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La expulsión y la resistencia de Ana Anaya frente a la hidroeléctrica Hidroituango

Foto: Jairo Marcos. Pikara, 2022

Artículo publicado el 9 de noviembre de 2022 en Pikara magazine (Ángeles Fernández)

 

La represa llamada a convertirse en la más grande de Colombia cuando arranque sus turbinas en las próximas semanas deja un reguero de violencia y desplazamientos que sufren personas como la activista del Movimiento Ríos Vivos Ana Anaya, 32 años, cuatro hijas y un hijo, con quienes tuvo que huir de su municipio natal. Hoy las amenazas continúan en las afueras de Medellín.

Ha aprendido a vivir de otra manera la lucha contra la represa que la expulsó de su hogar: desde la lejanía física sita en Medellín y desde la cercanía afectiva de una incertidumbre que está ahí mismo, en el arranque de las turbinas de la hidroeléctrica colombiana Hidroituango, una mole de hormigón levantada sobre el río Cauca que no deja de acumular preocupaciones y desplazamientos desde que se ideó hace casi 50 años. Su aparente timidez esconde fortaleza, entereza y esperanza. También miedos.

 

Habla bajito, tranquila y de poco en poco, por eso las repreguntas permiten conocer detalles de su vida que de primeras no cuenta. No porque quiera omitir, sino porque camina sobre lo preciso, sin excesos. De hecho, su risa es suave y sus lágrimas brotan contenidas solo cuando habla de sus cuatro hijas y de su hijo, menores de edad. Y rápido las limpia, tiembla y mira para otro lado.

Ana Anaya tiene 32 años, es madre sola; un dato importante en el contexto en el que vive y lucha. Es la cara visible de la asociación de pescadores de Caucasia, municipio del departamento colombiano de Antioquia, situado aguas abajo de Hidroituango, y lleva algo más de tres meses desplazada en Medellín con sus cinco criaturas, a las que no ha podido escolarizar.

Trata de no ocupar lugar, pero siempre está ahí. Bajo su silencio acumula experiencias y datos, pergeña futuros. Habla con un recién conocido sobre posibles becas para sus hijas y llama a su mamá para que vea cómo organizarse y salir de Caucasia para evitar que la puesta en funcionamiento de la que será la mayor hidroeléctrica de Colombia y una de las más grande de América Latina les vuelva a dañar. No sería la primera vez.

La represa, aún en obras, colapsó y provocó el desplazamiento de 15.000 personas, en mayo de 2018. Los restos de aquella tragedia aún están presentes: en Puerto Valdivia siguen sin centro de salud y sin colegio y sin puente. Mucha gente no ha podido volver a su casa, arrasada por el lodo, aunque Empresas Públicas de Medellín (EPM), la responsable de la infraestructura energética, considera que tan solo una persona no ha regresado a su antiguo hogar. Las conversaciones con la gente del lugar muestran lo contrario.

A la familia de Ana Anaya no la desplazó lo que llaman la contingencia de hace cuatro años, pero su vida cambió a partir de entonces. “Soy hija de personas campesinas que actualmente viven a la ribera del río Cauca. Y esa hidroeléctrica, ese megaproyecto, nos empezó a afectar en familia: tuvimos que salir de donde estábamos viviendo con nuestros papás, a mis hermanos que pescaban les tocó salir e irse para otras partes, abandonar prácticamente la familia, a raíz de la contingencia de 2018”, cuenta Ana Anaya, estatura media, melena lisa y negra y brillante. Dedicada a la pesca, su familia tuvo que dejar su oficio porque desde entonces, dice, las aguas del río no son iguales, hay mucho lodo. Ligada a varias causas sociales de su municipio, decidió entonces, “cuando esto empezó a afectarnos de manera directa, económica y emocionalmente”, involucrarse en la asociación de pesca que forma parte del Movimiento Ríos Vivos, una red de organizaciones de base que congrega a unas de 17 asociaciones afectadas por Hidroituango.

“Me delegaron como coordinadora porque era un potencial que ellos no tenían. Ellos tienen temor de que, por hablar, denunciar o cualquier cosa, les toque una amenaza o la muerte, porque ya a varios líderes de esa asociación los hicieron salir del municipio. Me gusta esta labor que hago de líder social, de defender a la naturaleza y a las aguas”, explica con serenidad en Ituango, a donde ha acudido con una delegación de periodistas liderada por Zehar-Errefuxiatuekin en coordinación con organizaciones sociales y líderes y lideresas locales. Este municipio, sobre el que se levanta la presa, es también uno de los más violentos de la zona, donde la persecución a quien se opone al megaproyecto se conjuga desde hace décadas con la compleja presencia de diversos grupos armados, tanto ilegales como legales.

Un pueblo entre balas y fuego

De Ituango es Isabel Cristina Zuleta, actual senadora por el Pacto Histórico del presidente del país, Gustavo Petro, y una de las impulsoras de Ríos Vivos, movimiento del que durante muchos años fue vocera. La violencia paramilitar expulsó a la activista y ahora política de su pueblo con tan solo 14 años. Blanca Giraldo, otra integrante del movimiento, también es natural de Ituango, municipio al que apenas puede volver y si lo hace no es por más de 24 horas. Está señalada y perseguida. En su hoja de vida acumula luchas y desplazamientos: el primero en 1999 “porque había una guerra berrionda en el municipio entre paramilitares y guerrilla, y la población civil estaba en medio de balas y fuego”, a los 15 días le dieron retorno, pero a los seis meses volvió a salir de su vereda y se quedó en la cabecera municipal. En 2008 se tuvo que ir a Medellín donde estuvo en un albergue y en casa de un hermano, en 2009 regresó porque pasó su riesgo, tras su divorcio y sin recursos se fue a la orilla del río a trabajar de lo que da el Cauca, de donde fue desalojada por la construcción de la represa; luego se fue a otra playa fluvial pero en 2018 “vino el agua encima” y de ahí de nuevo a un albergue durante un año. Ahora vive en Toledo, el pueblo de al lado, y acude muy puntualmente a Ituango, pero solo durante un día: “Hay zonas en las que no me puedo meter. Los últimos hostigamientos han sido por la campaña de Petro y por Hidroituango”, relata en un cúmulo de acontecimientos que es complicado anotar, seguir y comprender, si es que la violencia y la expulsión de gente tuvieran alguna lógica.

La socióloga Nubia Ciro, que ahora vive en Medellín, también tuvo que dejar Ituango. El señalamiento del conocido como Clan del Golfo la desplazó; su labor crítica hacia la represa era conocida. De hecho, ha estudiado cómo “existe un modelo de expoliación para sacar a la gente de los territorios e implantar proyectos extractivistas” y denuncia “la limpieza de los territorios”, a los que se “vacía de gente”. Sus datos indican que entre 1996, cuando se produjo la primera masacre, y 2015, Ituango perdió 10.000 personas, entre muertes, desapariciones y desplazamientos.

Ituango es pueblo de postal. Inserto en montañas inenarrables, sus casas de colores transmiten la alegría que resta subir sus cuestas. Inaccesible porque EPM tiene controladas las carreteras y necesitas de su permiso para ir desde Valdivia, otro municipio lindero, así que el campesinado de la zona tiene problemas para sacar y comercializar sus productos: a la dificultad de movimiento se une “la vacuna” (mordida o impuesto revolucionario) que tienen pagar a los grupos que operan en la zona.

Diversas fuentes consultadas confirman que la violencia es más compleja tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016; los huecos que dejaron las FARC han sido ocupados por una diversidad complicada de identificar y conocer: diversos grupos paramilitares como las AGC, bandas llegadas de la ciudad, las disidencias de las FARC, el ELN. También están por allí la policía, y el Ejército, que tiene su cuartel en plena plaza del pueblo, para que todo el mundo lo vea. La presencia de EPM es patente. “Esta era una región olvidada por el Estado en seguridad y en calidad de vida. El proyecto Hidroituango llevó al Estado allí porque había guerrillas, paramilitares, delincuencia organizada; ahora también lo hay, pero hace diez años hay presencia del Estado”, defiende con orgullo Robinson Miranda, director del área Ambiental, Social y Sostenibilidad de Hidroituango. La gente del lugar, las que quedan y las que se han marchado, dicen que con Hidroituango hay más violencia y más despojo.

A Ituango ha ido Ana Anaya, como parte de la delegación encabezada por Zehar, con otros compañeros de su organización y con integrantes de la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia (REDOSC), y con personal de Paz con Dignidad y con abogadas de la Corporación Jurídica Libertad. Ha ido a Ituango, pero no puede regresar de momento a su Caucasia natal, cañón del Cauca abajo, porque está amenazada por su labor de portavoz. “Es impactante ver lo que le está pasando a la gente y cuando se escucha a las demás personas dices ‘guau’, a mí no me está pasando nada en comparación con las demás personas, es mucho más duro. Pero también me reconforta porque estamos aquí en una lucha y estamos denunciando para que el mundo sepa”, comparte en un acogedor patio del Centro Cultural Ituango, quitando peso a su situación, tratando de no llamar la atención.

“Hizo el daño y se retiró”

El pasado verano el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una de las entidades que financió la represa y que por tanto le dio respaldo, visitó las localidades afectadas por la contingencia de 2018. 477 residentes de nueve municipios de Antioquia, representados por el Movimiento Ríos Vivos, presentaron quejas. “Posiblemente puede ser uno de los avances que tenemos, pero también un perjuicio, porque ellos se retiran y nos dicen que no pueden repararnos, que solamente vienen a mirar y a ver cómo ayudarnos con otras organizaciones, cómo pueden hacer presión a EPM para que nos reparen los daños. El BID vino, hizo el daño, agarró y salió; retiró sus inversiones y se lavó las manos…”, narra Anaya.

Es el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), del BID, quien está haciendo la verificación, mientras que el organismo multilateral de inversión ha finalizado su vinculación con EPM, que ha cancelado su deuda antes de tiempo, incluyendo a las entidades bancarias que estaban en el proceso a través del BID, como el BBVA. El Banco Santander, también presente en su día, tampoco está ligado ya a la infraestructura, según EPM. Ana Anaya fue una de las personas que se reunió con el BID. Y ahí todo cambió.

“Por salir mi cara, por estar expresándome y dando a conocer todas esas afectaciones impresionantes que había ocasionado el megaproyecto aguas abajo, ya que Caucasia, según EPM, no es uno de los puntos afectados, me perjudiqué. Ahí vino el retiro mío del municipio de Caucasia”, continúa la defensora. Ahí empezaron las amenazas. En realidad, matiza, comenzaron por teléfono un poco antes de la visita del BID y hacían alusión a sus otras actividades sociales en temas como la igualdad de género. “Pero cuando pasó lo del BID llegaron directamente a mí, antes no lo habían hecho. Dos personas me amenazaron directamente, no se dejaron visibilizar el rostro, fue en la noche, unas dos cuadras antes de llegar a mi casa. Desde ese momento empezaron a hacerme un seguimiento: ya no me podía mover, a las niñas mías las tenían también acosadas. El 11 de julio salí del municipio”. Y no ha vuelto. Las denuncias que interpuso no han logrado nada.

Entre tantas capas de violencia es complicado saber quién está enfrente, pero diversas voces consultadas tienen claro el vínculo entre EPM y los grupos armados ilegales. La falta de pruebas evitan las declaraciones contundentes. EPM niega todo vínculo con la violencia y también haber pagado alguna “vacuna”.

“Mandamos un escrito al BID a ver qué se podía hacer y nos solicitaron información, se la enviamos, pero no dieron respuesta”, explica. El organismo multilateral responde a este medio que “el MICI reitera su política de tolerancia cero a represalias y su rechazo absoluto a cualquier forma de intimidación, acoso o amenazas hacia ninguna persona, incluyendo las comunidades reclamantes y las organizaciones que los acompañan”.

A la deriva

Su tono tranquilo se quiebra con lágrimas silenciosas cuando habla de sus hijas y de su hijo, a quienes no ha podido escolarizar en Medellín. “Las vulneraron el derecho a la educación. Y allí están ellas y yo… a la deriva, digámoslo así, porque no hay una ruta para las personas que llegan desplazadas, o líderes… Alguna ruta para ver cómo tienen un empleo, un emprendimiento, nada”, denuncia Anaya, que tenía un taller de confección en Caucasia y le gustaría retomarlo en la ciudad. Porque ha decidido que se va a quedar en Medellín, pero no sabe dónde.

Tras llegar a un albergue donde estuvo un mes, se fue a casa de su hermana, que lleva un año desplazada en la ciudad, en su caso por grupos armados y problemas en el vecindario, no por ser líder social. Estos no son los primeros desplazamientos que viven Ana y su hermana, porque siendo pequeñas tuvieron que salir de la vereda en la que vivían para asentarse en la cabecera municipal. “Mi papá tenía una finca y le dijeron que tenía que trabajar con ellos [paramilitares] con cultivos ilícitos y, si no, tenían que salir en 24 horas”, recuerda la defensora, ahora ya desde Medellín, porque contar tanta violencia requiere suma de ratos, porque hay vidas, aunque cortas, que no caben en una conversación. Ni en un reportaje.

Ana Anaya sigue en una situación complicada. Abandonó el albergue de Medellín porque allí también la siguieron y le dijeron que estaba vigilada. “Me mandaron a decir que por seguridad y por mi tranquilidad y la de mis hijas tenía que abandonar la ciudad de Medellín, por eso estoy a las afueras ahora”. Mientras trata de decidir qué hacer sigue con su activismo y su lucha, porque “donde una vaya yo voy a seguir con lo mismo”, dice.

Entre otras cosas, anda ayudando en organizar la salida de la gente, incluida su madre y su padre, antes de que se pongan en marcha en las próximas semanas las dos primeras turbinas de Hidroituango, de las ocho que conforman la represa. “Este proyecto es aterrador, porque uno no sabe todas las fallas que tiene, en qué momento va a suceder cualquier cosa y mucho menos ahora con la generación de las turbinas porque el macizo rocoso que está ahí no es estable”, incide. Y el temor del Movimiento Ríos Vivos y de otros colectivos, que se estaban organizando para salir de las orillas del río, es compartido por el presidente del país: “Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución que es un principio universal. En el gobierno del cambio por la vida es primero la vida”, ha escrito Gustavo Petro en un tweet.

Nuevos desplazamientos, aparentemente temporales, se están bosquejando en Antioquia. La entrada en operación de Hidroituango confirmará que la historia de esta hidroeléctrica acumula expulsiones. Y violencia. Pero también muchas luchas, como las de Blanca Giraldo, Nubia Ciro y Ana Anaya y también las de sus hijas: “Apuntan mucho al liderazgo. Es bueno ver a esas adolescentes que están viendo la realidad y quieren seguir. Las veo como unas grandes defensoras de derechos humanos”. Y ahora se le ilumina la mirada, de manera tímida.