Marisela Escobedo Ortiz, fue una defensora de derechos humanos que a partir del crimen contra su hija movilizó a personas y organizaciones, a instituciones y poderes para acabar con el feminicidio, siempre a través de fortalecer las instituciones de justicia, de acciones ciudadanas y democráticas. Su asesinato, el pasado 16 de diciembre de 2010, revela la desprotección criminal que el Estado mexicano sostiene contra las defensoras y su falta de voluntad efectiva para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Puede dirigirse a las autoridades mexicanas para denunciar este inaceptable crímen y exigir que se haga justicia en este caso y con todos los casos de feminicidio en México (Ver modelo de carta para enviar).
En el archivo PDF publicado en esta pagina, puede ver la carta que mandamos a las autoridades mexicanas (23-01-2011).
*** Modelo de carta para enviar ***
Señoras/es:
En esta oportunidad me dirijo a usted(es) ya que me encuentro profundamente indignado(a) y condeno enérgicamente el asesinato de Marisela Escobedo Ruíz (en adelante Marisela), defensora de derechos humanos, en el hecho ocurrido el 16 de diciembre del 2010 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Hechos
De acuerdo con la información de la que dispongo hasta el momento, difundida por el Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL), el pasado 16 de diciembre Marisela Escobedo Ortiz, defensora de derechos humanos de Ciudad Juárez, fue asesinada a balazos por un hombre no identificado a las puertas del Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, donde protestaba por la impunidad en la que se mantiene el homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.
Antecedentes de la situación
Unos días antes de que fuera asesinada, Marisela se había presentado a un acto del gobernador de Chihuahua, César Duarte, con una pancarta que decía “justicia, privilegio de gobiernos”. Marisela, pedía justicia por la muerte de su hija.
El 28 de agosto de 2008, ante el asesinato de su hija Rubí, Marisela Escobedo comenzó los trámites correspondientes para su denuncia y para que las autoridades actuaran conforme a derecho, pues se tenía claras sospechas de quien podía haber sido el asesino. Rubí Marisol, de 16 años, fue asesinada en Ciudad Juárez por su pareja, Sergio Rafael Barraza, con quien tenía una hija.
Sergio Rafael Barraza ejerció violencia desde el inicio de la relación, violencia que incrementó hasta que la asesinó, quemó y tiró en un basurero clandestino y cementerio de cerdos. Este hombre, huyó al estado de Zacatecas, confiado en que después de un tiempo su crimen quedaría impune, como los cientos de otros asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Su crimen no fue investigado, posteriormente fue absuelto por los tribunales y finalmente, ya que se había dado a la fuga, encontrado culpable mediante un juicio de casación.
Ante las graves irregularidades y omisiones de las autoridades en las investigaciones ministeriales, Marisela tuvo la tenacidad de buscar, siempre dentro del marco de la ley, las pruebas de los hechos. Sergio Rafael Barraza, personalmente y ante ella, ubicó el lugar exacto donde había depositado a su víctima, confesó su crimen y pidió perdón en la audiencia de juicio oral que se realizó. Sin embargo, el 29 de abril de 2010, las y los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudib Jurado decidieron absolverlo.
Marisela Escobedo Ortiz, exigió justicia siempre de una manera pacífica. Utilizó sus propios recursos, económicos y vitales, para realizar el trabajo que las autoridades no cumplían. Realizó todas las investigaciones para conocer la verdad y dar con el asesino de su hija. Caminó desde Ciudad Juárez a Chihuahua para que el Gobernador del estado, en ese momento José Reyes Baeza, mandatara las acciones necesarias para detener al asesino. Ante la absolución de Sergio Rafael Barraza, realizó el juicio de casación y logró que en dicha sentencia se condenara al asesino. Sin embargo, como no se dictó arraigo él volvió a huir y desde su fuga comenzó a amenazar a Marisela.
En el mes de julio del año 2010, ella se instaló en la Alameda Central de la Ciudad de México para exigir al Presidente, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que buscaran y detuvieran al asesino.
En septiembre de 2010, acudió al Encuentro Nacional Feminista que se realizó en Zacatecas y ahí pidió que las autoridades que buscaran a Barraza, pues se tenían indicios de que se encontraba en esa zona.
En noviembre de 2010 presentó testimonio ante la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres. Ella afirmaba, que mientras no se detuviera al asesino de Rubí y a todos los demás asesinos de mujeres, éstos seguirían cometiendo dichos crímenes. Su conciencia de la necesidad de realizar medidas para que los hechos no se repitieran permitió que en el estado de Chihuahua, se instalara la Comisión Investigadora para el caso Rubí, con el fin de detectar los errores en el proceso y tomar medidas en el sistema judicial para que no se repitiera la impunidad. Sin embargo, todo quedó paralizado ante el cambio de gobierno estatal y municipal.
Marisela protestaba el pasado 16 de diciembre de 2010, porque el nuevo gobernador, Cesar Duarte Jáquez, no había realizado ninguna acción respecto de su hija -y demás mujeres desaparecidas y asesinadas- pero sí había movilizado todo el aparato de procuración de justicia para familiares de funcionarios de alto nivel del Estado.
Demandas
Teniendo en cuenta la extrema gravedad de estos hechos, les urgo a:
- Llevar a cabo una investigación completa e independiente en relacón al asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
- Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de la familia de Marisela Escobedo;
- Cumplir todas las disposiciones de la Sentencia Campo Algodonero, en la que la Corte Interamericana especifica acciones para prevenir, investigar y sancionar debidamente las desapariciones, violencia sexual y homicidios en contra de mujeres, así como investigar y sancionar a quienes realizan los hostigamientos y agresiones en contra de las familias y organizaciones que buscan justicia por dichos hechos;
- Garantizar la integridad y seguridad para todos los familiares de víctimas de desaparición, violencia sexual y homicidios de mujeres, es decir, del feminicidio. Esto implica una atención integral, la investigación de los hechos y la debida reparación de los daños, de manera urgente para la familia Frayre Escobar;
- Velar por que se ponga fin a todo tipo de agresión, hostigamiento y violencia contra los defensores(as) de los derechos humanos en México, en concreto asegurando la aplicación de lo dispuesto en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998. En particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1). También en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);
- De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, cumpliendo así con las obligaciones contraídas por México de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos que ha ratificado.
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De igual manera quiero expresar que ante el incremento de violencia en contra de las defensoras de derechos humanos, responsabilizo al Estado mexicano de cualquier otro acto en su contra, pues hasta la fecha no ha investigado, ni a realizado las acciones básicas para garantizar su vida y su integridad. En ello se incluye a los cuerpos de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno –federal, estatal y municipal- que desde 2008 tienen ocupada Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, sin que ello se haya traducido en una mejora para la seguridad de las mujeres.
Aprovecho para denunciar que en el actual debate para aprobar el presupuesto estatal de Chihuahua no se han incorporado recursos para implementar la Ley estatal por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ni para cumplir con la Sentencia de Campo Algodonero.
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Agradecería recibir por escrito una lista de las acciones que se emprenderán.
Atentamente,
ESCRIBA AQUI SU NOMBRE
Mandar a:
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Lic. Felipe Calderón Hinojosa
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Secretaría de Gobernación
Lic. José Francisco Blake Mora
secretario@segob.gob.mx
contacto@segob.gob.mx
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
correo@cndh.gob.mx
Gobierno de Estado de Chihuahua
Lic. César Horacio Duarte Jáquez
webmaster@chihuahua.gob.mx
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Unidad de defensores
Dr. José de Jesús Orozco Henríquez
cidhdenuncias@oas.org
cidhdefensores@oas.org
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Sra. Navanethem Pillay
civilsocietyunit@ohchr.org
Con Copia a:
Centro de derechos humanos
Fray Bartolomé de las Casas A.C.
accionurgente@frayba.org.mx
frayba@frayba.org.mx
Embajada de Canadá en México
Sr. Guillermo E. Rishchynski, Embajador
mxico@international.gc.ca
Embajada de México en Canadá
Sr. Francisco Barrio Terrazas, Embajador
fbarrio@embamexcan.com / info@embamexcan.com
Consulado general de México en Montreal
Sr. Edgardo Flores Rivas, Cónsul general
comexmt@consulmex.qc.ca / eflores@consulmex.qc.ca
Comité pour les droits humains en
Amérique latine – CDHAL
solidared@cdhal.org
