Ante el alto riesgo de aprobación de la Ley de Seguridad Interior en México, que tiene como principal objetivo legitimar la intervención del ejército en acciones de seguridad pública, el Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) de Montreal, Canadá, y organizaciones aliadas, unen su voz a los diferentes organismos de la sociedad civil mexicanos e internacionales que denuncian sobre la afronta a los derechos humanos que significaría la aprobación de dicha ley.
Todo indica que la estrategia de militarización implementada por el gobierno mexicano desde el año 2006, lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en el país, acarreó un aumento considerable de los hechos de violencia, con 213,000 muertos y más de 30 mil desaparecidos desde esta fecha. Existe evidencia de múltiples casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los militares desde el inicio de esta estrategia de militarización, y los índices de violaciones de los derechos humanos alcanzan niveles nunca antes vistos. Entre 2006 y 2014 hubo más de 1,273 denuncias por tortura en manos de militares.
En este contexto, resulta altamente preocupante la intención del gobierno mexicano de seguir con una estrategia de guerra, normalizando el Estado de excepción y el actuar de las fuerzas militares en los asuntos de seguridad pública, aún más considerando que varias disposiciones del proyecto de Ley de Seguridad Interior contravienen a la Constitución Política del Estado. Entre otras disposiciones preocupantes, cabe mencionar que el proyecto de ley:
- Faculta al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y a cualquier fuerza de seguridad pública federal para operar como investigadores y realizar acciones de vigilancia a la población por “cualquier método de recolección de información”, sin restricción y sin la facultad de un juez, vulnerando el respeto y la garantía del derecho a un debido proceso, de las garantías judiciales y del derecho a la privacidad, entre otras consecuencias;
- Prevé que la documentación sobre acciones realizadas por las fuerzas armadas en la aplicación de la ley será considerada clasificada por 12 años, por motivos de seguridad nacional, sin que organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas o miembros del Congreso puedan tener acceso a esta información;
- Considerando que la ley no tiene carácter de aplicación específica contra el crimen organizado sino contra “quien ponga en riesgo la nación” (Artículo 3), abre paso al uso de la fuerza pública, incluyendo la fuerza letal, contra manifestaciones pacíficas de las comunidades y de los movimientos sociales ;
- Significa la normalización de un régimen de excepción donde las fuerzas armadas se sustituyan a las fuerzas policiales para asegurar la seguridad pública, y donde los derechos a la libre expresión, los derechos de libre tránsito, al debido proceso y la presunción de inocencia, entre otros, serían violentados;
- Privilegia acciones de represión y confrontación con la población en vez de apostarle a generar acciones de diálogo y paz en las zonas y regiones afectadas por una violencia generalizada, por ejemplo a través de la formación y capacitación adecuada de las policías y del apoyo a iniciativas ciudadanas y comunitarias para asegurar la seguridad.
Ante esto, las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra fuerte preocupación por la eventual aprobación de esta nueva Ley de Seguridad Interior que da paso a la represión y a eventuales actos de tortura y asesinatos que pueda cometer el gobierno mexicano, a través de las fuerzas militares, bajo el pretexto de mantener el orden y a la seguridad.
Un país militarizado demuestra una crisis institucional profunda y en México ya ha generado graves casos de tortura, feminicidios, asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y múltiples ejecuciones extrajudiciales. Creemos de suma importancia que el Estado mexicano apueste por generar condiciones de paz y no de guerra para resolver la severa crisis de los derechos humanos que conoce actualmente el país, y respete el conjunto de las disposiciones de la Constitución del Estado Mexicano, que prevé que las fuerzas armadas estén reguladas y sometidas al poder ejecutivo y al control civil.
Al mismo tiempo hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta, a que denuncie las graves violaciones perpetradas por el Estado mexicano y sus órganos de gobierno y a que inste a sus gobiernos a que ejerzan presión sobre México para que éste respete los múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos a los cuales este país ha suscrito.
Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL)
Common Frontiers
CIPO-Vancouver
Colombian Action Solidarity Alliance (CASA)
Migrant Worker’s Dignity Association (MWDA)
