Artículo original de Viena Hernández, publicado en criterio.hn, 20 agosto 2026.
Las disputas territoriales que envuelven a las ZEDE, el extractivismo, los agroindustriales y el rubro energético contra comunidades locales, termina en tragedia, con amenazas, personas desaparecidas y asesinatos, frente un aparato estatal y de justicia viciado en contubernio con los agresores, mientras criminalizan a las víctimas.
La Asociación para una ciudadanía participativa, ACI PARTICIPA, reportó y documentó, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, el asesinato de 15 personas defensoras de derechos humanos. De estas víctimas, 11 defendían la tierra y el territorio, 2 el medio ambiente y 2 la liberal de expresión. Una de las víctimas era mujer y 14 hombres.
Estos casos documentados evidencian patrones persistentes de violencia armada, contra personas vinculadas principalmente a la defensa de la tierra, al territorio y el medio ambiente, en los que se reproducen contextos de elevada conflictividad agraria, disputas por la tierra presencia de estructuras criminales y grupos armados control territorial y economías legales.
Además, señala la persistente ausencia de adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú, instrumento regional orientado, entre otros aspectos, a garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Aguán, señaló a Criterio.hn que, bajo el mandato de gobiernos del Partido Nacional, integrada por gobernantes de extrema derecha no es de sorprenderse con incidencia de disputas territoriales entre empresas, extractivistas, agroindustriales, energéticas y de comunidades locales que, lamentablemente terminan en tragedia, con amenazas, personas desaparecidas y asesinatos, en la que los agresores y asesinos son acobijados y la ciudadanía está desprotegida.
Lamentó que la política esté siendo orientada y se profundice la concentración de riqueza, de la tenencia de la tierra, pese a que la Constitución de la República, prohíbe los latifundios de personas naturales o jurídicas que tienes arriba de 300 hectáreas (ha), lo cual se violenta en la región del Aguán. Al contrario, existe el acaparamiento de tierra y bienes naturales en enormes extensiones, lo que genera mayor desigualdad, pobreza y miseria en el país.
IMPOSICIÓN DE LAS ZEDE Y ESTABLECIMIENTO DE LA VIOLENCIA
El informe también menciona a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y las disputas frente al Estado hondureño, al recordar que el Congreso Nacional, derogó el marco jurídico de la ZEDE en 2022 y, que, en 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ratificó su inconstitucionalidad y declaró la nula nulidad total desde su origen.
Sin embargo, durante el 2025, continuaron operando de facto las ZEDE: Próspera en Roatán, Islas de la Bahía; ciudad Morazán en Choloma, Cortés y Orquídea en Choluteca. A su vez, en 2025, continuaron impulsando demandas millonarias contra el Estado hondureño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, pese a que Honduras había denunciado el Convenio del CIADI en febrero de 2024.
Fernando García, excomisionado presidencial contra las ZEDE, durante el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), comentó a Criterio.hn que, indiscutiblemente los modelos económicos dentro del sistema capitalista son diferentes. En el momento actual, estamos viviendo la transición de un modelo neoliberal, lo que significaba reducir el papel del Estado a su mínima expresión.
Esa transición es hacia el modelo libertario, el cual considera que no deben existir los Estados en su configuración actual, sino solamente ciudades empresa, ciudades Estado que, para existir necesitan no solamente tierra, sino territorio con sus propias normas jurídicas, sus propias instituciones y lógicamente sus propias entidades.
García expresó que, no es de extrañarse, con que las nuevas autoridades del gobierno de Nasry Asfura (2026-2030) que, aunque las ZEDE sean impuestas, ilegítimas e ilegales, van a tratar de imponer que expandan con los libertarios que son multimillonarios del planeta.
En el año 2025, culminó el periodo del gobierno de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026), del partido Libertad y Refundación (Libre), administración que generó expectativas respecto a la protección y garantía de los derechos humanos, después de años de profunda crisis institucional, encrudecidos bajo gobiernos del Parido Nacional.
Aunque en el período de Castro existió voluntad política para abordar algunas problemáticas, la respuesta institucional fue insuficiente para alcanzar todos los avances esperados. El 2025 fue un año electoral marcado por una elevada polarización política e institucional, así como factores de incidencia internacional que tuvieron repercusiones en el escenario público.
Sobre el informe “Honduras: deuda de sangre y justicia, el informe que ya no deberíamos escribir”, la directora ejecutiva de ACI PARTICIPA, Hedme Castro, pidió al Estado de Honduras, tomar acciones para detener los asesinatos y las agresiones contra quienes ejercen su labor por la defensa comunitaria.
La activista alertó que la violencia no debería continuar siendo admitida como un fenómeno inevitable, ni limitarse a las respuestas que surgen después que suceden los crímenes. En ese sentido, apuntó que se deben establecer medidas de protección para la prevención de ataques y garantizar así que la población pueda vivir y moverse sin temor, debido a que la situación actual refleja la carencia de garantías suficientes para quienes se encuentran involucrados en conflictos territoriales, ambientales o sociales.
Finalmente, el informe advierte la persistencia y aumento de la violencia, la criminalización y la falta de garantías para quienes defienden la tierra, el territorio, el ambiente y otros derechos humanos en el 2026.
IMPUNIDAD ANTE MASACRE CONTRA CAMPESINOS EN RIGORES
El 21 de mayo de 2026, ocurrió la masacre en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón, en la que fueron asesinadas al menos 20 personas, en el sector de la Cooperativa Paso Aguán, entre las víctimas había niños y tres mujeres.
Sobre la masacre en Rigores, Yoni Rivas apuntó que han exigido permanentemente que la masacre sea investigada por una instancia que no tenga que ver con funcionarios policiales. Recomendó que podría ser, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), debido a que dos días antes, las víctimas mortales de la masacre, estaban denunciando hostigamiento de parte de cuerpos de seguridad del Estado.
Aconsejó que, debería de haber asesoramiento o monitoreo de expertos internacionales, con sistemas de aplicación de justicia para garantizar que haya una investigación creíble y transparente de esa masacre que mantiene a la población con terror y miedo.
“Este terror y miedo lo generan en un momento donde quieren imponer un marco jurídico para llevar a cabo despojos masivos, como es el decreto 107-2026”, señaló Rivas, en referencia a la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, publicada en el diario oficial La Gaceta el 26 de junio de 2026.
Asimismo, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), reporta la agresión en contra de 11 medios durante el proceso electoral de 2025, identificando como el principal agresor al general en condición de retiro y exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, quién ha sido acusado por el Ministerio Público por los delitos de incitación a la discriminación y obstaculizar la libertad de expresión.
Lo anterior, es parte del informe «La palabra a prueba», presentado este miércoles por C-Libre, que resume la situación de la libertad de expresión en Honduras durante 2024-2025. En lo que va del año, C-Libre reporta 74 alertas sobre agresiones en contra de periodistas y comunicadores sociales, detalló a Criterio.hn, el presidente de C-Libre, Saúl Bueso.
Una de esas alertas corresponde a Criterio.hn y los múltiples ataques a la libertad de expresión que ha recibido este medio independiente a lo largo de su trayectoria periodística. Tan solo, el 24 de junio se eliminó la cuenta de Threads y, a partir de julio, fueron eliminadas decenas de publicaciones de las diferentes redes sociales de Criterio.hn.
Hasta ahora, la empresa tecnológica multinacional, Meta Platforms, Inc., matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, no ha restablecido las cuentas ni los contenidos de Criterio.hn.
C-Libre ha manifestado su intento por dar seguimiento a estos casos, pero las limitaciones financieras no se los han permitido.
Fuente: https://criterio.hn/periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos-victimas-permanentes-de-asesinatos-e-impunidad-estatal/
