Publicado por Convergencia 31 de Enero, el 31 de enero 2025.
La Convergencia 31 de Enero, un espacio en el que coincidimos distintas organizaciones y personas individuales, nacionales e internacionales, con el propósito de recordar la Masacre en la Embajada de España y hechos colaterales, ocurridos hace ya 45 años, expresamos que:
- El 31 de enero de 1980 un grupo de campesinos indígenas provenientes del norte de Quiché, acompañados por otros campesinos del Comité de Unidad Campesina – CUC –
, cristianos, pobladores y apoyado por estudiantes del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García – FERG – de la Universidad de San Carlos de Guatemala – USAC – y de Secundaria, ocupó pacíficamente la Embajada de España para denunciar la represión y persecución por parte del ejército estatal. Demandaban la integración de una comisión investigadora in situ.
La ocupación de la Embajada de España fue una medida extrema ante el cierre de espacios democráticos y que las demandas de los pueblos no eran escuchadas.
La respuesta del gobierno terrorista del general Romeo Lucas García fue ingresar al edificio, violando la extraterritorialidad de la delegación diplomática, procediendo a incendiar las instalaciones y masacrar a los ocupantes. Como consecuencia de esa acción murieron 37 personas entre campesinos, obreros, pobladores, cristianos, estudiantes, visitantes y personal administrativo de la Embajada.
Sobrevivieron a la hecatombe el embajador Máximo Cajal y el campesino Gregorio Yujá Xona, este último quien fue secuestrado en el hospital a donde había sido trasladado para curar sus quemaduras. Fue asesinado posteriormente y su cadáver fue lanzado frente a la Rectoría de la USAC.
- Previo a la salida del cortejo fúnebre de las y los masacrados, el 2 de febrero fueron asesinados los estudiantes Gustavo Adolfo Hernández y Jesús Alberto España, integrantes del FERG de la Facultad de Medicina y Derecho respectivamente, quienes habían participado en la velación de las víctimas en el Paraninfo Universitario.
- La Sentencia del 19 de enero de 2015, del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en el Juicio contra Pedro García Arredondo – ex Teniente Coronel de Policía Nacional y ex Primer Jefe del Cuerpo Comando Seis-, determinó que el daño causado es “incuantificable e irreparable por las razones siguientes: I) se cegó la vida a personas productivas, a jóvenes, personal diplomático,
profesionales, mujeres, en una forma deleznable e irracional, se violó la sede diplomática de la Embajada de España (…) El estigma, desprecio y rechazo que tuvieron que vivir las víctimas, bajo control, seguimiento, persecución y asesinato por el acusado y gente a su mando (…) y el sufrimiento colateral que han tenido que sufrir sus familias, a quienes se les ha tratado con desprecio, deshonor, descrédito”.
Y, en su punto VII, sanciona los delitos de ASESINATO, ASESINATO EN GRADO DE TENTATIVA Y DELITOS DE LESA HUMANIDAD. Esta sentencia refleja la importancia que tiene para Guatemala el que se pueda lograr que el sistema de justicia recupere su independencia y no sea condicionada por el Pacto de Corruptos e Impunidad para parcializarse a favor del autoritarismo de las élites depredadoras, sino que, por el contrario, sea garantía de la no repetición de delitos contra la vida y la integridad de las personas que tanto daño han hecho a nuestro país.
- Lamentablemente, las causas estructurales que han motivado las luchas de los Pueblos como son el racismo, el despojo de las tierras y bienes naturales de los pueblos, la explotación, la desigualdad y otros, no se han superado. Asimismo, la represión no es algo del pasado, sino que sigue presente, con otras modalidades como: el asesinato de autoridades indígenas ancestrales y líderes comunitarios, la criminalización de defensores de la Madre Tierra, defensores de derechos humanos, estudiantes, periodistas y personas que han tratado de cumplir sus funciones dentro del Estado de manera correcta y honorable.
En Guatemala hoy tenemos un Ministerio Público y Sistema de Justicia cooptado por lo que se ha llamado el Pacto Criminal de Corruptos e Impunidad, que sirve para proteger a quienes han sido procesados por crímenes de lesa humanidad e impedir nuevos juicios, perseguir a quienes quieren que en el país haya una democracia real y un Estado al servicio de los Pueblos y defender a los corruptos.
Estamos retrocediendo como país en materia de derechos humanos y acceso a justicia pronta y cumplida cuando se excarcela a personas acusadas y/o condenadas por su participación en masacres, asesinatos, violación a derechos humanos y delitos contra la humanidad.
Esa impunidad generalizada, sigue siendo pilar de la injusticia actual, de la violación de derechos humanos y limitación de acceso a la justicia.
ANTE ESTO:
- Rendimos homenaje a nuestros héroes y heroínas, ejemplo de lucha, organización y determinación por el bien común, quienes literalmente se fundieron en una acción compartida por cambiar este país.
- Demandamos al Estado de Guatemala que asuma la responsabilidad por lo ocurrido y tome las medidas pertinentes para que haya justicia y resarcimiento a las familias de las personas asesinadas.
- Condenamos que, en la actualidad, se use a las instituciones responsables de aplicar la justicia – MP, Organismo Judicial y Corte de Constitucionalidad – para mantener la
Exigimos que el poder judicial cumpla con sus deberes según legislación nacional y convenios internacionales de proteger los derechos humanos y el compromiso de no repetición.
- Exigimos que se ponga fin a la represión contra defensores de Derechos Humanos, defensores de la Madre Tierra, estudiantes, periodistas y personas que procuran cumplir de manera honesta con la justicia y la democracia.
- Llamamos a las organizaciones populares. democráticas y progresistas a fortalecer la organización, luchas y alianzas para construir una sociedad justa, solidaria, en que todas las personas y pueblos tengamos una vida digna.
A 45 años de la masacre en la embajada de España, no olvidamos a nuestras heroínas y héroes. ¡La lucha sigue!
