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Grupo de trabajadores agrícolas guatemaltecos enfrentan posible deportación

Quince trabajadores agrícolas provenientes de Guatemala aseguran que fueron engañados por la empresa que los contrató en términos de sus permisos de trabajo, al tiempo que aseveraron que fueron tratados como esclavos luego de llegar a la provincia de Quebec.

Los trabajadores fueron puestos en custodia cuando oficiales de inmigración hicieron una redada en una agencia de empleo de Victoriaville.

El Centro de Trabajadores Inmigrantes (CTI) se pronunció por el caso de estos 14 trabajadores agrícolas, a quienes están prestando todo el apoyo posible. Voceros de la organización aseveran que si bien las autoridades de Canadá han dicho que la detención se llevó a cabo como parte de una investigación sobre trabajadores ilegales, éste no es el caso. “Lo cierto es que las palabras ‘ilegales’ y ‘clandestinos’ son términos injustos e inapropiados para describir la condición de los 14 trabajadores migrantes guatemaltecos (…) Fueron sujeto de estafa, engaño y tráfico por parte de la agencia Les Progrès, ubicada en Victoriaville”, dijo Viviana Medina Velázquez, organizadora comunitaria del CTI, quien agregó que “estos trabajadores fueron explotados desde el principio”.

Según narró la organizadora comunitaria, los trabajadores fueron obligados a pagar un por un permiso de trabajo que nunca fue tramitado por la agencia, a cambio de conseguirles un nuevo trabajo. Esto, dijo Medina Velázquez, “les generó una enorme deuda con el director de la agencia. Muchos de ellos ya deben dinero a los reclutadores en su país desde su venida. Entonces vienen aquí a trabajar y no tienen otra opción que vivir en condiciones de esclavitud para pagar deudas y alimentar a sus familias en casa”.

Juan Godoy Enríquez es uno de los trabajadores afectados, quien aseveró haberse endeudado para poder pagar a un reclutador en su ciudad natal y así asegurarse que obtendría empleo en tierras canadienses.

Narra la CTI que mientras Godoy Enríquez trabajaba en una granja los Cantons de l’Est, la agencia le prometió que le aseguraban un permiso de trabajo, mejores condiciones y salario. El propio migrante aseveró: “mi hijo está recibiendo tratamiento por una grave lesión en la cabeza en Guatemala y junto con mis deudas yo necesitaba asegurarme de poder seguir ganando dinero para enviar a casa“.

“La agencia guardó nuestros documentos, firmamos contratos y ellos prometieron que todo era legal, así que empecé a trabajar para ellos sin entender la magnitud de la situación. ¿Qué quiere que haga un padre desesperado?”, agregó.

El centro de trabajadores, ante el caso, envió una carta al CNESST para denunciar las prácticas laborales de la agencia y varios de los antiguos empleadores de los trabajadores. “Lo que es importante en este momento es que los trabajadores busquen la justicia como víctimas de explotaciones“, indicó por su parte Mukala Kaseka, miembro del consejo de administración del CTI. “Tanto los gobiernos federales como provinciales tienen que prestar atención a este problema causado por políticas defectuosas que no son capaces de proteger los derechos y tienden a castigar a las víctimas”.

Según Godoy Enríquez, los trabajadores migrantes ganan apenas 300 dólares por 85 horas de trabajo semanal.

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés), dijo que realizó la redada el pasado 26 de octubre, como parte de una investigación que venía realizando de trabajadores no autorizados. Tanto la RCMP como la SQ participaron en la operación.

El propietario de la agencia involucrada en este caso es Esvin Cordon, también de origen guatemalteco. Cordon dijo a Radio-Canada que no tiene nada que ocultar, agregando que ninguna de las alegaciones hechas por los trabajadores migrantes ha sido probada ante una corte. Su abogada informó que el propio Cordon fue arrestado durante la redada, pero no fue acusado de crimen alguno.

Cordon asegura que las acusaciones en su contra son “completamente falsas”.

Por su parte, la abogada de los trabajadores, Susan Ramírez, indicó que sus clientes estuvieron bajo custodia de la CBSA. Uno de ellos fue ya deportado el martes en la mañana.

Otros cuatro fueron liberados con una fianza de $1.500 dada por garantes canadienses.

Diez trabajadores permanecen detenidos en el centro de detención de inmigrantes de Laval.

La abogada pedirá en las próximas audiencias (previstas para lunes y martes) que los trabajadores puedan permanecer en Canadá con permisos de trabajo abiertos, recordando que el estatus de los empleados afectados pasó a ilegal cuando decidieron cambiar de trabajo por la oferta realizada por la agencia de empleo.