HomeAction urgenteColombie / Menaces de mort / Harcèlement

Colombie / Menaces de mort / Harcèlement

Cet article est seulement disponible en espagnol.
Llamado Urgente – \ El Observatorio
COL 013 / 0509 / OBS 076
Amenazas de muerte / Hostigamiento
Colombia  14 de mayo del 2009
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura(OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos(FIDH),solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con seria preocupación informaciones de fuentes confiables sobre las amenazas de muerte y el hostigamiento al que viene siendo sometida la hija de la dirigente indígena Sra. Aída Quilcué, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y delegada de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 11 de mayo de 2009, hacia las 06:00 de la tarde, la niña Mayerli Alejandra Legarda Quilcué, de doce años de edad, fue abordada por cuatro hombres al frente de su casa, ubicada en la vereda Clarete, a pocos kilómetros de la ciudad de Popayán, cuando, según la denuncia, cuatro sujetos armados que se movilizaban en un vehículo de color blanco apuntaron con armas de fuego contra ella. Se ha informado que tras el llamado de auxilio de la menor y ante la presencia de la guardia indígena en el lugar, los desconocidos huyeron. Igualmente, se ha denunciado que un día antes, cuatro personas que manifestaron pertenecer al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), intentaron ingresar al colegio donde la menor estudia, con fines no establecidos y luego habrían visitado a la niña en su vivienda sin permiso ni conocimiento de su mamá, la Sra. Aída Quilcué.
Se ha denunciado también que, anteriormente, el 21 de abril de 2009, una patrulla de la policía estuvo dando vueltas alrededor de la misma casa y luego le hizo seguimiento al carro asignado a la niña, quien se movilizaba por la vía Panamericana. Según las informaciones, los uniformados amenazando con sus armas de dotación hicieron detener el vehículo en un lugar aislado de la vía, y allí los uniformados pretendieron requisarlo, lo cual no fue permitido por la guardia indígena que lo custodiaba. Este hecho ya fue denunciado ante los organismos de control del Estado, el día 22 de abril del 2008.
El Observatorio señala su seria preocupación por la seguridad y por la integridad personal de la hija de la líder indígena Sra. Aída Quilcué, así como por la de esta última. El Observatorio, al condenar vehementemente los hechos aquí denunciados insta al Gobierno Colombiano a proteger efectivamente la vida, la seguridad y la integridad física de la menor y de su madre la Sra. Aída Quilcué.
El Observatorio había denunciado anteriormente las amenazas y el grave atentado sufridos por la Sra. Aída Quilcué. En efecto, el Observatorio recuerda que la Sra. Aída Quilcué sufrió un atentado, cuando el automotor asignado a su transporte particular fue baleado por miembros del ejército, en diciembre de 2008, en el cual resultó muerto su esposo el Sr. Edwin Legarda, también reconocido por su trabajo y compromiso con las comunidades indígenas. Esto sucedió a su regreso a Colombia después de su participación en reuniones en Ginebra, Suiza, en donde denunció, con ocasión del Examen Periódico Universal de Colombia por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las violaciones de los derechos humanos de las cuales son víctimas los pueblos indígenas. El ataque ocurrió también a pocos días del fin de la Minga Nacional de Resistencia Indígena en la cual la Sra. Quilcué tuvo un gran protagonismo. Dentro de la investigación por este hecho, recientemente fueron capturados algunos soldados adscritos al Batallón “José Hilario López”, como presuntos responsables del hecho.
El Observatorio había señalado entonces que la justificación hecha por las más altas autoridades, incluyendo el Presidente, en el mes de octubre del 2008, de la represión de la Minga indígena por parte las Fuerzas Armadas de Colombia, al afirmar que terroristas se habrían infiltrado entre los manifestantes, podría haber constituido un serio peligro para la seguridad y para la integridad personal de sus líderes e incluso de sus participantes.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la líder indígena Sra. Aida Quilcué y de todos los miembros de su familia, en particular de su hija, la niña Mayerli Alejandra Legarda Quilcue, así como de los demás miembros del CRIC en el Departamento del Cauca;
ii. ordenar la realización de una investigación inmediata, exhaustiva competente e imparcial en torno a las denuncias aquí formuladas, con el fin de identificar a los culpables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. velar por que se ponga fin a todo tipo de agresión, hostigamiento y violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia;
iv. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección […] de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art.12.2);
v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.