El CDHAL quiere manifestar su preocupación por los hechos del 19 de junio de 2010 que resultaron en la agresión física, del rapto y de la detención arbitraria del párroco Martín Octavio García (Padre Martín), quien oficia su ministerio en la parroquia de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Estado de Oaxaca.
El 19 de junio de 2010 a las 8.00 pm, el Padre Martín fue secuestrado por un grupo de individuos armados cuando iba llegando al municipio de San José del Progreso a donde se dirigía, junto con otras cuatro personas que pertenecen al coro de su parroquia, a dar una misa.
Los individuos bloquearon el paso y obligaron al Padre Martín a bajar de la camioneta donde viajaba, después lo golpearon fuertemente y se lo llevaron hasta una casa donde lo amarraron y lo amenazaron con quemarlo.
Tras una negociación entre el grupo de personas que lo tenía retenido y la policía, el Padre Martín fue liberado con la condición de que fuera detenido por ser supuestamente el autor intelectual de los hechos ocurridos esa misma tarde en la comunidad del Cuajilote. En efecto, ese mismo día a las 5.30 pm, se había producido un enfrentamiento en la comunidad del Cuajilote donde habían resultado muertas dos personas, el Sr. Venancio Oscar Martínez Rivera, Presidente municipal y el Sr. Félix Misael Hernández, Regidor de salud del municipio y otras tres habían resultado heridas.
El Padre Martín fue detenido durante onze días. Entre los cargos que se le imputaban se encontraba el de « homicidio en autoría intelectual ». Fue liberado en la madrugada del miércoles 30 de junio de 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) declarando que no contaba con los elementos que le culpen en los hechos.
El Padre Martin había sido objeto de una campaña de difamación y de continuos actos de hostigamiento desde que comenzó a impulsar acciones a favor de la ecología y contra las repercusiones negativas de la explotación de oro y plata de «San José», que ha sido concedida a la empresa minera Cuzcatlán S.A. C.V, y que afecta a la comunidad de San José del Progreso.
El 6 de mayo de 2009 se iniciaron acciones de protesta contra la mina, que han sido duramente reprimidas por los cuerpos de la policía. Desde este momento, los medios de comunicación y las autoridades locales acusan al Padre Martín de «alborotador» y «agitador».
Condenamos firmemente esto hostigamiento contra el Padre Martin y la secuestración de la cual fue víctima.
Por la siguiente carta, usted puede denunciar las amenazas contra el Padre Martin y por este medio apoyar a todos los defensores de los derechos humanos en Mexico para que las autoridades locales y nacionales tomen medidas concretas para promover el respeto de los derechos humanos y de sus defensores.
En el archivo PDF disponible en esta página, puede ver la carta que el CDHAL mandó a las autoridades mexicanas, el 1 de julio de 2010.
Por favor, envíe sus cartas (versión en español más abajo) a las autoridades mexicanas para mostrar nuestra solidaridad con el Padre Martin y con los defensores de derechos humanos y para solicitar que se adopten medidas apropiadas a esta grave situación.
Mandar a:
Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Ulises Ruiz Ortiz, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; Dr. Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca; Li. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación; Li. Arturo Chávez Chávez, Procurador General de la República; Dr. José Antonio Guevara Bermúdez,Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra
A los correos siguientes:
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
secretario@segob.gob.mx
ofproc@pgr.gob.mex
jguevara@segob.gob.mx
Con copia a:
CDHAL : solidared@cdhal.org Francisco Barrio Terrazas, Embajada de México en Canadá fbarrio@embamexcan.com Edgardo Flores Rivas, Consul General de México a Montreal comexmt@consulmex.qc.ca El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos appeals@fidh-omct.org Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C. barcadh09@gmail.com Alberto Brunori Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México oacnudh@ohchr.org
********Version a mandar******
Señores:
Por medio de la presente, yo quiero manifestar mi preocupación por la noticia del 19 de junio de 2010 de la agresión física, del rapto y de la detención arbitraria del párroco Martín Octavio García (Padre Martín), quien oficia su ministerio en la parroquia de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Estado de Oaxaca.
HECHOS
De acuerdo a la información recibida por parte del Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL), el 19 de junio de 2010 a las 8.00 pm, el Padre Martín fue secuestrado por un grupo de individuos armados Cuando iba llegando al municipio de San José del Progreso a donde se dirigía, junto con otras cuatro personas que pertenecen al coro de su parroquia, a dar una misa. Los individuos, que se encontraban bloqueando el paso, obligaron al Padre Martín a bajar de la camioneta donde viajaba, después lo golpearon fuertemente, utilizando incluso piedras y se lo llevaron hasta una casa donde lo amarraron y lo amenazaron con quemarlo. Los acompañantes del Padre Martín identificaron entre los agresores a los Sres. Ángel Arango, Silvano Vásquez y a las Sras. Flora Maria Rodríguez, Claudia Reyes y Cristina Hernández, miembros de la comunidad de San José del Progreso. Tras una negociación entre el grupo de personas que lo tenía retenido y la policía, el Padre Martín fue liberado con la condición de que fuera detenido por ser supuestamente el autor intelectual de los hechos ocurridos esa misma tarde en la comunidad del Cuajilote. En efecto, ese mismo día a las 5.30 pm, se había producido un enfrentamiento en la comunidad del Cuajilote donde habían resultado muertas dos personas, el Sr. Venancio Oscar Martínez Rivera, Presidente municipal y el Sr. Félix Misael Hernández, Regidor de salud del municipio y otras tres habían resultado heridas.
El Padre Martín fue detenido durante onze días. Entre los cargos que se le imputaban se encontraba el de « homicidio en autoría intelectual ». Fue liberado en la madrugada del miércoles 30 de junio de 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) declarando que no contaba con los elementos que le culpen en los hechos.
CONTEXTO GENERAL
El Padre Martin había sido objeto de una campaña de difamación y de continuos actos de hostigamiento desde que comenzó a impulsar acciones a favor de la ecología como parte del trabajo de la Pastoral Social y propiciara la necesidad de obtener mayor información de las repercusiones negativas o positivas de la explotación de oro y plata de «San José», que ha sido concedida a la empresa minera Cuzcatlán S.A. C.V, y que afecta a la comunidad de San José del Progreso, donde se encuentran los minerales. La concesión para la explotación a esta empresa, que tuvo lugar en el 2008, es apoyada por las autoridades municipales y agrarias y un grupo de personas de la comunidad, mientras que otro grupo de personas de la comunidad se oponen a la explotación tanto por no haber sido consultadas como por los efectos que ésta puede acarrear para el medio ambiente. Esta división ha estado acompañada de sucesivos actos de violencia entre los habitantes de la comunidad.
El 6 de mayo de 2009 se iniciaron acciones de protesta contra la mina, que han sido duramente reprimidas por los cuerpos de la policía. A raíz de esta movilización, los medios de comunicación locales han publicado varios artículos en los que se acusa al Padre Martín de «alborotador» y «agitador». En noviembre de 2009, el Presidente municipal de San José del Progreso y un grupo de ciudadanos irrumpieron la misa oficiada por el Arzobispo de Oaxaca para pedir con pancartas y gritos la salida del Padre Martín de la parroquia de San Pedro Apóstol. Lo acusaron de ser un subversivo y distribuyeron volantes difamándolo. El 2 de marzo de 2010 el Padre Martín fue citado a declarar en la Procuraduría General de la República (PGR) en relación a una nota publicada por el diario local «El Imparcial» el 20 de noviembre de 2009, donde consta que el Sr. Venancio Oscar Martínez Rivera, Presidente municipal de San José El Progreso, había denunciado ante la PGR al Padre Martín como miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y de haber participado en la retención de funcionarios municipales. Durante el citatorio, se le informó que las personas señaladas de pertenecer directamente al grupo armado son los líderes que se oponen a la mina y que trabajan en defensa de la tierra. Por esta denuncia, el Padre Martín ya había sido requerido el 16 de diciembre de 2009. El 16 de marzo de 2010,el Presidente municipal volvió a pedir públicamente a través de varias radios locales que el Padre Martín sea removido de su cargo en la parroquia de San José El Progreso.
DEMANDAS
Señalo mi profunda preocupación por la agresión contra el Padre Martín y su hostigamiento judicial, que incluye la detención y acusación y teme que estos actos estén motivados en razón de sus actividades como defensor de derechos humanos. Asimismo, el CDHAL manifiesta, de manera general, su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en Oaxaca y por la de todos los defensores de derechos humanos en México. Es de mayor importancia destacar que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos señaló que los Estados acuden con mayor frecuencia a acciones legales para violar los derechos humanos de los defensores, y que estos son arrestados y perseguidos penalmente bajo falsos cargos. Asimismo, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en su Informe sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos en México, elaborado en 2009, que se registra recurrentemente el uso arbitrario del sistema penal en contra de los defensores de derechos humanos.
Ante todos esos hechos, solicito de las autoridades mexicanas que :
1. Lleven a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las circunstancias de todos los hechos arriba denunciados con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
2. Velen por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluso judicial, contra el Padre Martín, así como contra todos los defensores de derechos humanos en México;
3. Aseguren la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona «individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional» (Art. 1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar «la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración» (Art. 12.2);
4. De manera general, que garanticen el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México. Por mi parte, les informo de que seguiré de cerca la conducta de los funcionarios responsables de impartir justicia en relación a esta desafortunada situación.
Atentamente,
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