Artículo original escrito por Pedro Labayen Herrera
Mientras la atención mundial se centra en la guerra liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán, Estados Unidos ha abierto, con poca cobertura mediática, otro frente en su creciente campaña contra el llamado narco-terrorismo en el hemisferio occidental.
Desde el inicio de esta nueva «guerra contra las drogas» el año pasado, los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, así como una intervención militar directa en Venezuela, han causado más de 250 muertes. Ahora, Ecuador, un país situado en el extremo noroeste de América del Sur, se ha convertido en el último escenario de la «guerra contra las drogas» relanzada por Washington. Esta escalada corre el riesgo de convertir a Estados Unidos en cómplice de violaciones de derechos humanos cometidas por un gobierno que está desmantelando progresivamente la democracia de su propio país, incluida la suspensión del mayor partido de oposición.
La nueva campaña comenzó la semana pasada, cuando el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) anunció que «las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses han lanzado operaciones contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador». No se proporcionaron más detalles, lo que dejó al público especulando sobre la escala, el lugar y los objetivos de esta intervención. Esta decisión siguió a una reunión el día anterior entre el jefe del SOUTHCOM y el presidente ecuatoriano, quien posteriormente anunció una serie de «operaciones conjuntas con nuestros aliados en la región, incluidos los Estados Unidos».
Donald Trump intensificó los ataques en vísperas de la cumbre «Escudo de las Américas» en Washington el sábado, que reunió a líderes regionales que apoyan las operaciones militares estadounidenses en el hemisferio. Justo antes de la conferencia, las fuerzas ecuatorianas y estadounidenses llevaron a cabo ataques conjuntos cerca de la frontera con Colombia contra un campamento presuntamente vinculado a un grupo rebelde disidente surgido de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El SOUTHCOM describió la acción como una serie de «operaciones cinéticas letales contra organizaciones terroristas designadas», aunque este grupo disidente no ha sido oficialmente designado como tal por Estados Unidos. Hasta el momento, no se han reportado muertes, y videos compartidos por un funcionario estadounidense parecían mostrar que el sitio estaba vacío.
El hecho de que estas «operaciones cinéticas letales» hayan tenido lugar en Ecuador no es una coincidencia. Desde su elección en 2023, el presidente Daniel Noboa —cuya estrategia militarizada de seguridad no ha logrado frenar el fuerte aumento de la criminalidad violenta— busca fortalecer los lazos bilaterales de seguridad con Estados Unidos y ganarse el favor de la administración de Donald Trump a casi cualquier costo, incluso a expensas de la soberanía de su país.
En febrero de 2024, Noboa, heredero de la familia más rica de Ecuador, ratificó un acuerdo sobre el estatuto de fuerzas que permite a las tropas estadounidenses operar en el país mientras están protegidas de las leyes locales y de procesos judiciales. En diciembre de ese mismo año, firmó un decreto que autoriza al ejército estadounidense a estacionar barcos y personal en las frágiles islas Galápagos. Posteriormente, Noboa fue más lejos: en noviembre de 2025 invitó a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem a visitar el sitio de una antigua base militar estadounidense en la ciudad de Manta. Las autoridades ecuatorianas señalaron su intención de reabrir esa instalación —que había servido como un centro clave de la «guerra contra las drogas» de Washington hasta su cierre en 2009— como base estadounidense.
Esta iniciativa se lanzó a pesar de la prohibición establecida en la Constitución ecuatoriana de bases militares extranjeras en su territorio —una prohibición que Noboa intentó revertir mediante un referéndum nacional, rechazado de forma contundente por los votantes ecuatorianos a finales del año pasado. No obstante, tropas estadounidenses permanecen en esa misma base visitada por Noem desde diciembre, aunque oficialmente solo de manera «temporal» (pero de duración indefinida) hasta que concluyan las operaciones conjuntas, de las cuales forman parte los ataques.
Más recientemente, Daniel Noboa rompió relaciones diplomáticas con Cuba y expulsó bruscamente a sus diplomáticos, afirmando sin pruebas que La Habana estaba interfiriendo en los asuntos internos de Ecuador. También celebró la intervención militar estadounidense en Venezuela, declarando que «todos los narco-chavistas criminales tendrán su momento». Tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, Noboa incluso afirmó, sin fundamento, que contingentes de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Hamás y Hezbolá operan desde Venezuela para entrenar a grupos criminales ecuatorianos.
Noboa presenta la cooperación en materia de seguridad con Washington como esencial para su propia guerra contra los grupos criminales y los «narco-terroristas», un término que utiliza desde antes de la elección de Donald Trump. Desde hace más de dos años, gobierna bajo un estado de emergencia casi permanente, desplegando al ejército en las calles y suspendiendo ciertos derechos. Una combinación de medidas de austeridad y cambios en las dinámicas del tráfico mundial de drogas ha sumido a Ecuador, desde 2021, en una violencia diaria y mortal. A pesar de esta política de mano dura —inspirada en parte en la del presidente salvadoreño Nayib Bukele— la tasa de homicidios alcanzó un nivel récord, superando los 50 por cada 100.000 habitantes, frente a 5,8 menos de una década antes.
Hoy en día, el ejército enfrenta acusaciones generalizadas de violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Organizaciones como Amnistía Internacional documentan casos de desapariciones forzadas atribuidas a las fuerzas armadas en el marco de esta estrategia de seguridad militarizada. Además, estas políticas han sido criticadas por aumentar las violaciones de derechos humanos sin lograr frenar de manera duradera la violencia. Un caso particularmente impactante —el secuestro, tortura y desaparición forzada de cuatro niños por parte de militares— provocó indignación nacional y evidenció la gravedad de estos abusos.
Al mismo tiempo, Noboa ha restringido el espacio cívico, congelando cuentas bancarias de organizaciones indígenas, procesando a activistas por terrorismo, expulsando a periodistas extranjeros y reprimiendo violentamente manifestaciones pacíficas. ONG también denuncian el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias durante protestas, así como ataques a la independencia judicial.
Las instituciones democráticas de Ecuador tampoco han sido respetadas. Cuando la Corte Constitucional anuló sus intentos de consolidar el poder, Daniel Noboa respondió con amenazas públicas y campañas de presión, calificando a los jueces de «enemigos del pueblo». También maniobró para colocar a aliados en organismos clave de control e instituciones electorales independientes. Además, gracias a una fiscal general cercana a él —cuyo nombramiento ha sido cuestionado como ilegal— el presidente obtuvo una orden judicial que prohíbe al mayor partido de oposición del país durante nueve meses, impidiéndole participar en las próximas elecciones locales.
En estos asuntos, el gobierno de Estados Unidos no se ha limitado a mirar hacia otro lado; ha recompensado a Noboa accediendo a su solicitud de clasificar a las pandillas ecuatorianas como «organizaciones terroristas extranjeras», invitándolo a la cumbre «Escudo de las Américas», abriendo una oficina del FBI en Quito y lanzando operaciones militares conjuntas y ataques.
Hasta ahora, Noboa solo había recurrido de forma limitada a los ataques aéreos. Pero señales recientes desde Washington sugieren que estos ataques conjuntos no serán los últimos. En los últimos días, Donald Trump informó oficialmente al Senado sobre estas operaciones, mientras que el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que Estados Unidos «también está bombardeando a los narco-terroristas en tierra» y prometió que «habrá mucho más por venir».
Se esperan más operaciones este fin de semana, ya que el ministro del Interior ecuatoriano anunció un toque de queda en varias provincias del este y el lanzamiento de una «ofensiva mayor contra los grupos criminales» con un «apoyo significativo de las fuerzas estadounidenses». Por lo tanto, está claro que la «nueva fase contra el narcoterrorismo» anunciada por Noboa el día de los ataques es solo el comienzo.
Para Daniel Noboa, esta intensificación del apoyo estadounidense representa una victoria importante en sus esfuerzos, siendo las operaciones conjuntas la mejor alternativa a la base militar estadounidense permanente que no logró obtener por la vía electoral. Para la administración de Donald Trump, la disposición de Noboa a recibir tropas estadounidenses y participar en su «guerra contra el narco-terrorismo» permite ampliar el alcance militar de Estados Unidos dentro de lo que el secretario de Defensa Pete Hegseth ha llamado el «perímetro de seguridad inmediato» de una «Gran América del Norte» que se extiende hasta el ecuador.
A cambio de ceder parte de la soberanía ecuatoriana, Noboa puede esperar que Washington sea un socio dispuesto a apoyar la continuación de actos de violencia estatal e ignorar, o incluso fomentar, un mayor deterioro de los derechos humanos y la democracia en Ecuador.
Traducido por Yohan Leclerc
Fuente: https://cepr.net/publications/as-iran-war-rages-washington-opens-a-new-front-in-ecuador/
