En el marco de una gira norteamericana y europea, Nestora Salgado estuvo de visita en Montreal a principio de noviembre para denunciar la violencia estructural y las violaciones contra los derechos humanos por parte del Estado mexicano, en contubernio con las empresas y gobiernos extranjeros. Dichas violaciones han sido escaladas en un contexto de implementación de megaproyectos que se han multiplicado en todo el país desde la firma de los acuerdos de libre comercio.
Nestora Salgado participó en la creación de una policía comunitaria indígena en su pueblo natal de Olinalá, Guerrero. Esta policía fue creada en 2013 con todo el respaldo legal a nivel estatal, federal e internacional (de acuerdo con la ley 701 del Estado de Guerrero, el segundo artículo de la Constitución mexicana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT], respecto al derecho a la autodeterminación y al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas) y con el apoyo material y financiero de las autoridades locales.
El establecimiento de esta policía comunitario es una consecuencia del hartazgo de la población ante la inacción del gobierno, a pesar de las frecuentes denuncias por los casos de secuestro, extorsión, desaparición, asesinato, feminicidio y violencia sexual contra las mujeres y l@s niñ@s, redes de trata de personas y de prostitución. La policía comunitaria, desde su temprana creación, se empeñó a resolver los crímenes más graves que sucedían en su comunidad, descubriendo así la implicación del mismo gobierno local en varios de ellos.
Nestora Salgado destaca que « al gobierno no le gustan los pueblos organizados; no solamente la policía comunitaria […] persiguen a los maestros, persiguen a los estudiantes, a todo tipo de luchador social, y siguen un patrón sistemático de acusaciones : […] secuestro, delincuencia organizada, terrorismo, siempre te ponen los cargos más difíciles para salir. La fabricación de delitos es muy fuerte, y en mi caso en bien comprobado » (sic). Este patrón de criminalización de los movimientos sociales que lleva a cabo el gobierno mexicano fue corroborado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las N.N.U.U. Después de haber rechazado dinero ofrecido por miembros del gobierno para callarla, Nestora Salgado fue aprehendida por efectivos considerables de la marina, del ejército y de la policía estatal, sin identificarse ni orden de aprehensión. Tomaron su pasaporte estadounidense (país del cual ella es naturalizada) y no informaron el consulado de los Estados Unidos de su detención, contra lo que dicta la ley. Desde allí, empezó una interminable lista de violaciones contra sus derechos fundamentales, incluyendo los derechos a la libertad y la seguridad, y que protegen contra detenciones arbitrarias, como enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 9 y 10) y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 9 y 14), ratificados por el Estado mexicano.
Durante los dos años y siete meses de su detención ilegítima, Nestora Salgado sufrió de condiciones de detención que pueden ser consideradas como tortura : pasó 27 meses en aislamiento, a veces en oscuridad total y a veces bajo luz continua y deslumbrante, sufrió desplazamientos constantes y fue detenida en lugares sospechosos y irregulares, además de no tener acceso a un abogado por casi un año. Limitaron su acceso al agua potable y a servicios de salud, a pesar de su condición física particular causada por un accidente , y solo pudo contactar a su familia muy raramente. La absolvieron en 2014, pero Nestora Salgado tuvo que esperar dos años después del juicio antes de ser liberada. La persiguieron una segunda vez por los mismos cargos de cuales la habían ya absuelta, sin respeto por la Constitución mexicana. Como lo mencionó el informe del Grupo de trabajo sobre Detenciones arbitrarias de las N.N.U.U., « La Sra. Salgado ha sido acusada de los delitos de delincuencia organizada (acusación federal) y de secuestro (acusación estatal). Todas las acusaciones derivan de hechos y actuaciones llevadas a cabo por la Policía Comunitaria de Olinalá como autoridad legalmente reconocida en el ejercicio de sus obligaciones de seguridad pública. ». Como lo menciona La Sra. Salgado, « en Olinalá, teníamos 250 miembros policía comunitaria, y ¿cómo es que solamente yo, Nestora, estuve detenida? ».
Ella afirma que fue detenida por su lucha en defensa de los pueblos indígenas. Durante su visita en Montreal, Nestora Salgado proclamó que su caso, que también fue denunciado por las N.N.U.U es una « una radiografía total de la impunidad y del abuso de autoridad y de poder del gobierno, […] estatal como federal, porque para [el gobierno] es fácil fabricar delitos. En México, hay tantos presos políticos, fabricación de pruebas, y violaciones de todos nuestros derechos ». Ella vincula su caso con los de varias y varios estudiantes, maestras y maestros en los últimos años, sobre todo el caso de los 43 Normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Denuncia al « terrorismo de Estado » y que « la delincuencia organizada está realmente a dentro del gobierno : sus diputados, su gente, su sistema , todos están de la mano. […] El gobierno no está ni siquiera reconociendo estas violaciones a los derechos humanos, incluso trata de ocultarlas. Para nosotros estuvo muy difícil romper el circo mediático, muy poca gente quiere escribir acerca de nosotros o contar la historia real ».
Nestora Salgado está entonces realizando una gira en América del Norte y Europa para sensibilizar la sociedad civil y los gobiernos a estas violaciones de derechos humanos y a los feminicidios, para « parar este narcogobierno […] y hacer que respete a nuestros derechos humanos e indígenas ». También desea tejer vínculos con otras organizaciones con fines de « defender lo que es nuestro, gritar fuertemente para defender nuestra libertad y nuestra autonomía, y sobretodo las mujeres ». Nestora Salgado nos invita a estar pendientes y vigilantes porque todavía siguen cargos en apelación en contra de ella, y que varias compañeras y varios compañeros siguen encarcelados en México por razones políticas.
