Estimado Presidente Bukele,
Nosotros, las abajo firmantes X organizaciones de Y países, así como Z académicos y abogados de A países nos unimos al llamado de las organizaciones del movimiento social en El Salvador para que usted mantenga la minería fuera de El Salvador, y que el Fiscal General de la República retire los cargos contra los cinco defensores del agua que enfrentarán un segundo juicio el 3 de febrero después de haber sido declarados inocentes de todos los cargos en octubre de 2024.
Hemos sido testigos de los impactos destructivos de la minería en todo el mundo, y entendemos que El Salvador se enfrenta a múltiples desafíos y amenazas ambientales que se verían exacerbados por la reintroducción de la minería. La minería aumentaría el riesgo de contaminación ambiental, violaciones de derechos humanos y problemas de salud pública en El Salvador.
Señalamos lo siguiente:
– La nueva ley de minería aprobada el 23 de diciembre de 2024 centraliza la toma de decisiones en manos del ejecutivo. Hace caso omiso de las mejores prácticas internacionales, como exigir a las empresas mineras que presenten una Evaluación de Impacto Ambiental para la aprobación de los proyectos. No proporciona información abierta y transparente sobre las actividades mineras ni exige la consulta y el consentimiento de las comunidades que se verán afectadas. Y lo peor, deja en manos del Estado el elevado coste de los cierres de minas y la reparación medioambiental, al tiempo que libera a las empresas mineras de cualquier responsabilidad para crímenes medioambientales.
– La anterior ley de minería de El Salvador de 2017, que prohibía la minería de metales, fue aprobada por unanimidad en la legislatura, y casi cuatro quintas partes de los salvadoreños se opusieron a la minería en una encuesta de la UCA de 2015. Una nueva encuesta de la UCA en diciembre de 2024 encontró que el 61 por ciento de los salvadoreños se oponen a la minería.
– Dentro de El Salvador, el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, junto con 600 sacerdotes, una amplia diversidad de organizaciones ambientales y del movimiento social, y muchas personas en las comunidades que se verían afectadas por la minería se han manifestado en oposición a nueva minería;
– La minería es intrínsecamente insostenible: Es destructiva para el medio ambiente, sus contribuciones potenciales al bienestar humano son desiguales, y cualquier beneficio a corto plazo son insignificantes al compararlos al daño social y económico a largo plazo que inevitablemente inflige. El Salvador no puede explotar minas para conseguir agua limpia, comunidades sanas y medios de vida sostenibles.
– Hay 15 razones de peso por las que El Salvador rechazó la minería de oro tóxico en 2017, y por qué no reiniciar la minería ahora disponible aquí.
Sobre los cinco defensores del agua que su gobierno detuvo el 11 de enero de 2023, pedimos a su Fiscal General que retire todos los cargos, y señalamos lo siguiente:
– En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque decidió absolver a los cinco de todos los cargos. El fallo se basó en que el Fiscal General no pudo demostrar la existencia de delito. Posteriormente, en diciembre de 2024, un tribunal de apelación anuló el veredicto de inocencia y anunció que los cinco serían juzgados de nuevo el 3 de febrero, a pesar de que no se pueden presentar nuevas pruebas.
Apoyamos a las organizaciones ambientales y sociales de la sociedad civil de El Salvador que le piden a usted y a su gobierno que implementen una agenda ambiental centrada en restaurar un equilibrio ambiental crítico y promover la sostenibilidad a largo plazo en consulta con las comunidades, las organizaciones sociales y otros expertos y líderes, y que muestren su pleno apoyo a la legislación histórica de El Salvador para proteger el agua y promover comunidades saludables.