Fuentes fue asignado temporalmente para suceder al juez Dom\u00ednguez. En enero, en tres audiencias separadas, escuch\u00f3 las mociones presentadas por los abogados defensores de tres oficiales militares acusados en el caso del peri\u00f3dico del escuadr\u00f3n de la muerte, solicitando que sus clientes fueran liberados de la detenci\u00f3n preventiva y puestos bajo arresto domiciliario, bas\u00e1ndose en el principio de igualdad, citando el caso de Acevedo Ram\u00edrez. Tambi\u00e9n alegaron problemas de salud y dijeron que se trataba de una cuesti\u00f3n humanitaria. Los abogados de los demandantes se opusieron, alegando que la legislaci\u00f3n guatemalteca no permite el arresto domiciliario para las personas acusadas de asesinato o desaparici\u00f3n forzada, y que conceder la libertad podr\u00eda poner en peligro a los supervivientes, los familiares de las v\u00edctimas y los peritos. El juez deneg\u00f3 la solicitud, pero al explicar su decisi\u00f3n dijo que si la defensa presentaba certificados m\u00e9dicos que documentaran los problemas de salud de sus clientes, se acceder\u00eda a la petici\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El 31 de enero, en su \u00faltimo d\u00eda al frente del Juzgado de Mayor Riesgo \u00abB\u00bb, el juez Bautista Fuentes celebr\u00f3 una audiencia a solicitud del coronel retirado del ej\u00e9rcito Malfred Orlando P\u00e9rez Ram\u00edrez. La defensa present\u00f3 informes de m\u00e9dicos del Centro M\u00e9dico Militar, as\u00ed como de m\u00e9dicos particulares que indicaban que, aunque no hab\u00edan examinado a los acusados, hab\u00edan revisado sus expedientes y pod\u00edan determinar que deb\u00edan ser sometidos a arresto domiciliario. Los querellantes se opusieron, record\u00e1ndole al juez que los informes m\u00e9dicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) indicaban que los imputados se encontraban estables y en buen estado de salud, y que el arresto domiciliario no era aplicable a estos delitos. No obstante, el juez Bautista Fuentes decret\u00f3 \u00abprisi\u00f3n preventiva sin vigilancia alguna\u00bb para ambos imputados.<\/span><\/p>\n

Tras finalizar la audiencia, los familiares de las v\u00edctimas se pronunciaron en contra de la decisi\u00f3n del juez de dejar en libertad a Sal\u00e1n S\u00e1nchez. N\u00e9stor Villatoro, cuyo padre Amancio Samuel Villatoro es una de las pocas v\u00edctimas del caso de los escuadrones de la muerte cuyo cuerpo fue exhumado de la base militar de Comalapa en 2011, fue uno de los que expres\u00f3 su frustraci\u00f3n por lo que calific\u00f3 como una \u00abinjusticia para nosotros, para nuestras familias, para toda Guatemala\u00bb. Tambi\u00e9n se opuso N\u00e9stor Villatoro, pieza clave contra Sal\u00e1n S\u00e1nchez, de quien dijo que secuestr\u00f3 y luego desapareci\u00f3 a su padre. \u00abEntr\u00f3 a mi casa, nos apunt\u00f3 con armas en la cabeza, golpe\u00f3 a mi madre, me puso una pistola en la cabeza. Hicieron cosas inhumanas, cosas que no queremos que vuelvan a pasar. El dolor que han causado a nuestras familias es irreparable\u00bb, dijo Villatoro.<\/span><\/p>\n

Al parecer, el juez Bautista Fuentes es cercano a Mynor Moto, un conocido ex juez que ha sido investigado por su presunta implicaci\u00f3n en casos como la manipulaci\u00f3n de las elecciones de jueces y magistrados de 2020. En diciembre de 2022, la orden de detenci\u00f3n de Moto fue revocada por el juez Jimi Bremer, el mismo juez que hab\u00eda concedido el arresto domiciliario sin supervisi\u00f3n al general retirado Luis Enrique M\u00e9ndoza Garc\u00eda, jefe de operaciones militares bajo el mandato de Efra\u00edn R\u00edos Montt, acusado de genocidio y cr\u00edmenes contra la humanidad y huido durante ocho a\u00f1os antes de ser detenido en 2019.<\/span><\/p>\n

En enero, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirm\u00f3 la revocaci\u00f3n del mandato de Moto por parte de Bremer. Fue la misma CC que, en noviembre de 2022, orden\u00f3 la suspensi\u00f3n parcial del auto de procesamiento dictado por el juez G\u00e1lvez contra Sal\u00e1n S\u00e1nchez y otros ocho militares y polic\u00edas en el caso de los escuadrones de la muerte.<\/span><\/p>\n

Los querellantes temen que esto abra la puerta a un desmantelamiento total del caso. La CC tambi\u00e9n dio luz verde hace unas semanas a un amparo presentado por los ex altos mandos militares condenados en 2018 por desaparici\u00f3n forzada, agresi\u00f3n sexual agravada y cr\u00edmenes de lesa humanidad, el ex jefe del Ej\u00e9rcito Benedicto Lucas Garc\u00eda, el ex jefe de Inteligencia Militar Manuel Antonio Callejas y Callejas y el ex jefe de la base militar de Quetzaltenango Luis Francisco Gordillo Mart\u00ednez en el Caso Molina Theissen por secuestro, tortura, violaci\u00f3n y desaparici\u00f3n forzada. Los ex funcionarios siguen detenidos, ya que la decisi\u00f3n de la CC ha sido recurrida por la familia Molina Theissen. Lucas Garc\u00eda y Callejas tambi\u00e9n se enfrentan a cargos en el caso del genocidio Maya Ixil.<\/span><\/p>\n

Los actuales magistrados de la CC H\u00e9ctor Hugo P\u00e9rez Aguilera y Roberto Molina Barreto votaron en 2013 con otro magistrado para suspender la condena por genocidio de R\u00edos Montt. Uno de los dos magistrados que escribieron opiniones disidentes, Gloria Porras, se encuentra actualmente en el exilio tras enfrentarse a las \u00e9lites corruptas que ahora dirigen Guatemala.<\/span><\/p>\n

Si hay alguna duda sobre la lealtad de Molina Barreto, baste decir que fue candidato a la vicepresidencia de Zury R\u00edos en 2019. Zury R\u00edos tiene prohibido constitucionalmente ser candidata a la presidencia por ser hija de Efra\u00edn R\u00edos Montt, que lider\u00f3 un golpe de Estado en 1982, pero es poco probable que esta prohibici\u00f3n se mantenga en las elecciones presidenciales de este a\u00f1o, en las que tiene una oportunidad real de ganar.<\/span><\/p>\n

Un tercer magistrado de la CC tambi\u00e9n es cercano a Zury R\u00edos: Luis Alfonso Rosales Marroqu\u00edn fue abogado de su padre durante el segundo juicio por genocidio y miembro de su actual partido, Valor.<\/span><\/p>\n

Los otros dos magistrados de la CC tambi\u00e9n est\u00e1n presuntamente vinculados a redes de corrupci\u00f3n. Nester V\u00e1squez fue acusado de participar con Mynor Moto en influir en la elecci\u00f3n de jueces y magistrados. Leyla Lemus fue nombrada magistrada de la CC por el presidente Alejandro Giammatei cuando era su secretaria personal, a pesar de su falta de credenciales y de las pruebas cre\u00edbles de que minti\u00f3 en su CV sobre sus logros acad\u00e9micos.<\/span><\/p>\n

El 7 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala anunci\u00f3 que la magistrada Eva Recinos ser\u00eda la nueva presidenta del Tribunal \u00abB\u00bb de alto riesgo, encargado del caso de los escuadrones de la muerte. Recinos form\u00f3 parte anteriormente del Tribunal \u00abC\u00bb, que bajo la direcci\u00f3n de la magistrada -ahora suspendido de sus funciones- conden\u00f3 a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por corrupci\u00f3n y envi\u00f3 a prisi\u00f3n a Lucas Garc\u00eda, Caleljas y Callejas y otros altos mandos militares retirados en el caso Molina Theissen.<\/span><\/p>\n

Una semana despu\u00e9s de asumir el cargo, Recinos concedi\u00f3 a Baldetti -que tiene otros casos de corrupci\u00f3n y una solicitud pendiente de extradici\u00f3n a EEUU por narcotr\u00e1fico- una audiencia para considerar su solicitud de excarcelaci\u00f3n y arresto domiciliario por razones humanitarias. Recinos tambi\u00e9n accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de los fiscales de que la audiencia se celebrara a puerta cerrada y expuls\u00f3 de la sala a los miembros de la prensa y a los observadores del juicio. Aunque Recinos no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de Baldetti, dijo que la reconsiderar\u00eda si presentaba los documentos m\u00e9dicos pertinentes.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Art\u00edculo publicado en Elfaro (Jo-Marie Burt y Paulo Estrada) el 9 de marzo de 2023 Durante d\u00e9cadas, los supervivientes y familiares de las v\u00edctimas del caso de los escuadrones de la muerte han exigido verdad y justicia. Tras a\u00f1os sin respuestas sobre los autores o el paradero de sus seres queridos, que fueron detenidos arbitrariamente, torturados, asesinados o desaparecieron entre 1983 y 1985, al final del conflicto armado interno de Guatemala, que dur\u00f3 36 a\u00f1os, se ha abierto un camino hacia la justicia. En mayo de 2021 se detuvo a once militares y polic\u00edas retirados. Otras cuatro personas, entre ellas un civil, fueron detenidas. Las familias se atrevieron a esperar que por fin se hiciera justicia. Pero con un poder judicial cada vez m\u00e1s cooptado y una mayor\u00eda de jueces exiliados o en deuda con mafias y pol\u00edticos corruptos, esa esperanza se desvanece r\u00e1pidamente. El caso de los escuadrones de la muerte, o caso del Diario Militar, es el caso de justicia transicional m\u00e1s importante en Guatemala desde el juicio por genocidio de Maya Ixil en 2013. 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Tras a\u00f1os sin respuestas sobre los autores o el paradero de sus seres queridos, que fueron detenidos arbitrariamente, torturados, asesinados o desaparecieron entre 1983 y 1985, al final del conflicto armado interno de Guatemala, que dur\u00f3 36 a\u00f1os, se ha abierto un camino hacia la justicia. En mayo de 2021 se detuvo a once militares y polic\u00edas retirados. Otras cuatro personas, entre ellas un civil, fueron detenidas. Las familias se atrevieron a esperar que por fin se hiciera justicia. Pero con un poder judicial cada vez m\u00e1s cooptado y una mayor\u00eda de jueces exiliados o en deuda con mafias y pol\u00edticos corruptos, esa esperanza se desvanece r\u00e1pidamente. El caso de los escuadrones de la muerte, o caso del Diario Militar, es el caso de justicia transicional m\u00e1s importante en Guatemala desde el juicio por genocidio de Maya Ixil en 2013. 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