InicioAcción urgenteCerca de cincuenta organizaciones y redes internacionales instan al gobierno del Ecuador a poner fin a la militarización del territorio Shuar

Cerca de cincuenta organizaciones y redes internacionales instan al gobierno del Ecuador a poner fin a la militarización del territorio Shuar

Cerca de cincuenta organizaciones y redes internacionales dirigieron la siguiente carta a las autoridades del Ecuador el 19 de diciembre, exigiendo el cese inmediato de la militarización del territorio del pueblo Shuar y del estado de excepción dictado la semana pasada por el gobierno en la provincia de Morona Santiago, en el sur-este de la Amazonía ecuatoriana. Las organizaciones firmantes instan al gobierno, con el fin de evitar mayor violencia, la derogación inmediata del Estado de Excepción, el retiro de las fuerzas armadas de la zona y la urgente apertura de un espacio de diálogo con las comunidades afectadas en base del pleno respeto de su derecho a la auto-determinación y al consentimiento previo, libre e informado.

Para mayor información sobre la situación, leer entre otros comunicados los documentos publicados en la página de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE y el comunicado conjunto de la Asociación de Campesinos de Limón Indanza-ACLI y la Coordinadora Campesina Popular-CCP.

 

Carta del 19 de diciembre del 2016

 

Dr. Patricio Benalcázar Alarcón
Defensoría del Pueblo de Ecuador

Javier Felipe Córdova Unda
Ministro de Minería

Abg. Cristina Silva Cadmen
Directora Ejecutiva, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)

Dra. Inés Arroyo
Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria

Dr. Galo Chiriboga Zambrano
Fiscalía General del Estado

 

Señores y señoras,

Las organizaciones internacionales de solidaridad y de la justicia ambiental suscritas en esta carta nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación por la militarización del pueblo Shuar Nankints y el Estado de Excepción dictado en la provincia de Morona Santiago, con la intención de imponer el proyecto minero Panantza-San Carlos en la zona.

La comunidad shuar de Nankints fue desalojada por militares en agosto de 2016, para abrir paso para al proyecto de la empresa ExplorCobres S.A. Cuando la comunidad intentó recuperar su territorio a finales de noviembre, la zona fue militarizada. Luego, el 14 de diciembre, cuando policías y militares aparentemente actuando bajo órdenes del Fiscal de Gualaquiza de allanar a las comunidaes, se produjo un enfrentamiento violento que dejó el lamentable saldo de un policía muerto y otras siete personas heridas.

La empresa ExplorCobres S.A. es subsidiaria de Corriente Resources y CRCC-Tongguan Investment Co. registradas en Canadá, a su vez subsidiarias del consorcio chino CRCC-Tongguan, que compró la empresa Corriente Resources y el proyecto Panantza-San Carlos en 2010.

La mencionada empresa debió perder las concesiones mineras de Pananza-San Carlos por incumplir el Mandato Minero de 2008, el cual sigue vigente. Según este mandato, las concesiones mineras que no habían sido consultadas previamente con los pueblos indígenas afectados, ubicadas en fuentes de agua, entre otras criterios, debieron ser revocadas sin compensación económica alguna. Por esta y otras razones, la Contraloría encontró que este proyecto de extracción de cobre, oro y molibdeno no cumple con el Mandato Minero. Entre otras cosas, dentro de las 14.000 hectáreas comprendidas en las trece concesiones mineras hay más de 400 fuentes de agua, que son esenciales para la vida y la cultura de las comunidades shuar.

Es importante notar que las empresas mineras canadienses – entre ellas Corriente Resources – y la embajada canadiense comparten responsabilidades por la no aplicación del Mandato Minero desde 2008, tomando en cuenta que trabajaron en conjunto para defender los intereses económicos de las empresas privadas, en contra del estado de derecho y sin consideración de los impactos nocivos de estos proyectos en zonas ecológica y culturalmente sensibles, tal como la zona afectada por el proyecto Panantza San Carlos.

Además, otra grave irregularidad es que en el año 2011 el Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental del proyecto Panantza-San Carlos en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años atrás, bajo normas constitucionales, mineras y ambientales diferentes.

Este proyecto no solamente afecta a Nankints, sino a otros diez Centros Indígenas Shuar de las Asociaciones Tariamiat, Arutam y Churuwia, como también a numerosas familias campesinas. Otros centros shuar y establecimientos campesinos se encuentran en su zona de influencia.

Lamentamos profundamente la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano y expresamos nuestra solidaridad con su familia, y la de los demás heridos. Al mismo tiempo, creemos que estos hechos de violencia podría haber sido evitado.

En el interés de evitar mayor violencia y asegurar el bienestar de las comunidades afectadas, exigimos la inmediata derogación del Estado de Excepción, el retiro de las fuerzas armadas y de la empresa de la zona, y la urgente apertura de un espacio de diálogo con las comunidades afectadas en base del pleno respeto de sus derechos humanos, el derecho a la auto-determinación de los pueblos y su consentimiento previo, libre e informado, consagrados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la jurisprudencia internacional y otros convenios internacionales de los que el Ecuador es signatario.

 

Firmado por:

Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré (ALDEAH)
Amazon Watch, U.S.
Atlantic Regional Solidarity Network, Canadá
Bios Iguana, México
CATAPA, Belgium
Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Bolivia
CEIBA, Guatemala
Censat Agua Viva, Colombia
Cercle des Premières Nations de l’UQAM, Québec, Canadá
Colectivo CASA, Bolivia
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), Panama
Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Tolima, Colombia
Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), Québec, Canadá
Cooperacción, Perú
Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), Ecuador
Defensa del Ixofillmogen – Vancouver, Canadá
Delhiin Mongol Nogoon Negdel (DMNN), Mongolia
Earth Law Center, U.S.
Environmental Defender Law Center (EDLC), U.S.
The Esperanza Project, U.S.
Friends of the Earth – Canadá
Fundación Ecuménica para El Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú
The Gaia Foundation, U.K.
GRUFIDES, Perú
Intercontinental Cry, Canadá
Justiça nos Trilhos, Brasil
Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), Chile
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives
Kalikasan Peoples Network for the Environment, Philippines
Kanaka, Ecuador
Listen To The Amazon, U.K.
McGill Research Group Investigation Canadian Mining in Latin America (MICLA), Canada
Mining Injustice Solidarity Network – Toronto, Canadá
Mining Justice Action Committee – Victoria, Canadá
Mining Justice Alliance – Vancouver, Canadá
MiningWatch Canadá
Movimiento Mesoamericano en Contra del Modelo Minero (M4), Regional
Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, México
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Regional
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile
Otros Mundos Chiapas, México
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), México
Red Muqui, Peru
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), México
Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con America Latina – Oscar Romero (SICSAL), Canadá
United for Mining Justice, Canadá