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Nouvelle section du site web!!
Nous avons mis en ligne un tout nouveau dossier, portant sur le féminicide ayant cours dans la ville de Ciudad Juárez, dans l’état de Chihuahua, au Mexique.
Cliquez ici pour le consulter.
Ce dossier est le fruit du travail du Comité de solidarité avec les femmes de Ciudad Juárez.
LLAMADO URGENTE
Amenazas de muerte / Hostigamiento
Colombia 26 de agosto de 2008
Descripción de la situación:
Hemos recibido con muy seria preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre amenazas de muerte de las “Águilas Negras” dirigidas contra un equipo acompañante en terreno de nueve defensores de derechos humanos, la mayoría miembros de la organización Comisión de Justicia y Paz, quienes se encuentran en calidad de promotores, de observadores y de pedagogos de derechos humanos en la Zona Humanitaria de la cuenca del Curvaradó, Departamento del Chocó.
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 24 de agosto de 2008, hacia las 11:55 horas de la mañana, el equipo de defensoras y defensores de Justicia y Paz, compuesto por las Sras. Elizabeth Gómez, Luz Marina Arroyabe, Senaida Parra, Andrea Abello, la Sra. Tania Halle, observadora internacional y miembro del Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad con Colombia - PASC (Canadá) y los Sres. Yimmi Jansasoy, Fabio Ariza, Carlos Torres, Eduard Mina, además del Sr. Enrique Petro, conocido líder de las comunidades, se encontraba en una reunión de evaluación en la Zona Humanitaria de Andalucía Caño Claro[1], cuando se recibió en un teléfono móvil una llamada de una mujer que se identificó como perteneciente a las “Águilas Negras”. En tono amenazante y perentorio expresó la siguiente amenaza: “Hablan las Águilas Negras. Es mejor que salgan de la zona, están vigilados, deben salir ya.”
Según las denuncias, a las 12:29 horas del mismo día, se recibió otra llamada proveniente del mismo número de teléfono celular al número de teléfono celular de la Comisión de Justicia y Paz en Bogotá, con el siguiente mensaje: “Saquen ya a esos muchachos de la zona”.
De acuerdo con las informaciones, el 25 de agosto de 2008 hacia las 6:55 de la tarde, el equipo de Justicia y Paz acompañante en la cuenca del Curvaradó recibió, por tercera vez, una nueva amenaza de muerte al teléfono móvil de la organización. Un hombre que se comunicó desde un teléfono móvil dijo: "con militares o sin militares, los vamos a matar" e inmediatamente cortó la llamada.
Debido a las amenazas del 24 y del 25 de agosto, las defensoras y defensores de derechos humanos continúan siendo acompañados por la observadora internacional del PASC de Canadá Tania Halle y por integrantes de la organización Brigadas Internacionales de Paz (Peace Brigades Internacional - PBI).
Se ha informado además que el 25 de agosto, a instancias del seguimiento de las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana respecto a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, se reiteró ante las autoridades la solicitud de identificar a las personas que se comunicaron para amenazar a la Comisión de Justicia y Paz y también proceder a realizar acciones efectivas sobre las “Águilas Negras”, las cuales según las denuncias operan en Belén de Bajirá, Mutatá, Brisas de Curvaradó, Tierradentro, Nuevo Oriente.
Manifestamos nuestro rechazo y seria preocupación con respecto a las amenazas de muerte recibidas por las Sras. Elizabeth Gómez, Luz Marina Arroyabe, Senaida Parra, Andrea Abello, Tania Halle y por los Sres. Yimmi Jansasoy, Fabio Ariza, Carlos Torres, Eduard Mina y Enrique Petro, y urge a las autoridades gubernamentales a que adopten las medidas oportunas y apropiadas para que todos los defensores de derechos humanos que acompañan las mencionadas comunidades del departamento del Chocó reciban una protección eficaz y para que además, se lleve a cabo inmediatamente una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las nuevas amenazas existentes contra miembros de la Comisión de Justicia y Paz.
Muy preocupados por esta nueva situación, recordamos que estos hechos se inscriben dentro de un marco general de fuerte incremento de los ataques, señalamientos, intimidación e incluso asesinatos en contra de los defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales y miembros de la sociedad civil durante lo que va corrido del presente año en Colombia[2].
Antecedentes y contexto de la situación:
Estos últimos hechos se han producido como continuación de una oleada de amenazas de muerte y de actos de hostigamiento ocurridos de manera recurrente desde el mes de junio de 2008, contra diversas organizaciones de defensa de derechos humanos activas en la región de Curvaradó, en particular a través de declaraciones que señalaban sin fundamento a las Zonas Humanitarias como espacio de la guerrilla de las FARC y a los organismos de defensa de derechos humanos como auxiliares de la guerrilla, así como a través de falsas acusaciones en su contra.
Estas nuevas amenazas de muerte son otra concreción de las técnicas de persecución que se suman a las de la deslegitimación del trabajo de la Comisión de Justicia y Paz en Consejos Comunitarios por parte del Presidente Uribe y de las falsas imputaciones que se vienen dirigiendo contra la mencionada Comisión de Justicia y Paz, en particular, desde febrero de 2008.
Tememos que con estas amenazas de muerte se pretenda lograr la expulsión de la Comisión de Justicia y Paz de la región del bajo Atrato para, según las denuncias, poder de esta manera consolidar los agronegocios que llevan al exterminio de los afrocolombianos y a la destrucción de su territorio convirtiéndolo en desierto verde de palma y de extensión ganadera.
Exigimos a las autoridades de Colombia:
i. adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos miembros del equipo acompañante de Justicia y Paz en la cuenca de Curvaradó arriba mencionados, de sus respectivas familias y de todos los miembros de la Comisión de Justicia y Paz en la región y en el resto del país;
ii. llevar a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a estas nuevas amenazas con el fin de identificar a los culpables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento y de violencia en contra de los defensores de derechos humanos y miembros de ONG acompañantes en las Zonas Humanitarias del Departamento del Choco y de todo el país y en general de los defensores de derechos humanos en Colombia;
iv. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “ individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) y a la obligación de las autoridades de garantizar “la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2);
v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 8 de agosto de 2008.
Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz inician una cacería contra integrantes de la APPO y de la Otra Campaña. En clara operación del Plan Mérida.
A los pueblos de Oaxaca, México y el Mundo A los hombres y mujeres de buen corazón A los medios de comunicación honestos A las organizaciones de los Derechos Humanos A todos los que sufrimos represión, hostigamiento, encarcelamiento y pérdida de un ser querido:
A escasos meses de cumplirse otro año más de impunidad para el pueblo oaxaqueño, pues ni un solo caso de los 27 asesinados en el 2006 ha sido resuelto y todos los asesinos gozan de libertad y de la protección de los malos gobiernos de Calderón y Ulises Ruiz quienes pretenden acabar con todos aquellos que reclamen sus derechos. Es así como la PGR trata de involucrar a la APPO en el asesinato de Bradley Roland Will, periodista independiente de los estados Unidos, quien fue asesinado por los grupos parapolicíacos del Municipio de Santa Lucía del Camino, como claramente se ve en las escenas que muestran los videos, hechos que han sido confirmados por peritos internacionales de la organización independiente Médicos por los Derechos Humanos.
Desde el 2007, la familia Will inconforme de la nula seriedad de las investigaciones de la PGR solicito a Médicos por los derechos humanos retomaran el caso de Brad, y en marzo de este año realizaron peritajes en el lugar de los hechos, cuyos resultados, arrojan que la bala que mato a Brad Will fue de larga distancia; demostrando la falsedad de su hipótesis de que alguien de la APPO le disparo. Este peritaje fue entregado a la PGR como prueba pero como sucede siempre la Procuraduría no lo ha tomado en cuenta, por el contrario ahora se fabrica el expediente 274/2008 en donde pide el arraigo de 4 personas, que por el momento les ha sido negado porque no hay ninguna prueba o fundamentos que indiquen su responsabilidad, sin embargo la falta de estado de derecho y la temeraria mala fe, nos pone vulnerables y en cualquier momento pueden ser encarcelados y pretender difamar el movimiento oaxaqueño al involucrarla con el asesinato como tantas veces han querido hacerlo como en el caso de las FARC sin que hasta ahora lo hayan logrado.
La PGR ahora distorsionando la verdad real de los hechos como ha actuado en contra de muchos otros miembros y simpatizantes de la appo, con la clara tendencia de criminalizar la protesta social, culpando a personas inocentes que han participado en el movimiento social, como el caso de Miguel Cruz Moreno miembro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón CIPO RFM, consejal de la APPO, quien se presentó voluntariamente como testigo del crimen a Brad para que no quedara impune y siempre que ha sido requerido por la PGR nunca se ha negado y como el caso de Edgar Santiago Navarro quien nunca estuvo en el lugar de los hechos pero como es un estudiante activista de Chapingo, y además ambos compañeros son adherentes de la Otra Campaña y la Sexta Declaración de la Selva Lacandona por lo que es una prueba mas de la criminalización de la protesta social del Estado mexicano y la persecución a las organizaciones Sociales que no se han prestado al juego sucio del Gobierno.
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Todo el Poder al Pueblo.
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COLOMBIA. La Extradición como un posible mecanismo de impunidad.
Ever Veloza, más conocido con el alias de Hernando Hernández, “HH”, dirigente de las estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Bananero en el Urabá antioqueño y bajo Atrato; Bloque Calima, que operó en Valle y Cauca, y del Tolima ha reconocido la comisión de más de 3000 crímenes. Estos quedarían en el oscuro socavón de la mentira y de la impunidad, si su juicio, se realiza por los delitos del tráfico de drogas y se dejan de lado los que se pueden tipificar como Crímenes de Lesa Humanidad.
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GUATEMALA : EJECUCIONES
Guatemala, 11 de Agosto de 2,008
Comunicado
La Asociación Cristiana de Jóvenes de Guatemala (ACJ) asociada al movimiento internacional de la YMCA, por este medio informa a los medios nacionales e internacionales que el día de hoy lunes 11 de agosto de 2,008 fueron vilmente ejecutados los jóvenes Eliazar Bernabe Hernadez Rodas de veintidós años de edad, Mario Rene Gamez Luna de veintitrés años de edad y Juan Luis Navarro de diecinueve años de edad, los tres jóvenes eran voluntarios de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Amatitlán y se caracterizaban por su trabajo en pro de la niñez y juventud.
Los tres presentaban señales de violencia extrema y tiro de gracia, los jóvenes fueron sacados de sus residencias, con engaños en horas de la noche del domingo 10 de agosto luego conducidos con rumbo desconocido, sus cuerpos aparecieron el día de hoy lunes en la jurisdicción de San Vicente Pacaya.
Condenamos este hecho de violencia que enluta nuestra asociación y nos solidarizamos con sus familias y amigos.
Exigimos al Ministerio Público, una investigación exhaustiva que lleve a esclarecer los hechos, Lamentamos las expresiones vertidas por elementos del mismo, que se apresuran adelantar acusaciones de delincuencia contra las víctimas o hipótesis sin ningún fundamento. Exigimos al sistema de justicia que juzge a los autores materiales e intelectuales de este asesinato múltiple.
Asimismo, exigimos al estado guatemalteco garantizar la vida y seguridad de los niños y jóvenes, para evitar que se continúe perdiendo vidas valiosas para la sociedad.
Asociación Cristiana de Jóvenes de Guatemala.
Halte au bradage des terres des « Comunidades Campesinas » du Pérou
SIGNEZ LA PÉTITION EN APPUI AVEC LE PEUPLE DE KITCISAKIK ET LEURS REVENDICATIONS
[ SUPPORT ABORIGINAL HUMAN RIGHTS : Free Robert Lovelace and the KI-6 ]
Au Café Rico - Expo-photo sur une consultation populaire au Pérou concernant le développement local et l’exploitation minière dans les Andes
Halte au bradage des terres des « Comunidades Campesinas » du Pérou
Le décret législatif 1015, approuvé le 20 mai 2008 par le Président de la République du Pérou Alan Garcia, établit que la vente et les investissements privés sur les terres des communautés indigènes et paysannes de ce pays peuvent être autorisés par vote de la majorité simple (la moitié des membres plus une voix) des membres des assemblées communales. Ce décret modifie la loi 26 505 qui exigeait comme pré requis le vote de 66.6% des membres qualifiés de chaque communauté pour la vente des terres communales.
Alan Garcia a décidé de passer en force, sans l’avis du Parlement, et allant à l’encontre de l’article 89 de la Constitution qui déclare ces terres communales imprescriptibles, inaliénables, et insaisissables. Mais également à l’encontre des conventions internationales sur les droits des peuples Indigènes signées par le Pérou, telle la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui dans son article 8 condamne «tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources », ou la Convention 169 de l’OIT qui impose aux gouvernements de consulter les populations indigènes sur les mesures législatives ou administratives qui peuvent les affecter.
Ce sont plus de sept mille communautés et des centaines de milliers de familles des Andes et de l’Amazonie qui sont menacées par cette mesure qui, comme le souligne l’AIDESEP (Association Interethnique pour le Développement de la Forêt Péruvienne), met en péril l’existence même de la propriété communale en faisant courir le risque de la disparition de la communauté ou d’une population indigène. Les terres communales au Pérou sont la base matérielle de la vie des « Comunidades Campesinas », institution ancestrale, espace d’identité sociale, économique, culturelle des peuples Indigènes, où la vie s’organise autour des critères démocratiques et de justice sociale, et la pratique d’anciennes formes de travail en commun de la terre (minga, ayni).
Ce décret répond à une stratégie du gouvernement qui dénonce le régime traditionnel de gestion des terres collectives, les grandes superficies non utilisées dans l’Amazonie, mais aussi les protestations sociales et revendications politiques des ONG, mouvements sociaux syndicats, etc., comme principaux obstacles au développement économique et social au Pérou. Il promet de s’attaquer à ces tares d’un autre âge pour que le pays entre définitivement dans la modernité.
Le Pérou un pays riche en ressources naturelles (mines, pêche, terres agricoles, forêt amazonienne), sises pour la plupart sur des terres communales, est devenu aujourd’hui « l’El Dorado » des entreprises multinationales. La corruption de dirigeants communaux par les entreprises est pratiquée à grande échelle. Des confrontations violentes entre les « comuneros » et les entreprises ont lieu régulièrement. Les premiers dénoncent les problèmes de pollution, de santé publique et les ambitions de monopole sur les ressources naturelles, terre et eau exercées par les entreprises. Cette nouvelle norme créera une forte instabilité sociale, ouvrant la porte aux divisions internes et conflits entre paysans.
Nous demandons donc au gouvernement d’Alan Garcia de :
Procéder à l’annulation du D.L 1015,
Veiller au respect des droits humains et sociaux et des libertés démocratiques des «Comunidades Campesinas», parmi les populations les plus vulnérables, et du peuple péruvien,
•Modifier profondément les politiques économiques et le modèle ultra libéral de développement en vigueur au Pérou, privilégiant l’investissement privé, incapable de concilier croissance économique et équité sociale, incompatible avec la lutte contre la pauvreté et un développement soutenable. Nous demandons par ailleurs au gouvernement d’assumer sa part de responsabilité dans les graves problèmes environnementaux de la planète.
Nous nous solidarisons avec la Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confédération Nationale des Communautés Affectées par les industries minières au Pérou (CONACAMI), Coordination Andine d’organisations Indigènes (CAOI), et les nombreux mouvements régionaux (Loreto, Madre de Dios,Puno, Cuzco, Apurimac, Anchash et autres qui se sont mobilisés et demandent l’abrogation immédiate de ce décret-loi).
Paris, le 8 juillet 2008
Contact : Helia Caceres - 01 41 13 67 76 / 06 01 96 82 83 projet@franceameriquelatine.fr et mondecolo@free.fr
Premiers signataires FAL, CCFD, CRID, France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand, Survival International (France), CDLP, Les Alternatifs, Association latino-américaine "TINKU", Coordination Populaire Colombienne à Paris (CPCP), CIALN, Le Cercle Bolivarien de Paris, CSIA-Nitassinan, UNIPOMA, MRAP, Terre et Liberté pour Arauco, Fondation Frantz Fanon, Edition Cultures Croisées, Union des Associations latino-américaines en France, Cercle d’Etude Jose Carlos Mariategui, Association des marchés paysans 34 France…
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SIGNEZ LA PÉTITION EN APPUI AVEC LE PEUPLE DE KITCISAKIK ET LEURS REVENDICATIONS
PÉTITION D’APPUI AU PROJET WANAKI DE LA COMMUNAUTÉ DE KITCISAKIK
Au Premier ministre du Canada, l’Honorable Stephen Harper et au Parlement du Canada ; au Premier ministre du Québec, l’Honorable Jean Charest et à l’Assemblée nationale du Québec.
Par la présente, nous citoyennes et citoyens québécois et canadiens souhaitons manifester notre appui au projet Wanaki de la communauté anicinape de Kitcisakik.
La communauté de Kitcisakik est une communauté de 450 habitants située dans la Réserve faunique La Vérendrye, dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Les Anicinapek (Algonquins) de Kitcisakik refusent les contraintes liées au système des réserves et se retrouvent donc sans statut légal. Ils sont en quelque sorte considérés comme des « squatteurs » sur leur territoire traditionnel. Ils n’ont pas accès aux services des gouvernements : ils ne bénéficient pas de logements adéquats et n’ont pas accès à l’eau courante ni à l’électricité. En outre, les enfants, à partir de la 2e année, doivent quitter la communauté du dimanche au vendredi soir pour avoir accès à l’école, ce qui a de graves impacts sur l’évolution des responsabilités parentales et les repères identitaires des enfants.
Depuis 2002, la communauté propose aux gouvernements un projet élaboré collectivement et visant à leur procurer de meilleures conditions de vie : le Projet Wanaki (« paix »). Avec ce projet, elle propose la prise en charge de la construction et de la cogestion d’un nouveau village entièrement conçu par la communauté, bâti sur les principes de la durabilité, de l’harmonie et de la valorisation de la culture anicinape. Cette initiative permettra à la communauté de prendre en main le développement de ses ressources et l’avenir de ses jeunes, qui forment 71 % de la population. Outre des habitations adaptées au climat et pourvues de services courants, le projet prévoit la construction d’une école procurant l’enseignement du cycle primaire en entier, ainsi que l’enseignement de la langue et de la culture anicinapes. Le projet Wanaki vise l’épanouissement ainsi que l’autonomie politique, culturelle, sociale et économique d’un peuple.
Malgré que le ministère canadien des Affaires indiennes ait proposé un protocole de partenariat en vue de la construction du nouveau village, que le gouvernement du Québec ait offert une terre publique pour sa construction, que la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscaminge lui ait donné son appui, des réponses concrètes de la part des gouvernements provincial et fédéral se font toujours attendre. Le projet Wanaki demeure irréalisé et les citoyens de Kitcisakik continuent à vivre dans des conditions inacceptables.
Nous demandons aux gouvernements de passer de la parole à l’action :
en entérinant une décision concrète et favorable au Projet Wanaki, pour que la communauté de Kitcisakik puisse débuter les travaux de construction de son village ; et
en leur fournissant les moyens nécessaires pour le faire.
En signant cette pétition, nous nous solidarisons avec les membres de la communauté de Kitcisakik et nous appuyons leur droit à se développer pleinement, dans le respect de leur culture.
Cliquez ici pour vous rendre au site de la pétition.
Cliquez ici pour plus d’information sur la communauté de Kitcisakik et sa lutte pour un village autochtone.
Version disponible en anglais uniquement
SUPPORT ABORIGINAL HUMAN RIGHTS
Protest Ontario Premier Dalton McGuinty
12pm. Thursday, May 8, 2008
Westin Ottawa Hotel (11 Colonel By, Just South of Rideau)
Join ACT for the Earth for a rally in solidarity with Robert Lovelace, the KI-6, and the Mohawk of the Bay of Quinte, during Premier McGuinty’s speech to the Ottawa Chamber of Commerce. Join us in calling on the Premier to put a stop to the persecution of Indigenous peoples for the sake of corporate greed!
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Free Robert Lovelace and the KI-6
Aboriginal people are experiencing increasing repression for peacefully protecting their land from mining and exploitation. Bob Lovelace and the KI-6 have been sentenced to 6 months in jail for peaceful protest in support of their constitutional rights. The KI-6 are six leaders from Kitchenuhmaykoosib Inninuwug who have been imprisoned for refusing to allow mining on their land.
Representatives from the Kitchenuhmaykoosib Inninuwug outlined the nature of the persecution their leadership is facing in a recent statement to the UN Permanent Forum on Indigenous Issues:
“We have mining proposed in our territory – we discussed this as a people and decided that now is not the time for this activity – our water is more important than industrial development. Our leadership supported this decision. Rather than honoring our leadership, the Ontario government has now jailed our Chief and the entire Council…
“They sit in jail now… This is the kind of tough situation Indigenous Peoples always find ourselves when we stand up for Land Title and Treaty Rights. How are we supposed to protect the sustainability of our land if our leadership is imprisoned when they try to do so?”
Bob Lovelace’s imprisonment comes after a long struggle to attempt to prevent uranium mining by Frontenac Ventures in Ardoch Algonquin First Nation (AAFN) territory.
Letters of support for Bob Lovelace can be mailed to:
Central East Correctional Centre
541 Hwy 36
Lindsay, Ontario K9V 4S6
Telephone (705) 328-6000
To sign the petition to free the KI-6 and contact Premier McGuinty, click here.
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Stop the Persecution in Tyendinaga and the Bay of Quinte
On April 25, media reported OPP (Ontario Provincial Police) officers aiming their guns at and arresting several unarmed people near Desoronto, Ontario by the Quinte quarry.
While police and media reports initially claimed that the native protesters were armed, this has been refuted. Similarly misleading reports were made about Dudley George allegedly carrying a rifle during the Ipperwash standoff, which was later proven to be nothing more than a tree branch.
Paul Barnsley of Windspeaker News, notes:
“Judge Hugh Fraser, who convicted OPP Acting-Sgt. Kenneth Deane of criminal negligence causing death, said Deane and other officers who testified during the trial “concocted” a story that Dudley George was armed and pointing the weapon at police officers when he was shot and killed by Deane during the Ipperwash occupation in 1995.”
Premier McGuinty has a responsibility to make sure history does not repeat itself with another Ipperwash. The solution is simple. Aboriginal peoples have a right to say no to mining in their communities. They should not be slandered, threatened, and treated as political prisoners for choosing to assert their basic human rights.
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Aboriginal People are not Insurgents
News recently leaked about the forthcoming Canadian Forces Counter-Insurgency Manual, that specifically targets Aboriginal peoples as military opponents. An early draft of the manual cites “ambush, deception and killing” as potential tactics that amy be used against the types of “insurgents” discussed. It is time to stop demonizing Aboriginal people and uphold their human rights.
« Luttes à ciel ouvert »
Parole Citoyenne : Reportage sur les mines maintenant en ligne sur le site de l’ONF
Produit par Maryse Boyce
Les compagnies extractives laissent dans leur sillage un territoire défiguré, et les compagnies canadiennes sont loin d’y faire exception. Portrait de la situation au Honduras avec Mary Durran de Développement & Paix. Aussi, un bilan des démarches entreprises par le gouvernement canadien pour règlementer les comportements de ses compagnies à l’étranger avec Charles-Eugène Bergeron et des luttes citoyennes qui s’organisent avec Marie-Dominik Langlois du CDHAL.
Écouter le reportage en ligne !
Durée : 5:04 minutes
Un article sur la lutte de la Communauté Anicinape de Kitcisakik à avoir son propre village autochtone est paru à la une du Devoir, édition du samedi 22 et du dimanche 23 mars 2008.
Le Projet Wanaki (« état de sérénité ») est l’espoire de cette communauté qui n’a jamais soumis au système de réserves et qui milite pour garder sa mode de vie traditionelle et son droit à l’autodétermination locale.
Projet de société Algonquin
Les Algonquins de Kitcisakik attendent le feu vert du fédéral pour lancer leur ambitieux projet de village
Par Isabelle Porter
Considérée comme le Tiers-Monde du Québec, la communauté algonquine de Kitcisakik, en Abitibi, pourrait devenir un modèle d’émancipation autochtone si son projet de village voyait le jour. Reste à savoir si le gouvernement Harper osera se compromettre dans ce dossier délicat.
Cliquez ici pour lire l’article en complet
La communauté de Kitcisakik est partenaire du CDHAL et a participé à la Caravane solidaire III. Nous continuons à l’appuyer dans sa lutte pour son village rêvé.
Trois articles sur l’investissement minier canadien en Amérique latine et en Afrique sont parus dans Le Devoir, édition du samedi 19 et du dimanche 20 janvier 2008
Cela signale une intensification des regards critiques, de la part des ONGs et des regroupements citoyens québécois, sur les activités des entreprises minières canadiennes à l’étranger - parmi ceux-ci la Caravane solidaire III du CDHAL en novembre 2007.
Le Klodike latino-américain par le journaliste Guy Taillefer est issu d’une entrevue tenue durant la Caravane solidaire III avec les deux invitées péruviennes. L’invitée Marina Herrera Facundo est citée, ainsi que les consultations populaires de Huancabamba (Piura) et Tambogrande.
Lisez les articles :
Un bon gars, le Canada ?
par Guy Taillefer
Pérou: des peintures millénaires menacées
par Isabelle Paré
Le Klondike latino-américain
par Guy Taillefer
