InicioComunicadoCarta firmada por organizaciones canadienses sobre la crisis constitucional en Guatemala

Carta firmada por organizaciones canadienses sobre la crisis constitucional en Guatemala

Sra. Rita Rudaitis-Renaud
Embajadora de Canadá en Guatemala
3 Calle 8-44, Zona 10
Guatemala, Guatemala

cc: Honorable Chrystia Freeland, Ministra de Relaciones exteriores

Re: Preocupación ante el agravamiento de la crisis constitucional en Guatemala

Excelentísima señora Embajadora,

Nosotras, organizaciones signatarias, expresamos nuestra extrema preocupación ante el agravamiento de la crisis constitucional que tiene lugar en Guatemala desde agosto 2018. Seguimos de cerca la evolución de la situación y compartimos las preocupaciones de las organizaciones de defensa de los derechos humanos guatemaltecas et de las autoridades ancestrales Maya, Xinka y Garífuna, que temen que el Estado guatemalteco retome la táctica represiva utilizada durante el conflicto armado interno. El Gobierno de Guatemala desafía el estado de derecho e ignora los frenos y contrapesos establecidos en el marco del Estado guatemalteco para impedir la consolidación del poder, en violación total de los acuerdos de paz de 1996 y de la institucionalidad democrática.

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, anunció en agosto 2018 que su gobierno no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), patrocinada por las Naciones Unidas. El gobierno guatemalteco ha repetidas veces desobedecido decisiones de la Corte Constitucional para permitir la entrada de los representes de la CICIG al país, en violación de un acuerdo existente entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, válido hasta septiembre 2019.

El 5 de enero 2019, el investigador de la CICIG, el colombiano Yilen Osorio Zuluaga, fue impedido de entrar en Guatemala e ilegalmente detenido en el aeropuerto de la Aurora, en la ciudad de Guatemala. Grupos de defensa de los derechos humanos, representantes de la sociedad civil y las autoridades indígenas se reunieron en frente al aeropuerto para pedir su liberación y expresar su apoyo a la CICIG y el Sr. Osorio finalmente fue libertado la noche siguiente, en aplicación del ordenanza de la Corte Constitucional dirigido directamente a las autoridades guatemaltecas de inmigración, después de 25 horas de detención. El día siguiente, el 7 de enero, la Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, anunció en la sede de las Naciones Unidas que Guatemala pondría fin unilateralmente al mandato de la CICIG, dentro de un plazo de 24 horas. En su declaración, ella negó la legitimidad de las decisiones de la Corte Constitucional de Guatemala. Inmediatamente después, en una conferencia de prensa, el presidente Jimmy Morales confirmó la anulación del mandato, en violación de las decisiones de la Corte Constitucional.

Tememos que la continua negativa del poder ejecutivo de cumplir con las órdenes de la más alta corte del país constituya un golpe “técnico”, conduciendo Guatemala por el camino de la dictadura. La preocupación se agrava por las acciones repetidas del Congreso de Guatemala, siendo que el 20 por ciento de congresistas están bajo investigación por corrupción, para socavar los esfuerzos anticorrupción a través de la legislación acuñada como “el pacto de los corruptos” por los medios de comunicación y grupos de la sociedad civil. Entendemos que las acciones del gobierno van más allá de un simple intento de alejar la CICIG del país; Los esfuerzos del gobierno para consolidar el poder constituyen un ataque contra el estado de derecho y la institucionalidad.

La sociedad civil, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las autoridades indígenas de Guatemala llamaron repetidas veces la comunidad internacional a seguir apoyando la CICIG y los jueces de la Corte Constitucional de Guatemala. También pidieron nuevas encuestas sobre los agentes gubernamentales y las empresas corrompidos.

A pesar de sus llamamientos, las amenazas contra el estado de derecho alcanzaron un punto crítico en Guatemala. Es crucial que Canadá tome una posición de defensa de los derechos humanos, del estado de derecho y del fin de la corrupción y de la impunidad en Guatemala. Pedimos a la embajada de Canadá que apoye al pueblo guatemalteco y llame el gobierno guatemalteco a respetar las decisiones de la Corte Constitucional.

Reconocemos la reciente respuesta pública de Canadá en apoyo de la CICIG y esperamos que la Embajada de Canadá utilice todos los medios disponibles para sostener su apoyo continuo a la Comisión y para llamar el gobierno de Guatemala para que respete a la Corte Constitucional.

Firman,

Americas Policy Group – Groupe d’orientation politique pour les Amériques
Amnesty International Canada
Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN)
Alternatives Canada
BC CASA/Cafe Justicia Canada
Canadian Jesuits International
Canadian Union for Public Employees
Centre Paysan
Church in Action Committee, Maritimes Region, United Church of Canada
CoDevelopment Canada
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
Common Frontiers
The Humanity Fund
Inter Pares
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives
KAIROS Halifax
Martha Justice Ministry of the Sisters of St. Martha, Antigonish
Maquila Solidarity Network (MSN)
Maritimes – Guatemala Breaking the Silence Network (BTS)
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Nobel Women’s Initiative
Projet Accompagnement Québec-Guatemala
Public Service Alliance of Canada- Alianza de la Función Pública de Canadá
Todos por Guatemala Canada
Toronto Guatemala Community Network
The United Church of Canada
Union Paysanne
United Steelworkers
USC Canada